El cambio hecho en marzo pasado por el Presidente Boric en los liderazgos de la Cancillería parecía el fin de las polémicas que cundieron en esa cartera en el primer año de gobierno. Sin embargo, el golpe no tocó muchas designaciones cuestionables de la actual administración en Direcciones, Embajadas, Agregadurías, el Consejo de Política Exterior, y la asesoría presidencial en el área. Como las cabezas, por calificadas que sean, no reemplazan a todo un equipo, que estas designaciones exhibieran mediocridad sólo requería mínimo interés periodístico. Esto ocurrió respecto de España (en la entrega de medalla a Garzón, y también antes); y ahora, en Reino Unido.
Para la actual administración, la absoluta carencia de experiencia diplomática de una diseñadora de muebles no fue obstáculo para asignarle, de modo irresponsable, el cuidado de la alianza más antigua de nuestro país desde su independencia, y la plaza europea más importante para Chile desde el punto de vista financiero, de inversiones, de defensa y de formación de capital humano avanzado.
Herrera debió renunciar por excederse del margen de su cargo debido a inexperiencia, dijo el Canciller Van Klaveren, luego de conocerse que solicitó directamente al gobernador del Bíobío cuantiosos fondos para un proyecto empresarial local de su autoría. Herrera, por su lado, niega que el proyecto en cuestión siquiera exista (aunque consta en documentos de la Embajada que ahora son públicos); y responsabiliza de lo sucedido al machismo imperante, al Rey Carlos III (pese a admitir haberlo visto sólo una vez, al presentar cartas credenciales), y a funcionarios “que la guiaban” (en realidad, éstos llevan meses tratando de frenar su mala administración).
La designación de Herrera era ciertamente insostenible. Amén de la evidente falta de idoneidad para la labor y su mala gestión de la iniciativa en cuestión, está sumariada por maltrato funcionario. En aristas adicionales, Herrera habría transformado espacios oficiales en una especie de showroom londinense de los muebles de su empresa familiar; y sus redes sociales han revelado que compartía residencia y eventos con su madre, una trabajadora social involucrada en casos de adopciones ilegales. Un sumario adicional que investigue todo su desempeño en el cargo se hace imperativo.
Ahora bien, ¿es el caso Herrera una rareza en la historia de la diplomacia chilena? Ciertamente no.
Todos nuestros gobiernos, sin excepción, han usado Embajadas y Agregadurías (culturales, de prensa, laborales, científicas, de cooperación… se inventan según se quiera colocar a alguien) para pagar favores políticos o favorecer parientes y amigos de los poderosos de turno, en su mayoría sin calificación que justifique la asignación.
La arraigada tradición de colocar neófitos en representaciones de Chile en el exterior significa que no hay administración que no tenga a su haber varios escándalos atribuibles a embajadores o agregados políticos. Las fechorías incluyen malversación de caudales públicos, apropiación indebida, negociación incompatible, abusos sexuales de distinto tipo (incluso en vehículo oficial), contrabando, financiamiento ilegal, maltrato al personal de servicio local (existiendo en algunos casos grabaciones de los vejámenes), desobediencia de instrucciones, y declaraciones públicas impropias.
Existe también un gran grupo de embajadores y agregados cuya fechoría ha sido no hacer nada o casi nada durante su estadía (largas vacaciones posibles gracias a la connivencia de superiores); o bien, usar la destinación para otros fines (ej. escritura de libro, mantención de relación extramarital, creación de pyme personal, o desarrollo de postgrado, con el gentil auspicio de todos nosotros, los contribuyentes).
Los diplomáticos profesionales, por cierto, no son todos santos y laboriosos eruditos. Pero entre una y otra categoría de designaciones, la diferencia es significativa. Las designaciones políticas, pese a que sólo constituyen el 30% o menos de todas las plazas disponibles, representan una proporción altísima de los bochornos de la cartera.
El hecho que estas conductas tengan lugar fuera de Chile dificulta, naturalmente, las instancias de control. Sólo las fechorías más grandes llegan a ser públicas. Generación tras generación, nadie toma el toro por las astas, para mejorar significativamente la administración del Estado sacando a neófitos y zánganos de estas dependencias. ¿La razón? El pacto tácito de todos los partidos políticos para mantener estos cargos como parte del botín que reparten al ser gobierno.
Las cancillerías serias no designan neófitos en puestos diplomáticos, ni les agrada discutir con neófitos temas importantes y complejos. No reclaman en público, pero ven como degradante tener que recibir amateurs sin conexión con el país anfitrión en lugar de un profesional experimentado y prestigioso. Por eso, los países del club OECD que integramos -y cuyas prácticas de administración del Estado pretendemos emular- mantienen mayoritariamente una diplomacia profesional que excluye las designaciones políticas en cargos diplomáticos.
Los argumentos de quienes apoyan los nombramientos políticos no son demasiado persuasivos, especialmente a la luz del actual estado de desarrollo de nuestro país. Revisémoslos:
Chile es hoy el país con la mayor red de tratados de libre comercio del mundo, y el más desarrollado de la región. Darle la diplomacia que necesita y merece, 100% profesionalizada, nos ahorraría muchos bochornos; y sólo requiere dejar atrás una costumbre.
¿Quién será, entre los políticos, el primero en querer dar este paso?
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