Avanza el proceso de participación ciudadana y sube el tono en la discusión sobre la paridad de salida

En paralelo al trabajo de las cuatro comisiones, la semana estuvo marcada por el apoyo a las iniciativas populares de norma, la realización de audiencias públicas, las eventuales indicaciones de la oposición que preocupan al oficialismo y las repercusiones del caso Democracia Viva al interior del Consejo Constitucional. Asimismo, el debate en torno a las normas de paridad tensionó a la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos.

Las claves de la semana

Participación ciudadana. El 23 de junio, la Secretaría de Participación Ciudadana informó que se recibieron 1.841 solicitudes de audiencias públicas y 1.292 iniciativas populares de norma (IPN). Hasta el 7 de julio hay plazo para apoyar diez de estas iniciativas (utilizando la Clave Única), pues el Consejo deberá discutir las que reúnan 10 mil firmas de cuatro regiones distintas.

• La IPN con más firmas es la moción “Con mi plata no” que plantea garantizar la propiedad, heredabilidad y derecho a elegir de los trabajadores sobre los ahorros previsionales. Le sigue la propuesta “Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno”, de la Corporación Vive Chile Rural. Desde el oficialismo asumen que la mayoría de las propuestas se identifican más con la oposición, por lo que han comenzado a identificar un número acotado para difundirlas y que alcancen las firmas requeridas. Desde el PC han resuelto apoyar las relativas al derecho a los cuidados y salud digna.
• 200 audiencias públicas serán ante las comisiones del Consejo y las restantes ante distintas universidades del país. Éstas comenzaron a llevarse a cabo ayer viernes y finalizan hoy.

Indicaciones de la oposición. Desde el oficialismo existe inquietud por algunas posturas de la oposición que lleven a que el texto final no logre representar a su sector, por eso destacan la necesidad de diálogo sin que ningún sector imponga la mayoría.

• A los expertos y consejeros oficialistas ha llamado la atención, entre otras materias, las manifestaciones de la oposición contrarias a la paridad de salida, la defensa a la necesidad de consagrar la libertad de elección en el sistema de salud, la idea de incorporar un capítulo especial dedicado a las FF.AA. y la intención de reponer la protección de la vida del que está por nacer.
• Por otra parte, en la oposición también existe inquietud por cuántos cambios introducir al proyecto para evitar que se reduzcan las posibilidades de que la propuesta sea aprobada. El plazo de ingreso de normas vence el 17 de julio.

Repercusiones del caso Democracia Viva. La oposición recordó que, durante el trabajo de la Comisión Experta, se discutió una enmienda -que fue rechazada- cuyo objeto era prevenir el abuso y la asignación discrecional de recursos a instituciones, presentada por Paz Anastasiadis (cupo DC), Jaime Arancibia (cupo RN), Carlos Frontaura (cupo Republicano), Katherine Martorell (RN) y Sebastián Soto (cupo Evópoli). También se recordó que en el texto de la Convención se propuso elevar los estándares sobre probidad.

• Las distintas bancadas del Consejo están de acuerdo con lo planteado por los expertos en el anteproyecto, pero hay consenso en que es mejorable. Así, el debate sobre probidad podría transformarse en el primer acuerdo transversal de los consejeros.

Pleno del Consejo Constitucional: El 30 de junio asistió al pleno el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, a exponer sobre el capítulo del Poder Judicial del anteproyecto. Expuso el ministro Leopoldo Llanos, quien destacó los elementos positivos de este proceso. Se refirió a la importancia de mantener la denominación de Poder Judicial, a su independencia e hizo sugerencias sobre aspectos que deberían modificarse en el texto.

Trabajo de las comisiones

Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Desde la semana pasada, los temas de subsidiariedad, Estado Social y paridad han sido debatidos en la Comisión. El 23 de junio, los profesores Gabriel Bocksang y José Luis Ceade la Pontificia Universidad Católica de Chile; Yanira Zúñiga de la Universidad Austral; y Salvador Millaleode la Universidad de Chile, expusieron e hicieron recomendaciones para mejorar el texto.

• Bocksang valoró, entre otras normas, la inclusión de disposiciones sobre dignidad, el bien común, solidaridad y la servicialidad del Estado, agregando que el reconocimiento de que Chile se organiza como un Estado Social y democrático de derechos es compatible con la subsidiariedad, pues el fin es proteger a las personas.
• Zúñiga se refirió a la necesidad de reforzar la paridad porque, a su juicio, refuerzan la democracia y la inclusión. Agregó que no necesariamente se debe constitucionalizarla.
• Cea valoró el capítulo sobre Fundamentos del Orden Constitucional e instó a acuerdos y avanzar respecto a la protección de la vida del que está por nacer, el derecho al trabajo y a huelga, y la certeza de la seguridad jurídica en todos sus ámbitos, entre otros puntos.
• Millaleo se enfocó en el principio de la interculturalidad y cómo se relaciona con los pueblos originarios. Resaltó la propuesta del anteproyecto, pero reforzó la necesidad de comprender que la interculturalidad es un principio de convivencia para el futuro a fin de proteger y cultivar a los pueblos originarios en las nuevas generaciones.

El 28 de junio expusieron las académicas Valentina Verbal, Julieta Suárez-Cao y Carmen Le Foulon, instancia en la que se produjo una gran discusión en torno a la paridad de salida. El anteproyecto establece una norma transitoria que señala que, dentro del año siguiente a la vigencia de la Constitución, será presentado un proyecto de ley que establezca un mecanismo de corrección en las elecciones de diputados y senadores, cuando algún sexo supere el sesenta por ciento.

