Iván Poduje: “Las cifras de homicidios por cada 100 mil habitantes subieron un 50% desde el estallido”

Marcelo Soto

El arquitecto Iván Poduje ha escrito dos libros, Siete Kabezas y Chile Tomado, que abordan el deterioro urbano y el avance del crimen organizado, entre otros temas. Ha recorrido campamentos y parques convertidos en barriales, observando dos países: uno que funciona y otro fuera del control del Estado. “En este problema, la indolencia y desconexión de nuestras elites capitalinas ha sido fatal”, señala.


 -¿Por qué dices que hay una pandemia de homicidios?

-Porque las cifras de homicidios por cada 100 mil habitantes subieron un 50% desde el estallido, y en algunas ciudades como Arica, Valparaíso o Santiago Centro duplican el promedio nacional. Además, tenemos un crecimiento explosivo de los homicidios sin imputado conocido, lo que habla de crímenes por encargo o ajustes de cuentas. Los datos son concluyentes. Esto no es sensación ni temor inducido por medios. Es una pandemia real.

-¿A que se debe que Arica  tenga una de las tasas más altas de asesinatos, comparable a la de países infiltrados por el narcotráfico?

-Existe una relación directa entre las altas tasas de homicidios y el crecimiento de población extranjera, sobre todo en la frontera norte, ya que cualquier porcentaje de ingresos irregulares con antecedentes criminales, por pequeño que sea, puede ser un ejército para una capital regional o una comuna urbana.

Dado el alto porcentaje de presos extranjeros sobre la población penal del norte, podemos concluir que la fracción de personas con patrones criminales que llega o se queda en Arica, Alto Hospicio o Antofagasta, es mayor a la que finalmente termina en Santiago o el sur del país.

-El funeral del líder narco “El Ñajo”, obligó al cierre de 14 colegios en Valparaíso. ¿Hay una crisis de autoridad para combatir el crimen organizado que se incrusta en algunas comunas?

-Hay una crisis severa de control del Estado de Derecho en zonas urbanas vulnerables. Los municipios no tienen atribuciones relevantes para combatir delitos y el gobierno nacional está completamente sobrepasado. Las dotaciones policiales son insuficientes, no tienen equipamiento adecuado y el Estado tiene muchos servicios públicos abandonados en los barrios tomados por el narco.

Esto permite que las bandas se asienten y aumenten su área de mercado geográfica, con demostraciones de fuerza cada vez más violentas e impunes. Eso son los funerales narcos, pero también los fuegos artificiales o el bautizo de armas nuevas con disparos al aire, que luego aterrizan en las casas de vecinos que son víctimas de estos delincuentes.

-¿Barrios como Yungay, donde vive el Presidente, se han vuelto hostiles porque allí se han afincado bandas criminales extranjeras?

-Efectivamente. En 2023 se reportaron 80 casas tomadas por estas bandas para arriendo ilegal, bodegaje de comercio ambulante o almacenamiento de droga. Y esto ocurre en calles centrales como Rosas, Rafael Sotomayor o Chacabuco. Los homicidios se explican por disputas entre estas bandas o sistemas extorsivos que aplican sobre sus víctimas que no pagan arriendos o préstamos.

-Propones crear tres bases militares. ¿En qué zonas y cómo funcionarían?

-Militarizar el conflicto con el crimen organizado ha sido un fracaso en México, Colombia o Brasil. Por eso no propongo poner militares a combatir narcos. La función de las bases es recuperar el territorio cedido por el Estado para hacer más efectivo el control de las fronteras. Por disuasión y detención, más que por enfrentamiento.

Necesitamos una base en Chacalluta y otra en Colchane, que además de tener dependencias para el personal, refuerzo de aduanas, control de drones y equipamientos, cuenten con recintos para recibir a migrantes ilegales antes de su deportación, evitando que lleguen a las ciudades, agravando el problema de informalidad urbana y crimen.

La tercera base propuesta está en Quidico y es fundamental para recuperar el control del borde costero en el Golfo de Arauco, ante las sospechas fundadas de que es usado como puerto informal para meter y sacar drogas y armas en la Macrozona Sur, que es lo que explicaría el despeje de rutas con atentados, o ataques incendiarios a casas para intimidar o expulsar a vecinos.

-Otra de tus propuestas es la creación de tres cárceles para el crimen organizado. ¿Actualmente las cárceles son centros de captación de soldados para el narco?

-Efectivamente. Para evitar que el crimen organizado se expanda necesitamos controlar las cárceles, y ello implica tener penales diferenciados por tipo de reo, evitando que los más peligrosos –como capos del narco- recluten a los otros y amplíen su poder. Por eso necesitamos una cárcel de alta seguridad destinada solo a líderes del narcotráfico y crimen organizado, con régimen duro de aislación. Otra destinada a primerizos, incluyendo prisiones preventivas y una tercera para bajar el hacinamiento crítico de reos comunes. Estas obras son urgentes.

-Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad, vive una grave crisis de inseguridad. ¿Cuáles son las causas y qué responsabilidad tiene el alcalde Sharp?

-Las ciudades tienen tres fases de contagio criminal. Parten periferias segregadas, luego se mueven a sectores de clase media y terminan controlando los centros. En Valparaíso ya ocurren las tres cosas, como en Arica o Santiago, pero con el agravante de la pobreza y el desempleo de la ciudad puerto, que generan demanda para el comercio informal o el tráfico de drogas.

Este fenómeno se acelera luego del estallido y la pandemia, que fueron usadas políticamente por alcaldes como Sharp, para debilitar el control del Estado, lo que fue aprovechado por las bandas. Además de minimizar el peligro del comercio informal, que fue el mismo rol de Irací Hassler.

-Una amenaza es que el crimen organizado aumente su presencia en los puertos. ¿Qué tan grave es esta situación?

-No sabemos qué tan grave es, pero todos los expertos con que hablé, me dicen que los puertos chilenos son la presa preferida de las bandas y los carteles extranjeros. La razón es bien práctica y 100% comercial. Chile aún es percibido como un país seguro y poco contaminado por el crimen organizado en Europa, Estados Unidos o el Asia Pacífico. Por lo tanto, el control de la carga que viene de nuestro país es menor, y eso es aprovechado por los carteles para meter más droga o armas en sus contenedores, con menor riesgo de perderla por requisamientos.

-¿Lo que está ocurriendo en Ecuador es una advertencia de lo que puede pasar?

-Es una advertencia para toda la región, especialmente por el componente puerto (Guayaquil) y prisiones, que como dije, son los motores de expansión del crimen organizado, y donde nosotros tenemos amenazas evidentes.

Pero hay diferencias con Ecuador que conviene puntualizar. En ese país, las pandillas son parte de la cultura urbana hace años y, por lo mismo, hay poca acción de grupos internacionales, que es el problema que tenemos en Chile.

-¿Cómo calificas la gestión del Presidente Boric en seguridad y orden público?

-Sobre la gestión del Presidente Boric puedo decir dos cosas. Creo que está pagando un costo de un problema que él inició, con su coalición, al debilitar la capacidad del Estado de defender a su población, vetando leyes, o cuestionando institucionalmente a Carabineros.

Pero sería incorrecto cargarle a él todo el muerto. Nuestras periferias y capitales regionales han sido abandonadas hace más de 10 años. La segregación urbana le ha entregado miles de niños y jóvenes a las bandas y ha creado ciudades invisibles donde estos grupos pueden moverse en completa impunidad. En este problema, la indolencia y desconexión de nuestras elites capitalinas ha sido fatal.

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