Recientemente culminó la segunda etapa del proceso constitucional, en la que los consejeros electos desempeñaron un papel central. Con más de mil enmiendas al anteproyecto construido por los expertos y 897 votaciones, donde el 41% logró aprobación, predominando las originadas en la derecha.
El trabajo de los expertos ha demostrado su complejidad y nos ha hecho ver que enfrentamos un delicado equilibrio: la recurrente tensión entre lo económico y lo social. Es crucial lograr el desarrollo económico mientras avanzamos hacia un Estado social y democrático de derechos.
¿Dónde nos dejan estas enmiendas aprobadas? En cuanto a los derechos sociales, el proyecto actual establece directrices para su implementación progresiva, dos de las cuales se han reforzado en esta última etapa, en busca del equilibrio entre acción estatal y subsidiariedad, en consonancia con los resultados de la última elección de consejeros.
Esto incluye la combinación de servicios estatales y privados. Los primeros se refuerzan al explicitarse que el Estado está al servicio de la persona, mientras que los segundos se impulsan a través de la autonomía de los cuerpos intermedios y la familia como núcleo de la sociedad. Está por verse si esta combinación realmente encuentra aceptación en quienes poseen una visión más activa del Estado.
Por otro lado, está claro que el texto tiene un exceso de detalles de política pública que buscan definir aspectos que van más allá de lo constitucional, lo que dificultará su aplicación y adaptación futura. Por ejemplo, se detalla el destino de las cotizaciones previsionales, se regula la cantidad de contenidos en la educación y un largo etcétera. Otro equilibrio precario: se busca responder al presente en un texto de largo plazo.
Para avanzar progresivamente en los derechos sociales se necesita no solo un Estado moderno y una sociedad civil vigorosa, sino también cuantiosos recursos sostenibles en el largo plazo. Para esto se fortaleció el derecho de propiedad y libre competencia, esenciales para el emprendimiento, la innovación y el crecimiento económico. A mayor actividad económica, más recaudación tributaria.
En esto último, se asegura que los impuestos no sean discriminatorios ni asfixiantes, evitando aumentos descontrolados en el gasto fiscal sin contrapartida en los ingresos. Aquí hay claridad que para lograr un avance social sostenible es esencial un crecimiento vigoroso que proporcione recursos constantemente a lo largo del tiempo. Sin embargo, el crecimiento también se debilita con los excesos de detalles tributarios, como cuando se define que la primera vivienda estaría exenta de las contribuciones. Nuevamente, un equilibrio delicado que es preciso resolver.
En resumen, la nueva propuesta presenta tensiones relevantes. El pleno, que comienza este jueves, decidirá sobre cada propuesta de artículo, requiriendo una mayoría de 3/5 para su ratificación, para perfeccionarlas o proponer nuevas normas. Luego la Comisión Experta hará observaciones al texto entregado y, en caso de que no resuelvan estas, se generará una comisión mixta para proponer nuevas redacciones al Consejo. Queda mucho paño que cortar, unos cuantos malabares y consensos por construir. La Constitución debe reflejar los, hasta ahora, escurridizos puntos en común más que nuestras evidentes diferencias. La última palabra vendrá de las urnas en diciembre.
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