• Verbal, historiadora, se manifestó contraria a la paridad de salida por estimarla una forma de escaños reservados y contrarios a la democracia liberal y al feminismo.
• Suárez-Cao, politóloga de la UC,expuso que los mecanismos de paridad de salida, sin ser ideales, logran corregir el problema de la participación de las mujeres en política.
• Le Foulon, investigadora del CEP, expuso que la sobrerrepresentación de un grupo es perjudicial para la calidad de la democracia, tanto por un problema de justicia como por el uso ineficiente de los talentos de la sociedad. Remarcó las consecuencias de la paridad en los incentivos para los partidos a nominar mujeres. Con todo, afirmó que tendría más sentido dejar esta materia al legislador.
• Los republicanos Carlos Solar, Patricia Spoerer y Ricardo Ortega se manifestaron contrarios a las normas sobre paridad.

Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. Durante la sesión del 27 de junio, el análisis estuvo centrado en la realización de las elecciones parlamentarias en paralelo a la segunda vuelta presidencial y la disminución del número de partidos. Asistieron el académico Arturo Fontaine; la encuestadora y economista Marta Lagos; y el analista político e investigador de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares.

• Fontaine señaló que, para mejorar la gobernabilidad, lo más importante es la simultaneidad de la elección presidencial y las parlamentarias. Por otra parte, argumentó que el sistema actual, en el que conviven más de veinte partidos, incentiva la fragmentación y la proliferación de candidatos presidenciales, lo que propicia la ingobernabilidad, fomenta el desorden y desvaloriza la democracia. Por esto, recomendó disminuir el número de “parlamentarios por distrito de ocho a seis o cuatro, como sucede en países de Europa donde hay menos de 10 colectividades”.
• Marta Lagos compartió la necesidad de regular a los partidos políticos y limitar su número señalando que “la pluralidad no consiste en la representación de todas las minorías, sino de las que son capaces de expresarse”.
• Olivares destacó que lo más importante es que un sistema de partidos esté institucionalizado, agregando que hay que avanzar con el voto obligatorio y la disciplina partidaria con sanciones, recogido en el anteproyecto. Es contrario a disminuir el número de parlamentarios, porque estima que se corre el riesgo de perder el pluralismo político.

También hubo una sesión donde se trató sobre la modernización del Estado. El representante del laboratorio de políticas públicas Pivotes, Rafael Palacios, señaló que el trabajo del Consejo Constitucional es una oportunidad para hacer al Estado más eficiente y al servicio de las personas. En la misma sesión expusieron el abogado Hernán Larraín Matte; el excomandante en jefe de la Armada, Edmundo González, y el ex presidente del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen.

Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Se debatieron las normas del Ministerio Público, en el que el anteproyecto incorpora cambios al ejercicio de la acción penal pública, al nombramiento de los fiscales regionales y adjuntos, y habilita la creación de otros órganos, como las fiscalías supraterritoriales, que podrán ser creadas por el fiscal nacional para perseguir el crimen más allá del fraccionamiento regional.

• En la sesión del 23 de junio, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, expuso los desafíos en materia de crimen organizado que justifican la existencia de una o más Fiscalías Supraterritoriales. También destacó como un elemento positivo la creación del Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.
• A la sesión del 27 de junio asistió el académico Mauricio Duce, magíster en ciencias jurídicas de la Universidad de Standford y profesor de derecho en la UDP, quien, al referirse a la propuesta del Consejo Consultivo del Ministerio Público, señaló que comparte la idea de su creación, pero discrepa del modelo contenido en el texto. Por otra parte, la consejera Lorena Gallardo (Ind. RN) se expresó a favor del Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, exponiendo sobre la situación de indefensión que viven las víctimas de delitos.
• A la sesión del 28 de junio asistió la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, para analizar las normas respectivas y el 29 asistió el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para exponer sobre la regulación de la Contraloría.

Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. El 27 de junio asistieron Raúl Figueroa, ex ministro de Educación y director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas; Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar; y Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación y gerenta de Desarrollo Humano de Fundación Chile.

• Figueroa hizo un diagnóstico sobre el sistema educativo, señalando que la libertad de enseñanza es un complemento necesario para asegurar el derecho a la educación y destacó la diversidad en la provisión del servicio educacional, donde existe participación del Estado y de particulares. En ese sentido, señaló que existe una oportunidad para incorporar a nivel constitucional la libertad de elección entre diversos establecimientos y asegurar el financiamiento público a proyectos educativos distintos a los que gestiona el Estado.
• Rodríguez identificó a la calidad e inclusión como los principales problemas del sistema educacional, instando a enfocarse en estos aspectos básicos y a no llenar de principios el texto constitucional. Agregó que las regulaciones incorporadas recientemente no han demostrado traer mejores resultados.
• Quiroga expuso que el sistema educacional chileno ha logrado grandes avances en cobertura, aunque hay territorios y segmentos donde aún es un desafío. Enfatizó en que el sistema educativo debe romper con la desigualdad. Consultada sobre la gratuidad en la educación superior, se mostró partidaria de ésta en las instituciones públicas, señalando que el financiamiento debiera definirse mediante políticas públicas.

La sesión del 28 de junio estuvo enfocada en el sistema de salud. Una de las invitadas fue la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien insistió en que la Constitución debe resguardar no sólo la oportunidad de elegir el prestador, sino que también la forma de financiamiento del sistema y que el legislador defina cómo se protege el derecho de libertad de elección. También participó el médico director de Salud de la Municipalidad de La Pintana, Julio Sarmiento, quien afirmó que, entre otras cosas, el sistema de isapres ha demostrado ser ineficiente y que este proceso es una posibilidad de superar el Estado subsidiario.

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