Hasta la noche del miércoles 27 de julio los ministros Jackson y Siches se hacían eco de las palabras del Presidente descartando absolutamente una querella por Ley de Seguridad del Estado en contra de Héctor Llaitul, polemizando incluso con el fiscal nacional y haciendo contorciones (o el ridículo) frente a los medios de comunicación para explicar por qué un llamado a la lucha armada, por un terrorista con prontuario, constituía una “idea” que no merecía sanción penal.
El señor Llaitul es coautor de un manifiesto elaborado en un encuentro el 22 de julio recién pasado titulado “Ejes Fundamentales Para La Reconstrucción Nacional Mapuche” en el que se declaran en resistencia territorial y denuncian como colonialistas las políticas impulsadas por el gobierno “wingka” de Gabriel Boric incluyendo el plan “Buen Vivir” . Rechazan la política “muñequeada por operadores políticos serviles al gobierno” , exigen la libertad de los “presos políticos mapuches” y reafirman como el único camino la resistencia y el control territorial para enfrentar al enemigo común, el estado y el sistema capitalista.
En el caso Llaitul no había absolutamente ninguna razón para no proceder de inmediato a querellarse en su contra. Era una situación insostenible que el gobierno no reaccionara frente a sus últimas amenazas y fue una torpeza política mandar a sus ministros políticos a bajarle el perfil al asunto para terminar quitándoles el piso.
Una vez más comprobamos que en el gobierno existen “trancas” que impiden una reacción oportuna cuando la violencia está relacionada con la causa mapuche.
Ahora resulta que el Presidente cambió de opinión y nos dice que debemos aplaudirlo por ello; que es bueno que un gobierno sea capaz de revisar sus propias decisiones, que su gobierno no es obstinado.
El problema con esa afirmación es que no es sincera sino un intento de manipulación de la población que busca ocultar precisamente la obstinación del régimen que por razones político-ideológicas se negó a querellase contra Llaitul. Porque no hay absolutamente ningún antecedente nuevo, nada que él no supiera desde el principio que pudiera explicar o justificar su cambio de postura.
No era una decisión difícil ni compleja y las inexcusables vacilaciones del gobierno para aplicar la ley en un caso tan emblemático causaron daño, enviando una señal de debilidad frente los grupos terroristas que actúan en la zona. La verdad es que tenemos un gobierno dividido, con un sector de extrema izquierda que rechaza todas las medidas incluyendo los estados de emergencia que solo prosperan gracias al apoyo de la oposición.
La voltereta del Presidente, al igual que en los casos anteriores, es oportunista y solo obedece a la presión de la opinión pública y a la constatación de que estaba pagando un costo político que no se podía permitir, menos ahora que es el jefe de la campaña del apruebo. Deja la sensación amarga de que estamos ante un gobierno impredecible, implacable que actúa en función de sus propios intereses y no del interés superior del país.
La empatía del Presidente con la causa mapuche que incluye una actitud ambivalente frente a la violencia de sus líderes es sobradamente conocida. El 2016 cuando era diputado estuvo de visita en lo que él denominó “el territorio liberado de Temucuicui” en su cuenta de Twitter, reunido con el hermano de Jorge Huenchullán, entonces y ahora prófugo de la justicia y uno de los dirigentes más buscados de la Macrozona Sur por los delitos consumados de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, cuyo clan familiar compuesto por siete hermanos tienen una larga lista de entradas y salidas de prisión.
Según informa La Tercera, entrevistado por la prensa local en agosto de 2016 Boric señalo que él “trataría de escuchar lo que tienen que plantear todos los actores incluida la CAM, que sabemos se atribuye cientos de atentados y tiene como líder al señor Llaitul quien ha reconocido expresamente su participación en “acciones de autodefensa” y que se están preparando para el “enfrentamiento armado con el Estado y que cuentan con capacidad militar”.
El tema de la actitud complaciente de Boric con grupos de mapuches violentistas apareció en un intercambio de palabras con el candidato Sebastián Sichel durante uno de los debates donde el abanderado de Apruebo Dignidad sostuvo no estar de acuerdo con la “militarización” y que dialogaría con todos los actores.
También se manifestó contra el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, donde después de aseverar durante semanas que no continuaría con la “militarización” de la Araucanía al estilo Piñera, se vio forzado a regañadientes a cambiar de opinión por la amenaza de una toma de las carreteras por los camioneros que habría paralizado el país; y aún en esas circunstancias trató por todos los medios de desnaturalizar la medida.
Cabe recordar que siempre voto en contra del estado de emergencia cuando fue diputado y que respaldó su derogación por la convención.
El Presidente en este tema no es confiable; dice ser totalmente contrario al uso de la violencia para conseguir objetivos políticos; y sin embargo en situaciones concretas no ha sido consecuente, como por ejemplo durante el estallido, su insistencia de indultar a procesados y condenadas precisamente por cometer delitos graves y su reunión con Palma Salamanca asesino de Jaime Guzmán en Francia. Para el Presidente Boric, cuando un crimen o delito se comete invocando una causa política no merece la misma condena legal ni moral que un delito común.
Publicaciones relacionadas
El acuerdo tácito que fundamenta el derecho a estudiar es que la comunidad política considera que la educación superior sirve al desarrollo individual y de la nación; por tanto, se financia su costo a quienes cumplan los requisitos establecidos por ley. Al mismo tiempo, la preservación de dicho acuerdo exige retribuciones inmediatas, y estas no […]
El sistema financiero chileno tiene las condiciones para seguir siendo una referencia en la región. Preservarlas no depende de sumar nuevas normas, sino de cerrar la brecha entre lo que el marco regulatorio exige y la capacidad real con que las instituciones lo ejecutan. Ese es, hoy, el desafío más relevante.
El objetivo de incentivar la inversión es legítimo y necesario. Pero rebajar impuestos sin compensación no es una política; es una apuesta. Lo que diferencia a los países que se desarrollan no es la pureza de sus convicciones. Es la naturaleza de sus acuerdos.
La pregunta relevante, entonces, no es solo cuánto redistribuir. Es desde dónde, quién decide, con qué información y a qué costo institucional. Mientras esas preguntas sigan ausentes, quedará fuera lo más importante: la enorme redistribución invisible que todos los días ocurre en la sociedad antes de que el Estado llegue.
Corresponde tomar muy en serio a todos los que amenazan nuestra convivencia. Ya hemos acumulado suficientes pruebas respecto de lo que son capaces de hacer. Cualquiera que sea su origen, cualesquiera que sean las banderas que levanten, no puede haber indulgencia con el desafuero y la irracionalidad. La democracia tiene derecho a defenderse.
