Ex fiscal Manuel Guerra y estado de emergencia: “Limitarlo a rutas es una solución parcial, por no decir de parche”

El ex fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, dice sobre el estado de emergencia que anunció Izkia Siches que “es bueno que el Gobierno lo entienda, pero la forma ya viene con letra chica”.

-El gobierno finalmente optó por una medida que antes había criticado ampliamente: el estado de emergencia. Sin embargo, la limitó a las rutas. ¿Te parece correcto?

-Es bastante especial, debido a que normalmente el estado de emergencia es para que se aplique en una zona geográfica. Y acá se aplicará al parecer solamente a las rutas de las provincias de Arauco, Biobío y de la región de La Araucanía.

-¿Qué efectos tiene esta limitación?

-Al decretar vigilancia solo en las rutas no queda claro si van a ser las carreteras principales o también los caminos interiores. Una duda es: qué pasa si algunos sujetos están cometiendo delitos en un sector de un camino, pero luego arrancan o se desplazan a través de predios agrícolas, que ya están fuera del control de rutas.  ¿Qué significa eso? ¿Va a haber carabineros junto con el ejército? Creo que hubiese sido mucho más sencillo y simple determinar zonas geográficas, para que se aplicase el estado de emergencia. Eso la facilitaría el trabajo a las fuerzas armadas.

-¿Qué facultades tendrán las FFAA en las rutas?

-Las facultades tendrán que venir en el decreto supremo que dicte el presidente de la República, con el cual ordena este estado que tiene una duración de 15 días, prorrogables por otros 15 por su propia voluntad y ya luego para extenderlo tiene que ser con aprobación del Congreso.

-¿Este estado de emergencia es una rareza?

-Llama la atención la forma como lo plantean. No es la forma tradicional. A la larga pareciera ser que al no haber consenso respecto de crear una situación intermedia, como había planteado  el gobierno, optaron por recurrir a un instrumento que señala la Constitución. Lo cual me parece bien. El tema es la forma, porque lo que se busca es evitar que ocurran delitos y si ocurren poder capturar a los responsables e incautar armas o elementos explosivos, y no estoy seguro que esta sea la mejor opción. Va a tener que delimitarse bien a qué lugares se extienden y cuáles son las facultades concretamente que le da el Presidente.

-¿Crees que fue una petición o presión del PC?

-Probablemente. Me imagino que tiene que haber habido una tensión política dentro de las fuerzas de gobierno, porque en general son contrarias a la aplicación de este tipo de medidas. Y particularmente el PC lo ha hecho presente en más de una oportunidad. Si uno observa detenidamente, con esto se quiebra el paradigma que se había asentado en el propio gobierno, que no quería ver estados de excepción en la zona.

-Izkia Siches llegó prometiendo diálogo. ¿Ya no es posible?

-Lo que iba a privilegiar únicamente como mecanismo de solución política era el diálogo  con aquellos que pudiesen haber estado participando de hechos violentos. Se convenció el gobierno que esa alternativa no es viable al día de hoy. Hay que recurrir a los instrumentos que permite la Constitución y la ley; eso es bueno que ocurra y que el Gobierno lo entienda, pero la forma ya viene con letra chica o con condicionantes, que no son los más adecuados. Era mucho más sencillo aplicarlo en una zona geográfica determinada.

-¿Quizás las rutas son claves para detener el flujo de los grupos extremistas?

-Son importantes, en los caminos han ocurrido daños a la infraestructura. Pero hay lesionados y fallecidos, que no son de los caminos. Es una solución parcial, por no decir de parche, porque no ataca el problema en su  conjunto. Una vez más hay un atavismo de carácter ideológico de ciertos sectores del gobierno, que parece que son los suficientemente fuertes para condicionar la forma en que aplica la medida.

-En otra arista del conflicto, el gobierno dijo que se iba a querellar contra Héctor Llaitul, líder de la CAM, quien llamó a la resistencia armada el 11 de mayo. ¿Ha tardado en concretar la acción legal?

