Ahorro de los hogares: Un desafío pendiente de las políticas públicas. Por Kevin Cowan

A nivel de políticas públicas es importante avanzar en bajar el costo de proveer los productos financieros, incluyendo mejores mecanismos de identidad digital. Una pronta aprobación de las mejoras a la Ley de Fraudes, que se discuten en el Congreso, debe generar un adecuado balance entre evitar el auto fraude y resguardar adecuadamente al resto de los usuarios.

El ahorro de los hogares en Chile es bajo, en particular en las familias de menores ingresos. Según la última Encuesta de Capacidades Financieras (CAFIN), realizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) el año 2023, menos del 40% de los hogares había ahorrado en los últimos 12 meses. Esta cifra es sustancialmente menor que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) (69%).

Esta cifra es preocupante desde la perspectiva del bienestar de las personas. El ahorro permite proteger el nivel de vida ante caídas de ingreso por desempleo, o ante aumentos inesperados de los gastos por enfermedad y accidentes. Permite además acceder a bienes durables e invertir en educación sin tener que recurrir a deuda, o al menos bajando la carga financiera de dichas deudas. Es además un complemento relevante al ahorro previsional obligatorio, y por lo tanto tiene un efecto de primer orden en el bienestar durante la jubilación.

En la gran mayoría de los hogares, el poco ahorro que existe está además altamente concentrado en productos de ahorro de bancos y cooperativas. Según la Encuesta Financiera de Hogares sólo en los hogares de mayores ingresos hay cifras de ahorro relevantes en fondos mutuos, Ahorro Previsional Voluntario (APV) o compañías de seguros. Esto preocupa, porque esta baja diversificación puede impactar negativamente los retornos a dichos ahorros.

Hay tanto factores de oferta, como demanda que pueden explicar esta situación. Por el lado de la demanda, el principal factor son los bajos niveles de ingreso de muchos hogares –que dificultan severamente la capacidad de ahorrar. Se suma a lo anterior, nuestro bajo nivel de educación financiera. Según la misma encuesta CAFIN Chile tiene un nivel de conocimiento en temas financieros menor al promedio OECD, menor al promedio de Latinoamérica y menor a lo que la OECD considera un estándar mínimo.

Se suma a lo anterior, una serie de sesgos que nos llevan a ahorrar menos de lo que debiésemos, y de lo que nosotros mismos nos hemos ido poniendo como meta. Por el lado de la oferta, la existencia de costos fijos a la hora de ofrecer y distribuir productos de ahorro y de recaudar dichos ahorros, ha llevado a una baja oferta de productos de menor monto dirigidos a hogares de menores ingresos.

Los cambios tecnológicos pueden ser un mecanismo que permita abordar parte de esta problemática, al menos para los hogares de ingresos medios. Por lado de la demanda, generando plataformas de asesoría de inversión de menor costo, y ofreciendo aplicaciones o servicios que apoyen a los hogares en una mejor tomar de decisiones financieras, incluyendo de ahorro.

Ya hay varias experiencias exitosas donde el uso de mecanismos de deducciones por planilla, simplificación de la toma de decisiones y recordatorios para ahorrar generan más ahorro. Por otra parte, hay evidencia que la educación financiera más eficaz es la que se entrega cerca del momento de la decisión –lo que abre un espacio muy relevante tanto para las FINTECH como las empresas financieras tradicionales.

Por el lado de la oferta, la automatización de procesos ha permitido reducir el costo de entregar servicios financieros. El uso de algoritmos para generar portafolios de inversión, la oferta de fondos pasivos de bajo costo, y el uso de tecnología en la gestión del back office y detección de fraudes son todos ámbitos donde en los últimos años ha habido avances importantes.

En Chile el rápido desarrollo de medios de pago digitales abre múltiples oportunidades para establecer mecanismos que canalicen recursos en forma simple y de bajo costo hacia gestores regulados de ahorro como son las administradoras de fondos, los bancos y cooperativas, las compañías de seguros, y en un futuro cercano hacia plataformas de financiamiento e inversión reguladas.

El marco de finanzas abiertas que está en la actualidad en proceso de implementación puede potenciar estos cambios tecnológicos, al reducir los costos de compartir información por parte de los hogares y así obtener asesoría personalizada a un mejor costo y una oferta de opciones más amplia.

La materialización de estos beneficios requiere de una adecuada regulación y de, además, una activa autorregulación. Los productos de ahorro que se ofrecen deben ser idóneos al ingreso, perfil de riesgo, horizonte de inversión y edad de quien ahorra. La información que se entrega debe ser simple, precisa y estar presentada en lenguaje de fácil comprensión y comparación. Lo anterior es complementario a una agenda de educación financiera que sigue siendo urgente, tal como lo ratifica la última encuesta CAFIN.

Por el lado de las políticas públicas es importante avanzar en políticas que bajen el costo de proveer productos financieros, incluyendo mejores mecanismos de identidad digital. Una pronta aprobación de las mejoras a la Ley de Fraudes que se discuten en el Congreso y que generen un adecuado balance entre evitar el auto fraude y resguardar adecuadamente al resto de los usuarios también es crucial.

Finalmente, es fundamental atender las brechas digitales. Si bien la tecnología puede ser un potente mecanismo de inclusión financiera y mayor ahorro, esto no puede llevar a que se profundice la exclusión de ciertos segmentos de la población.

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