Crimen organizado: Hay que responder con toda la fuerza del Estado. Por Sergio Muñoz Riveros

¿Podría producirse en Chile una situación crítica como la de Ecuador? ¡Pero, si ya se produjo en 2019! ¿Es que alguien, a estas alturas, duda de que entonces el país experimentó en carne propia el inmenso poder destructivo del crimen organizado? ¿Quién puede aceptar todavía la versión “social” de lo ocurrido si los propios indultos presidenciales y las pensiones de gracia han revelado qué tipo de gente llevó la iniciativa callejera en los días del estallido antisocial?

Los graves acontecimientos de Ecuador, que han llevado al gobierno de ese país a declarar el estado de “conflicto armado interno” y a aceptar la ayuda militar de EE.UU., deben ser considerados como una advertencia definitiva para nuestro país respecto no solo de lo que puede ocurrir si las cárceles son capturadas por los delincuentes, sino de la capacidad del crimen organizado para desafiar al Estado y provocar la degradación institucional.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que la realidad de Chile no es la misma que la de Ecuador, pues “tenemos control de lo que pasa en las cárceles”. Por su lado, el ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró a una radio que “nosotros estamos muy distantes de lo que ha estado sucediendo ahí en términos de régimen institucional”. Dijo que Ecuador ha abordado sus crisis de seguridad “rigidizando el código penal, sin preocuparse de las condiciones carcelarias”. La sobrepoblación, apuntó, favorece el reclutamiento del crimen organizado. Y sobre las cárceles chilenas, fue enfático: “Yo, lo primero que descartaría, es una hipótesis de riesgo”.

Sería mejor que el ministro Cordero no descarte nada. Es obvio que cada país tiene una realidad específica, pero el gobierno necesita examinar sin autocomplacencia nuestra propia situación. La cuestión carcelaria es solo una parte de un problema mayor, que es la expansión del crimen organizado por encima de las fronteras. A la luz del inquietante avance de la criminalidad en Chile, ninguna hipótesis de riesgo debe descartarse.

Está a la vista el retroceso nacional en el terreno de la seguridad pública. Allí están para probarlo los asesinatos por encargo, las balaceras entre bandas, los secuestros, los asaltos a plena luz del día, etc. Nadie duda de que muchos delincuentes avezados de Colombia, Venezuela y otros países aprovecharon las “ventajas comparativas” que ofrecía nuestro país. Sobran, pues, las razones para que mucha gente sienta verdadera angustia por la situación de inseguridad y desprotección que se vive en numerosos lugares. La desgracia añadida es que el gobierno de Boric se ha demorado en entenderlo.

No tenemos cárceles tomadas en Chile, pero en una extensa zona del territorio nacional, la macrozona sur, el Estado está desafiado en el plano de la fuerza. El terrorismo y el bandolerismo han debilitado gravemente la legalidad, lo que ha obligado a desplegar fuerzas militares en el marco del estado de emergencia. Sin embargo, es indispensable llevar adelante un plan orientado a desarticular a los grupos armados. Hay que poner fin a la pesadilla en que vive la gente de la Araucanía y las demás regiones afectadas. Cuando Boric era diputado, en 2016, visitó Temucuicui y declaró que era “territorio liberado”. Confiemos en que ya no crea eso.

¿Podría producirse en Chile una situación crítica como la de Ecuador? ¡Pero, si ya se produjo en 2019! ¿Es que alguien, a estas alturas, duda de que entonces el país experimentó en carne propia el inmenso poder destructivo del crimen organizado? ¿Quién puede aceptar todavía la versión “social” de lo ocurrido si los propios indultos presidenciales y las pensiones de gracia han revelado qué tipo de gente llevó la iniciativa callejera en los días del estallido antisocial?

No fueron manifestantes comunes los que atacaron comisarías y unidades militares, llevaron a cabo un sabotaje “profesional” del Metro, quemaron iglesias y promovieron la destrucción y el pillaje por doquier. Tal devastación no se explica sin la asociación entre el lumpen y el golpismo de izquierda, y su objetivo fue empujar al país al caos y al quiebre institucional. Nadie espera que el Frente Amplio y el PC lo reconozcan.

La mayor amenaza para la seguridad del Estado y la convivencia en libertad viene hoy desde un enemigo que funciona como empresa transnacional, y que maneja gigantescos recursos que le permiten corromper jueces y policías, y hasta influir directamente en la política, como lo demuestra la experiencia de México.

Hay que defender a Chile ahora. Si los poderes del Estado no enfrentan esta amenaza con decisión, las consecuencias pueden ser devastadoras. Nos encontramos en un punto en el que se requiere mucho más que una ley por ahí o una querella por allá. ¿Cuán cerca estamos de que las organizaciones mafiosas penetren y corrompan nuestras instituciones? ¿Quizás, ya está ocurriendo?

La experiencia de 2019 dejó una enseñanza elemental: las cosas pueden descomponerse rápidamente. El país corre riesgos de gran envergadura, y la capacidad del Estado para enfrentarlos no puede estar trabada o en suspenso porque en el bloque gobernante hay quienes siguen pensando, como hace 4 años, que “el enemigo” es Carabineros o las FF.AA. La inmensa mayoría de los chilenos piensa muy distinto. De la seguridad pública depende la vida en libertad y las posibilidades de progreso, y ello exige poner en tensión toda la fuerza del Estado.

Lea también. Iván Poduje: “Las cifras de homicidios por cada 100 mil habitantes subieron un 50% desde el estallido”