La última encuesta CEP arrojó como los chilenos piensan que la salud es el segundo tema más importante donde el gobierno debiese poner más esfuerzo. Si complementamos con la encuesta Cadem de junio (2023) sobre la calidad del sistema de salud, el 70% de los encuestados estima que en el sistema privado es bueno o muy bueno, mientras qué, solo el 20% piensa lo mismo del sistema público.
En la encuesta Cadem de Julio (2023), sólo el 18% de los encuestados responde que el modelo económico que ha tenido Chile en los últimos 30 años para el desarrollo del país y de las personas ha sido malo o muy malo, por otro lado, el 64% piensa que el sistema económico debiese estar basado en la operación del libre mercado.
En este contexto, tenemos a la tercera sala de la Corte Suprema con la fijación clara de ahogar al sistema privado de salud. La primera gran estocada fue en noviembre del año pasado, cuando ordenó aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir cobros en exceso desde abril de 2020.
Pero como aún no caen gracias a un respirador artificial, el Poder Judicial ha decido apretar uno de los finos ductos de oxígeno y anular la última alza del precio Garantías Explícitas en Salud (GES), por tanto, el cobro por beneficiario, para toda la industria, bajaría de los actuales 12,5 UF a 8,1 UF en promedio y deja en manos de los reguladores eventuales devoluciones por periodos anteriores. Esto es, en pocas palabras, un tiroteo a mansalva.
Es que la tercera sala está realizando políticas públicas propias del ejecutivo sin ningún tipo de resistencia oportuna concreta y contundente por parte de los otros poderes del Estado. Las consecuencias de esta falta de sentido de urgencia y firmeza pueden tener consecuencias tremendamente nocivas para todas las personas que habitamos este país.
En primer lugar, porque la potencial quiebra de las isapres afecta las finanzas de clínicas y proveedores complicando el pago de sus obligaciones a la banca u otros intermediarios del sistema financiero. Desde aquí, surge un riesgo de contagio relevante. Algunas isapres, pertenecen a complejos conglomerados y no tenemos certeza acerca de si su nivel de préstamos entre relacionados está en algún escalón alarmante que pueda provocar un efecto dominó en todo el grupo empresarial.
Efectivamente, una de ellas no sólo está en el sector salud con una Isapre y una red de clínicas, sino que también su matriz está en el también presionado sector previsional. Adicionalmente, el mismo conglomerado tiene aseguradoras, una AGF y un banco.
En segundo lugar, la muerte de la isapres puede acabar o dañar tremendamente una industria regulada por la CMF dada su importancia para el sistema financiero. Las aseguradoras y reaseguradoras con planes de seguros de salud mostrarán sus ratios financieros presionados (que son fiscalizados por el regulador), lo que podría hacer caer a algún proveedor de pólizas afectando industrias tan diversas como la automotriz, inmobiliaria y agrícola.
Finalmente, de no hacer retroceder al pistolero, la vida y el bienestar de todos esos encuestados que valoran el sistema de salud privado se verán aniquilados. Esto último, sí puede ser fatal para los políticos que conforman o quieren conformar los poderes Ejecutivo y Legislativo en los años venideros. Quizá es esta la zanahoria que requiere para enfrentar de una vez por todas esta crisis.
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