En el contexto de la evaluación de desempeño (al menos en el sector privado), si nuestro desempeño ha sido observado por el evaluador como “excepcional” u “óptimo” y si las cosas van económicamente bien en la compañía, quiere decir que existen “ingredientes” razonables para solicitar un incremento salarial.
Es decir, son afirmativas las respuestas a preguntas como ¿Fuimos capaces de completar nuestras tareas de manera eficiente y con altos estándares de calidad? ¿Logramos generar valor a la compañía? ¿La última línea de la empresa fue azul? ¿Crecieron las ventas, EBITDA y utilidades?
Motivos no tan prudentes ni útiles a la hora de solicitar un incremento salarial son, por ejemplo, problemas de sobreendeudamiento, incrementos en los costos del hogar, entre otras razones personales.
A final de cuentas, si somos un trabajador que se limita a las meras indicaciones básicas del contrato de trabajo o la empresa muestra caídas en sus líneas principales, nuestro superior nos dirá de una forma más elegante: Ajo (-derse) y Agua (-ntarse).
La situación se asemeja a lo que vivimos hoy en día con la propuesta del Gobierno de una reforma tributaria que incluye un incremento en el impuesto a la renta para sueldos mayores a $ 3.200.000 mensuales.
El Gobierno nos ha planteado a los contribuyentes que requiere de un aumento de sueldo con el argumento de que tiene demasiados gastos y continúa endeudándose. De esta forma, debemos decidir si es pertinente dicho aumento de sueldo dependiendo de su desempeño y cumplimiento de responsabilidades durante sus dos años de mandato. Al final del día, debemos responder a la pregunta ¿Por qué creemos que merece una subida salarial?
Realicemos la evaluación de su desempeño laboral. En competencias, el Gobierno ha mostrado logros escasos, los cuales se reducen a la aprobación del TPP-11 y al cumplimiento del presupuesto en el año 2021. Además, exhibe demasiadas luces rojas, por nombrar algunas: Casos convenios y lencería, SLEP de Atacama, la tardía entrega de viviendas de emergencia tras los incendios, los casos de secuestros registrados por Carabineros han aumentado un 87% en dos años; se registran 3,2 victimas de homicidios consumados por cada 100 mil habitantes y de los de 44 mil ingresos irregulares detectados en el 2023, sólo se han expulsado administrativamente 300 personas. Y en la dimensión de clima laboral, se ha realizado un evidente bullying al Estado de Israel (Credenciales diplomáticas y FIDAE).
En cuanto a los resultados de la economía nacional, la nota es mediocre. El 2023 fue un año de contracción económica (-0,2%) y a septiembre de 2023 la deuda bruta sector público consolidado como porcentaje del PIB alcanzó el 59%, es decir, el nivel de endeudamiento más alto desde que se tiene registro de la serie. Lo único positivo en esta materia, fue realizado por el Banco Central de Chile – ente autónomo con trabajadores regidos por el Código del Trabajo – al lograr someter la inflación.
En conclusión y centrándonos en datos y hechos relacionados a eficacia, eficiencia, clima laboral y probidad, la calificación final es muy deficiente. Por tanto, la respuesta a un incremento salarial al Estado durante este año debiese ser Ajo y Agua.
José Joaquín Brunner, exministro Segegob de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, dice que la crisis en Atacama, donde muchos colegios reclaman problemas de infraestructura, no es puntual: “La ley necesita ser revisada” ➟ https://t.co/8bznwbZTMO pic.twitter.com/g7hJlbnTLC
— Ex-Ante (@exantecl) March 6, 2024
Incrementar la asignación a Activos Alternativos al 20% en los próximos años podría añadir un 1% anual a las rentabilidades, elevando las pensiones autofinanciadas hasta un 25% más. Esto crearía un círculo virtuoso: mayores ahorros financian el desarrollo, generando empleos y fortaleciendo el sistema.
Seguir generando puentes de confianza es uno de los elementos clave para que avancemos en una dirección más positiva de mayor crecimiento, empleos formales, aumento de salarios y mejores políticas públicas en materias tan fundamentales como la seguridad, educación, salud, entre otras.
La gran norma anticorrupción (FCPA) no está muerta y la gran noticia es que se ha retomado su aplicación. Aunque la ruta es algo distinta, será importante estar especialmente atentos a su aplicación en los próximos meses.
Más allá de este nivel de incertidumbre, 2025 se está mostrando como un año de consolidación para las criptomonedas, cuya capitalización global ya sobrepasa los US$3.3 trillones, con Bitcoin representando una dominancia de más del 60% del mercado.
La instauración de este cargo en 2023 atenta incluso contra el espíritu de un RCC neutral, que sigue siendo reducir la prociclicidad del crédito, ya que en este caso apuntaría a reforzar la debilidad del ciclo crediticio actual.