Sobrerregulación: Justos pagando por pecadores. Por Natalia Aránguiz

Socia y gerente de Estudios en Aurea Group
Ex-Ante

¿Quién paga por esto? ¿El Banco? ¡No, por supuesto que no! Esto, lo pagamos usted y yo. Las mermas que afectan al sistema financiero lógicamente son un aumento en los costos de las instituciones, por tanto, se traspasan vía precio al usuario final.


Podemos encontrar un sin número de razones para la existencia de la regulación financiera.

Entre ellas, esta la de disminuir las imperfecciones del mercado con el fin de hacerlos más eficientes y transparentes. Proteger y entregar certezas al inversionista, así como al usuario de productos financieros. En síntesis, promover y proteger la fe pública en el sistema financiero.

Sin embargo, en algunas ocasiones, el exceso de creatividad regulatoria termina generando incentivos perversos y resultados paradójicos. Un ejemplo de esto es la Ley 21.234 (Ley de Fraudes) de 2020.

  • La Ley 21.234 nace de una moción parlamentaria presentada por los senadores Ossandón, Pérez y Tuma en el año 2017. Buscaban solucionar el problema que presentaba un tarjetahabiente cuando una operación fraudulenta ocurría bajo la total ignorancia del titular.
  • Es decir, cuando el tarjetahabiente se enteraba del fraude a través de los cargos en el balance de su cuenta, por ejemplo, por la clonación del plástico.
  • En esa situación, y como el emisor de la tarjeta no había sido informado del robo del plástico (porque había sido clonado), antiguamente, el banco no estaba comprometido de reponer esos dineros.
  • Al no ser responsable de estos dineros, la entidad financiera no tenía incentivos para adoptar medidas poderosas, costosas y sofisticadas de ciberseguridad para proteger al tarjetahabiente.

La solución planteada por los legisladores, creaba profundos incentivos perversos que fueron alertados en su momento por la CMF, el BCCh y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).

  • Lamentablemente la creatividad parlamentaria se impuso a la opinión técnica y fue promulgada una ley que obliga a reponer en una semana hasta 35 UF de una operación desconocida por el cliente.
  • Aún más, en caso de que la institución financiera quisiese ejercer acciones legales por dicha malversación, deberá acreditar la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario, lo que es un estándar probatorio absurdamente alto.

¿El resultado? Más de 450.000 transacciones desconocidas por semestre alcanzando los 350 millones de dólares en doce meses. De ellos, José Manuel Mena, presidente de la ABIF aseguró que el 95% corresponden a autofraudes (Lamentablemente desconozco si existe algún estudio que certifique dicha aseveración), es decir, la regulación incentivó la creación de la industria del auto desfalco.

Pero ¿Quién paga por esto? ¿El Banco? ¡No, por supuesto que no! Esto, lo pagamos usted y yo. Las mermas que afectan al sistema financiero lógicamente son un aumento en los costos de las instituciones, por tanto, se traspasan vía precio al usuario final. En otras palabras, son transferidas mediante tasas o comisiones a todos los que usamos productos financieros como por ejemplo tarjetas o créditos.

Finalmente, y avalado por ley, los justos pagamos por los pecadores.

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