El proyecto. El valle de Aconcagua enfrenta una importante escasez hídrica que podría verse reducida por el proyecto del fondo de inversión brasileño Patria Investments, que se está desarrollando la comuna de Puchuncaví. Se trata de una planta desaladora, con capacidad de mil litros por segundo, además de un acueducto de 105 kilómetros que irá surtiendo de agua a proyectos industriales como a pequeños pueblos de la zona mediante los Sistemas de Agua Potable Rural (APRs), asegurando el consumo de unas 40 mil personas, para terminar en las conexiones que surten agua a Minera Los Bronces.
Proyecto Aconcagua. El gerente general de la compañía, Javier Moreno, asegura que la planta se enmarca dentro de lo que se conoce como infraestructura de adaptación al cambio climático. “La cuenca del Aconcagua está enfrentando un desabastecimiento importante de agua, que no solo está afectando a las empresas que usan este recurso sino que también a las personas”, dice y agrega que “hoy toda la cuenca del Aconcagua está bajo decretos supremos de escasez hídrica”.
–¿Es efectivo que retornar la salmuera al mar terminará cambiando la biodiversidad del mar, como expresan los pescadores?
-La tecnología que utilizamos no hace ninguna otra cosa distinta de lo que viene haciendo la tierra naturalmente hace millones de años que es sacarle al agua la sal que se hace por evaporación. La planta sacará 2,4 litros de agua del mar para obtener un litro sin sal, el resto vuelve al mar con la sal original que tenían los 2,4. Se ha estigmatizado mucho este tema, pero podemos asegurar, y así lo hemos demostrado, que esta agua no le produce ningún impacto ambiental al mar.
En el mundo existen 20.000 plantas desaladoras instaladas, de las cuales 10.000 son de agua de mar y no tienen impacto en su entorno. Nuestra planta tiene todos los estudios de impacto ambiental aprobados por la legislación chilena y, de hecho, cumple con la legislación australiana que es la más exigente del mundo.
-¿La federación de pescadores está actuando fuera de la ley?
-Todo el mundo tiene derecho a tener opiniones diferentes respecto a un proyecto. Existen las instancias y los estudios de impacto ambiental que consideran consultas ciudadanas en que la gente puede opinar. Después está la Justicia y ésta resuelve. Es la institucionalidad que tenemos definida como país. Pero lo que no está bien es que cuando tú tienes un proyecto que cumple con todo y que tiene todos los permisos requeridos, tanto ambientales como sectoriales, vengan personas y se tomen un proyecto y lo bloqueen por más de 70 días. Eso le hace un daño tremendo al proyecto y también al país.
-¿En qué etapa está este proyecto?
-Estamos iniciando la construcción. Del total del proyecto de US$ 1.000 millones ya nos hemos gastado cerca de US$ 300 millones en estudios, ingeniería, y permisos. Tenemos adjudicado la construcción de la planta, la construcción de la tubería, en la que vamos a hacer un túnel en La Dormida de seis kilómetros, con el objeto de reducir el impacto ambiental en la zona. Esos tres proyectos están adjudicados y se están construyendo. Pero tenemos la planta detenida hace más de 70 días: Acabamos de poner un recurso de protección después de haber intentando dialogar pero nos piden cosas que no son factibles, como por ejemplo que la salmuera no vuelve al mar. No hay ninguna planta desaladora a nivel industrial en el mundo que no devuelva la salmuera al mar.
-¿Ellos aducen que verán mermada la producción de pesca por el cambio en la biodiversidad?
-No hay ningún impacto en la producción de peces de la zona. Es más, estamos trabajando con Corfo para poder sembrar pejerreyes y otras especies de la zona. Para nosotros esto es un aporte a la transformación de la zona. Con las organizaciones medioambientales como Greenpeace, que entienden y que tienen respaldo técnico, no hemos tenido ningún problema.
–¿Ha faltado defender el Estado de Derecho por parte la autoridad?
-Se ha vulnerado el Estado de Derecho. La planta que tiene todos los permisos ambientales aprobados, que cumple el rigor de la Ley y la paran por más de 70 días. Es un síntoma de la crisis que está viviendo Chile. No se puede destruir la institucionalidad. Yo vengo de un país que ha destruido esa institucionalidad y se ven las consecuencias. Cuando era niño, Argentina tenía 5% de pobreza, hoy día tiene 40%. Ojalá que a Chile no le pase lo mismo.
-¿El rol de las autoridades no ha fallado?
-Para la autoridad también ha sido desafiante. Esta misma gente también se tomó la boya de Enap y estuvimos a punto de quedarnos sin combustible en la zona central. Nos están acompañando, pero como país tenemos que tener mayor decisión para decir que hay proyectos que son buenos, que nos hacen bien.
-¿Cuándo esperas continuar la construcción?
-Pronto porque no nos queda mucho tiempo como empresa. Estas compañías se hacen con un capital de riesgo de gente que sabe que si el proyecto se cae lo pierde. Hoy día estamos muy cerca de obtener un financiamiento que está muy afectado por este tema de las tomas y la inseguridad jurídica en general. Los bancos nos están mirando con desconfianza. Nosotros necesitamos que esto se resuelva pronto.
-¿Qué le están pidiendo sus inversionistas?
-Que lo resolvamos lo antes posible. ¿Cuánto más puede durar? Honestamente, no le queda mucho tiempo a la compañía para seguir funcionando si esto no se resuelve. Por ello, la decisión de poner un recurso de protección porque tenemos que velar por la continuidad del proyecto.
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