La semana pasada se celebró mundialmente el día del lanzador de alerta o denunciante. Con él se buscar promover la toma de conciencia sobre la importancia de crear canales para recibir denuncias de mal comportamiento que puedan ayudar a las organizaciones a prevenir, mitigar o corregir tempranamente situaciones que de otra forma podrían estar causando daño por mucho tiempo más.
En Chile, los canales de denuncia se han ido adoptando por muchas organizaciones pues la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, los incluyó expresamente entre los elementos que forman parte de un modelo de prevención de delitos (ver artículo 4º No. 3 letra d). En algunos casos esa adopción es más bien formal, por cumplir, pero en muchos otros es un genuino intento por escuchar con la intención de actuar correctamente.
La diferencia pasa, principalmente, por la garantías que el canal ofrece al denunciante (anonimato, confidencialidad, no represalias) y la seriedad con que se gestionan las investigaciones y sanciones que de esas denuncias puedan generarse. Recopilaciones de buenas prácticas al respecto hay muchas, internacionales y nacionales, en Europa se adoptó una Directiva para proteger a los denunciantes y existe una norma ISO al respecto. También hay proveedores que ofrecen sistemas ya diseñados y probados de canales externamente administrados. Por eso, no se trata de inventar la rueda, sino más bien de un asunto de compromiso.
Y el compromiso es necesario, porque no siempre es fácil hacer frente a los hechos que se denuncias o el rol de las personas denunciadas en ellos. No es sencillo investigarlas manteniendo las garantías necesarias y siendo consistente en el tiempo, sin hacer excepciones que hagan perder la credibilidad al sistema. A veces lo que se descubre es un problema de cultura, que va a requerir de mucho esfuerzo cambiar. Pero en todos los casos, salvo las denuncias hechas de mala fe (que son muy pocas), la organización sale fortalecida y con una oportunidad de mejora en frente.
En promedio, algunos estudios muestran que las empresas con sistemas de cumplimiento maduros reciben una denuncia al año por cada 100 colaboradores. Un número menor no debe ser interpretado como evidencia que todo funciona muy bien en la organización, tal vez es simplemente que no hay confianza en el canal o en las investigaciones internas. Los canales que admiten denuncias anónimas y los que son administrados externamente son los más confiables para los denunciantes, que se sienten más cómodos de cooperar con la investigación de ese modo, sin arriesgarse a ser objeto de represalias por el denunciado u otros dentro de la organización.
A nivel internacional los canales de denuncia se han vuelto una necesidad, más que un requerimiento que cumplir. Hay una expectativa, especialmente entre los colaboradores más jóvenes, que existan mecanismos funcionales de denuncia, y suelen ser esos mismos jóvenes los que más utilizan los mecanismos, especialmente después de los años de teletrabajo durante la pandemia. Al hacerlo, ayudan a sus organizaciones a evitar hacer daños, cuidar su reputación y reducir pérdidas financieras. Se estima que las pérdidas por fraude caen a la mitad en las empresas con canales funcionales, porque los casos se detectan antes y la existencia del canal tiene un efecto disuasorio.
Pero para obtener los beneficios hay que comprometerse, con las garantías al denunciante y al proceso ya mencionadas, pero también con la difusión y capacitación. Los líderes deben invitar al uso del canal (que no tiene por qué reemplazar la posibilidad de presentar las denuncias al superior jerárquico o al área de cumplimiento), y promover una cultura de integridad en que se espere que cada cual haga lo correcto, y alerte cuando vea que se está actuando, o se podría estar actuando, de mala forma. El denunciante no necesariamente debe saber si lo que ocurre es un incumplimiento, basta que alerte de la situación que le genera dudas. No le corresponde investigar por su cuenta, no es su rol ni tiene la capacitación necesaria, por lo que con alertar ya ha hecho su trabajo y habrá un equipo especializado a cargo de darle seguimiento al caso.
Si el sistema funciona bien, se detectarán las conductas inadecuadas a tiempo, se corregirán los errores o vacíos que permitieron que ocurriera y se resguardarán los intereses de la empresa y sus grupos de interés. Y lo mejor de todo, es que no es un mecanismo que requiera una inversión millonaria y durante su funcionamiento ayudará a fortalecer la cultura ética y de cumplimiento de la organización.
Publicaciones relacionadas
En una nueva edición del podcast After Office Investing, Catalina Edwards analiza junto a Cristián Araya, gerente estrategia de Sartor Finance Group, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, de mantener la tasa de interés de referencia.
La enmienda republicana sobre contribuciones toca un punto bien sensible que vale la pena analizar con más detención, esto es, si efectivamente hay una justificación para cobrar el impuesto territorial, más allá del interés recaudatorio por parte de las municipales.
En un nuevo capítulo de After Office Mercados Globales, Catalina Edwards conversa con el economista senior de Bci Estudios, Felipe Ruiz, sobre Estados Unidos y la decisión de mantener las tasas de la Reserva Federal, y el alza del precio del petróleo.
El IVA representa en promedio el 20,2% de la recaudación en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que en Chile la cifra se empina al 41,1%, según el Consumption Tax Trends de la OCDE.
La mayor empresas petrolera del mundo en términos de producción y reservas de petróleo, Saudi Arabian Oil Company (Aramco) ingresó a Chile tras comprar Esmax Distribución, la sociedad que opera la licencia de Petrobras en Chile. La operación, que está sujeta a la autorización de la Fiscalía Nacional Económica, es la primera incursión de la […]
