En el último reporte económico emitido en septiembre de 2022 por la OCDE sobre la situación de Chile, la entidad se refiere de forma breve a la reforma tributaria actualmente discusión. En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha señalado que la OCDE respalda la reforma en curso. Sin embargo, lo que en realidad ha dicho, es que “contiene mucho elementos que van en la dirección correcta”, lo cual dista mucho de un respaldo cerrado al actual Proyecto de Ley.
Es importante de precisar que el reporte económico aborda muchos otros temas y situaciones, siendo la reforma tributaria un punto más tratado escuetamente en el informe. Si la intención del gobierno, con la reforma, es aumentar la recaudación, existen otros elementos para tomar en consideración, más allá que subir los impuestos. Nada se dice en el proyecto respecto de la recomendación de la OCDE de tender a un gasto fiscal eficiente -que podría ahorrar un 1,6% del PIB-, como tampoco respecto a terminar con barreras regulatorias que desincentivan la competencia ni a entregar mayores estímulos a la productividad.
Estrictamente en materia impositiva, uno de los problemas relevantes que señala la OCDE en el reporte al referirse a la reforma tributaria, es que Chile actualmente cuenta con una gran base exenta de personas que contribuyan a los impuestos personales. Tanto así, que sólo 25% del universo total de contribuyentes paga impuestos. El resto está exento.
Pongámosle números. En el promedio de la OCDE, los países empiezan a pagar impuestos a contar de 35% de un sueldo promedio e incluso en algunos países miembros empiezan a pagar impuestos desde que el primer centavo se contabiliza como un ingreso personal (Dinamarca, Francia, Nueva Zelanda, entre otros). Según el INE el sueldo promedio neto mensual durante el año 2021 era $681.039, es decir $8.184.000 anual. Si tomamos la tabla de Impuesto Global Complementario del año tributario 2022, el primer tramo que comienza a pagar impuestos parte en $8.774.000 con una tasa de 4%. Es decir, las personas comienzan a pagar impuestos en Chile cuando ganan más de un sueldo promedio.
En el mismo reporte, la OCDE indica que si se aumentara la base de contribuyentes a 100%, se podría recaudar adicionalmente 0,8% del PIB. Si sólo se efectúa de acuerdo con el promedio de la OCDE de manera que 30% quede exento y 70% tribute, se recaudaría 0,5% del PIB. Claro que en este último caso, se tendrían que gravar los ingresos de personas que tienen sueldos superiores a $200.000 mensuales, lo cual deberá ir de la mano con políticas públicas focalizadas hacia este tipo de contribuyente.
La situación antes señalada -tener una gran base exenta junto con una baja recaudación- es apuntada como un problema por el mismo informe. Por ejemplo, existen en la reforma beneficios para deducir los gastos por el cuidado de niños menores de dos años y personas con dependencia severa. Pero estas deducciones solo beneficiarán a aquellos que se ubican en el 25% que paga efectivamente impuestos. Al restante 75% le es totalmente indiferente. Similar problema tenemos con la deducción de rentas por arrendamiento con tope de $450.000, lo cual da cuenta de un problema de regresividad en la distribución de estos supuestos beneficios.
Lamentablemente, la reforma tributaria considera algunos aspectos de la recomendación de la OCDE, y elude hacerse cargo de otras materias igualmente importantes. Es evidente que, junto con potenciar el crecimiento, es imperativo aumentar de manera progresiva la base de contribuyentes afectos a impuestos, atacar la informalidad actualmente presente y estimular la competencia y productividad. Si el gobierno quiere que la OCDE de verdad lo respalde en sus políticas públicas, deberá hacerse cargo de todos los temas esgrimidos por el organismo internacional y no elegir solamente aquellos que van de la mano con su cambiante ideología.
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