Es urgente que nuestros políticos se pongan los pantalones y hagan lo que es correcto pero impopular: elevar la edad de jubilación, sobre todo la de las mujeres. Adicionalmente, deberíamos ajustar automáticamente este umbral, en función de cambios en la expectativa de vida.
Hoy, en cadena nacional el Presidente Boric anunciará (finalmente) la reforma previsional de su gobierno. Mejorar las pensiones es un tema urgente, que después de dos intentos fallidos no puede seguir postergándose. Apremia, entonces, tener una discusión abierta y honesta, sin atrincheramientos ni dogmatismos. Ojalá basada en evidencia y con todos los números sobre la mesa. A continuación, ilustraré cinco desafíos que la reforma debiera abordar y que podrían servir de base para guiar la discusión que viene:
- La población de Chile envejece a pasos agigantados: si hoy 1 de cada 10 chilenos es adulto mayor, al 2080 esta proporción aumentará a 1 de cada 3. Según la OCDE, seremos el octavo país más longevo del mundo. Si la reforma ignora estos datos, nos haremos trampa en el solitario. Así, lo primero es no avanzar hacia esquemas de reparto —trabajadores actuales financian a jubilados actuales— por la simple razón de que la proporción de trabajadores sobre jubilados disminuirá año tras año. No es ideología ni tozudez. Es aritmética pura. Junto con esto, es injusto con las generaciones futuras de trabajadores, ya que deberán soportar una mayor carga para mantener el mismo nivel de pensiones. Segundo, es urgente que nuestros políticos se pongan los pantalones y hagan lo que es correcto pero impopular: elevar la edad de jubilación, sobre todo la de las mujeres. Adicionalmente, deberíamos ajustar automáticamente este umbral, en función de cambios en la expectativa de vida. Países como Dinamarca, Finlandia, Grecia, Italia, Holanda y Portugal ya lo están haciendo.
- Las cotizaciones imponen una fuerte carga a la clase media: los trabajadores chilenos que ganan menos de $1,5 millones brutos aportan cerca del 51% de las cotizaciones recaudadas. Por lo tanto, no parece muy justo que ellos se lleven la carga de financiar la solidaridad del sistema previsional, cuando podría financiarse con rentas generales de la nación, a las que aportamos la inmensa mayoría de los chilenos. La PGU es un avance en esta materia y debería erguirse como el principal instrumento de solidaridad del sistema. Dado que, al momento de jubilar las caídas en consumo son mayores en los deciles más bajos, es de esperar que los esfuerzos fiscales para aumentar el monto de la PGU se concentren en quienes tienen las pensiones más bajas.
- Se necesita más ahorro: primero, nuestra tasa de cotización (considerando comisiones y seguros) alcanza un 12,8% en comparación con el promedio OCDE de 18,2%. Segundo, al momento de jubilarse los chilenos acumulan pocos años de cotización. Según la Comisión Bravo (2016), de 10 trabajadores es como si tres cotizaran toda su vida y siete no lo hicieran nunca. Por lo tanto, junto con elevar (gradualmente) la tasa de cotización hay que pensar en maneras de capitalizar los ahorros más allá del mercado laboral. Desde Horizontal hemos propuesto cotizar desde el consumo, destinando el equivalente a un punto adicional de IVA a las cuentas de los afiliados (y repartirlo de manera equitativa entre todas las cuentas, lo que lo hace una política progresiva) y que el Estado deposite $1 millón en cuentas de ahorro individual a cada nacido vivo. Combinadas, ambas medidas podrían aumentar la pensión mensual de cada chileno en $215.000.
- Hay que atacar la informalidad laboral con decisión: relacionado al punto anterior, altas tasas de informalidad laboral nunca nos permitirán construir buenas pensiones. Aproximadamente 1 de cada 3 trabajadores en Chile es informal, pero esta relación es mucho mayor en rubros como la agricultura, turismo y construcción. Sería, por lo tanto, muy aconsejable que la discusión que se avecina sea acompañada de propuestas concretas para disminuir la informalidad laboral. Avanzar hacia un subsidio al trabajo formal o renta mínima garantizada apuntaría en la dirección correcta[1].
- El sistema no cuenta con legitimidad ciudadana: los chilenos muestran una amplia preferencia por destinar las cotizaciones a sus cuentas personales y por tener la posibilidad de elegir quién administra sus fondos (Cadem, 2 octubre de 2022). Pero, paradójicamente, desconfían de las AFP. Quizás porque estas últimas nunca han logrado comunicar efectivamente el rol que cumplen dentro de nuestro sistema de seguridad social. Licitar paquetes de cuentas a nuevos actores; crear una administradora estatal que compita en igualdad de condiciones;, o evaluar la licitación de la función de recaudación, pueden ser medidas que ayuden a relegitimar el sistema de cara al futuro.
Con una tasa de reemplazo (monto de la pensión dividido en ingresos previo al retiro) de apenas un 39%, los actuales y futuros jubilados no pueden seguir esperando. Hoy conoceremos la propuesta oficial del gobierno y desde mañana nuestra clase política tendrá una nueva oportunidad —la tercera en cinco años— de generar los acuerdos que habiliten las transformaciones sociales que el país tanto necesita. Churchill decía que era optimista porque no parecía razonable ser otra cosa. Ojalá la tercera sea la vencida.
[1] En Estados Unidos, el Earned Income Tax Credit (EITC) funciona como una transferencia monetaria a los hogares que presentan ingresos formales. El subsidio es creciente en el ingreso del trabajo formal hasta un monto A, luego es constante hasta un salario B y luego comienza a decrecer. Hay una extensa literatura que ha evaluado positivamente esta política publica en diversas dimensiones (Meyer y Rosembaum, 2001; Eissa y Liebman, 1996; Hotz y Scholz, 2006; Hoynes y Patel, 2018).
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