-El gobierno debió haberse querellado de inmediato en contra de Llaitul, porque para ese tipo de efectos tenemos la ley de seguridad interior del Estado, que dentro de sus normas sanciona a los que inciten a la subversión del orden público o a la resistencia al gobierno constituido

-¿Cuál es la pena?

-De tres años y un día a cinco años. Por el solo llamamiento. Llaitul tiene antecedentes previos por delitos graves: cualquier pena que le apliquen tendría que hacerla con cumplimiento efectivo. Es una ley que se promulgó el 6 de agosto de 1958, al final del gobierno de Ibáñez. Y ha sido modificada en 1975, 1991 y 2021.

-¿Por qué crees que se ha demorado el gobierno en presentar esta acción legal?

-Claramente el gobierno tiene un tema con la aplicación de este tipo de normas. Recordemos que cuando eran parlamentarios varios de los que hoy integran el gobierno eran partidarios de la derogación de la ley de seguridad interior del Estado. De la cual se hizo aplicación con ocasión del estallido respecto a algunas personas.

Ahora, estando en el gobierno, parece que se dan cuenta que en ocasiones muy excepcionales es necesario contar con este tipo de normas, para poder hacerle frente a conductas derechamente graves como las que alienta Llaitul.

-¿Alrededor de Llaitul hay una especie de protección o mitología?

-Desconozco el motivo, pero tengo la impresión de que todavía en la izquierda algunos le dan el concepto de luchador social. Pero Llaitul es condenado por delitos como un homicidio frustrado en contra de un fiscal del ministerio Público. Estamos hablando de alguien que ha estado metido en hechos graves.

-¿Lo defines como terrorista?

-Más que terrorista, es delincuente. No me corresponde decir si es terrorista o no. Es una persona que ha cometido sucesivamente delitos y cae en la categoría de la delincuencia.

-¿En qué zona está y cuánto podría demorar localizarlo?

-Entiendo que en la zona de Arauco y Malleco. El proceso es demoroso. Sin querella del Ministerio del Interior no se pueden investigar delitos contra la seguridad interior del Estado. Existiendo la querella, siendo admitida a tramitación, será enviada al Ministerio Público, que designa un fiscal para que investigue y ver si se reúnen o no los requisitos.

-¿Te parece que hay un delito fundado?

-Personalmente yo creo que sí, a priori. Las expresiones de Llaitul son graves, constituyen una amenaza al orden público y al poder constituido del Estado, de una manera desafiante y derechamente incitando a una resistencia armada, por el solo hecho de que se aplique la ley en un territorio que forma parte de Chile.

-¿Habías visto un nivel de violencia como el actual en la zona?

-Una situación tan generalizada, de descontrol y de expansión territorial como la de hoy, no se había visto. Antiguamente el conflicto se circunscribía a la provincia de Malleco. Luego se empezó a extender a Cautín, llegó a la región de Los Ríos y hoy día incluso también en la región del Biobío, en la provincia de Arauco, con Cañete, Tirúa, donde de verdad es difícil afirmar que exista el estado de Derecho en esos lugares.

-¿El gobierno no tiene un plan claro en La Araucanía?

-El gobierno está perdiendo tiempo estudiando si crea una figura distinta, como estado intermedio. Lo único que hace es perder tiempo. La situación es de tal gravedad que amerita actuar con mayor decisión, y que se respalde a las fuerzas de orden. No se puede tolerar que Llaitul pretenda estar por encima de la ley.

-La ministra de Desarrollo Social señaló que había presos políticos, aunque luego se desdijo.

-Ella está absolutamente equivocada. No hay ningún preso político en Chile. Eso es un debate añejo. La gente que cayó presa en el estallido social cometió delitos comunes. No hay personas sancionadas por su manera de pensar. En Chile no hay presos políticos ni por el estallido ni por el conflicto mapuche. Es una mirada sobre ideologizada que al día de hoy hasta en el propio gobierno la están dejando de lado.