Por meses se le ha acusado a todos aquellos que han advertido problemas con el trabajo de los constituyentes de ser parte de una conspiración coordinada para hacer fracasar el proceso. Desde dentro y fuera del órgano constituyente se les ha acusado de ser cómplices de un coro catastrofista que lo único que busca es sepultar el proceso más democrático de la historia del país para cimentar la constitución de Pinochet.
Se les ha ignorado, se les ha insultado y se les ha tratado de peones del poder.
Seguir el principio de Occam es imposible para estas personas. Simplemente no son capaces de pensar que la explicación más sencilla es normalmente la más correcta. A pesar de que todas las encuestas hayan mostrado caídas significativas en la confianza del proceso constituyente, además de crecientes probabilidades de una victoria del Rechazo en el plebiscito de salida, enamorados de sí mismos, se han resistido a leer tendencias que para todos los observadores imparciales son incuestionables, como indicadores de la realidad.
Ahora, no hay nada anormal con la negación. Pues, es mas que frecuente que raro ver a representantes de órganos ideológicamente hegemónicos (dominados por un solo sector político) volverse rehenes de sus propias ideas. Es incluso común ver a quienes no son parte de las cadenas de mando sumarse a los procesos de los cuales ya son miembros, por el miedo perder su estatus. Una combinación única que se puede describir como un lugar a medio camino entre Dorian Gray y el síndrome de Estocolmo.
Lo problemático de todo esto es que la defensa corporativa se ha basado en la premisa de que no se puede rechazar un texto incompleto. Es problemático porque es una premisa prácticamente inconsistente, y últimamente, cínica. Pues quienes defienden a la Convención, y rechazan a quienes la critican, hacen lo mismo que denuncian, pero al revés: llaman a apoyar un texto incompleto.
Si el estado del texto es la condición que define cuándo se puede hacer campaña a favor o en contra del texto, ¿cómo se puede condenar a quienes llaman a rechazar y alabar a quienes llaman a aprobar al mismo tiempo? No resiste lógica. Dicen desde la Convención que el proceso constituyente es el más democrático de la historia de Chile, pero si un hijo de vecino advierte que hay aspectos que no le hacen sentido, se le trata de ignorante, de traidor o de vendido. Es absurdo, y que ocurra con tanta naturalidad habla de lo desvirtuado que se ha vuelto todo.
Ahora, desde la perspectiva política lo que agrava toda la situación es que lo que se busca aprobar tiene serias faltas. Por eso, hoy, si hubiese que tomar una posición, tiene más lógica la del Rechazo que la del Apruebo. Eso es correcto al menos si se parte de la base que reemplazar una Constitución tiene sentido si, y solo si, hay una Constitución mejor con la cual reemplazarla. De hecho, por eso es más común la reforma constitucional que el reemplazo constitucional. Y aun en el caso de reemplazo constitucional, casi nunca parte desde cero, como ahora en Chile.
En términos lógicos, se puede saber antes del final de un proceso constitucional si lo que se propone es peor que lo actual, pero no se puede saber antes del final si lo que se propone es mejor que lo actual. Por ejemplo, si la evidencia muestra que, en cierto contexto, la eliminación del senado es negativa para la democracia, pero se elimina de igual manera ya se puede estar en contra de la propuesta final, independiente de lo que ocurra en paralelo. Para aprobar, se tendría que esperar el final del proceso para saber si se repone el senado.
Por lo anterior, sería a lo menos justo intelectualmente, y consistente en la premisa democrática, permitir que el rechazo y el apruebo varíen naturalmente. Especialmente sabiendo que sea cual sea la opción ganadora será vencedora con un número masivo de votos, pues la votación será con inscripción automática y voto obligatorio. Por lo mismo es tan importante el principio de neutralidad que recalcó el Contralor Jorge Bermúdez esta semana, como respuesta al video de ministros del gobierno haciendo campaña electoral a favor del Apruebo en su horario laboral.
Ahora, en el momento centrifugo actual, donde las fuerzas políticas están buscando polarizar la elección, llama la atención que algunos sectores tomen lado sabiendo que el resultado es incierto. En particular llama la atención la actitud de algunas figuras de la primera línea de la ex Concertación, que acaban de hacer un endoso al Apruebo. Llama la atención por varios motivos, entre ellos el hecho de que la Constitución que acusan de haber sido redactada entre cuatro paredes lleve su firma.
Pero más relevante es lo que implica su posición a largo plazo. Pues, independiente del resultado del plebiscito ya hay un par de cosas claras. La primera de ellas es que la próxima constitución vendrá con muchos problemas, y que esos problemas dividirán a los chilenos. Al endosar el texto mientras aún no se termina de redactar, no solo entregan un cheque en blanco a un trabajo que a todas luces ha sido deficiente, sino que además lo hacen sabiendo que les traerá problemas después del plebiscito.
De aprobarse el texto constitucional, el único sector político que indudablemente podrá sacar cuentas alegres será el sector del gobierno. En otras palabras, la ex Concertación potencia, otra vez, al sector que amenaza su propia existencia. La ex Concertación endosará el Apruebo hoy, y el Frente Amplio y el Partido Comunista celebrarán mañana. Otra imprecisión estratégica (suponiendo que no es un error deliberado) que seguirá contribuyendo a la erradicación de la coalición política más exitosa de la historia del país.
Con todos los problemas que vienen con el nuevo texto constitucional, es inentendible que la centroizquierda renuncié a ser el adulto en la habitación. Por último, lo razonable, sabiendo que el borrador es incoherente y que el resultado es incierto, sería guardar silencio, ejerciendo el derecho a la duda razonable, como sí lo han hecho varias otras figuras de la primera línea nacional. Con eso no solo lo hubiesen hecho para sí mismos, pero además para salvar al proceso constituyente de la Convención Constitucional.
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