Royalty Minero: Más recursos con más transparencia. Por María Jaraquemada

Es clave que se exija que quienes van a recibir cuantiosas sumas de dinero puedan garantizar que éstas llegarán a la ciudadanía y de modo eficiente. Para esto es importante que ellos cuenten con un control interno real y que tengan las capacidades de ejercer dicho rol pero también la debida autonomía para poder levantar las alertas necesarias sin temor a represalias o desvinculaciones.

Luego de cinco años de tramitación, recientemente el Congreso despachó a ley el nuevo régimen de royalty minero. Esto implicaría una recaudación fiscal aproximada de un 0,4% del PIB y, según cifras oficiales, se distribuirían un total de 450 millones de dólares adicionales a Gobiernos Regionales y municipios, a través de tres fondos. Sin duda, esto puede contribuir al mayor desarrollo descentralizado del país, particularmente en aquellas comunas que “alojan” a las compañías mineras.

Además, esta decisión vendría a responder a una mayor demanda de descentralización no solo del uso de recursos sino de la toma de decisiones sobre en qué utilizarlos de acuerdo con las necesidades y visiones de los habitantes de dichas comunas y regiones. De este modo, se espera que esta decisión complemente la distribución que se realiza, de modo limitado, por el Fondo Común Municipal y la autonomía en la toma de decisiones del proyecto de rentas regionales.

Lo anterior, si bien ha sido celebrado en diversos sectores y, particularmente, por algunos alcaldes y alcaldesas que se verán beneficiados con lo anterior, también ha levantado alertas. En primer lugar, porque esta inyección de recursos debería ir acompañada de un fortalecimiento de estas entidades y sus capacidades. El año pasado causó preocupación, por ejemplo, la lenta ejecución de recursos de los gobiernos regionales, donde, en el primer semestre en promedio tan solo se había ejecutado un 22% de su presupuesto total.

Por otro lado, se ha indicado por los propios gobernadores las escasas reales facultades con las que cuentan, lo que implica que muchas veces estos fondos se derivan a municipios u otras organizaciones para su ejecución y provisión de bienes y servicios públicos. Sin duda, la colaboración es deseable, pero esto ha implicado que en ocasiones haya una falta de control, transparencia y rendición de cuentas lo que ha implicado más de una investigación de Contraloría y el Ministerio Público por su posible desvío.

Más grave aún es la situación de los municipios donde, según cifras del Consejo de Defensa del Estado, hasta diciembre de 2021 más de la mitad (un 52%) de éstos contaban con investigaciones por posibles casos de corrupción. Conocidas son las investigaciones por el caso Luminarias -en once municipios de todo el país- y en los municipios de Rancagua, de Santiago y de Vitacura. En este último, prontamente el ex alcalde será formalizado por, presuntamente, haber malversado alrededor de $500 millones de pesos del municipio.

Bastante se ha hablado del por qué habría mayores facilidades de prevalencia de corrupción en los gobiernos locales, como la discrecionalidad en la toma de decisiones y un menor control interno y externo, además de déficit en transparencia y rendición de cuentas. Esto hace más urgente que se demande y se apoye este fortalecimiento de los gobiernos subnacionales. Es clave que se exija que quienes van a recibir cuantiosas sumas de dinero puedan garantizar que éstas llegarán a la ciudadanía y de modo eficiente.

Para esto es clave que ellos cuenten con un control interno real y que tengan las capacidades de ejercer dicho rol pero también la debida autonomía para poder levantar las alertas necesarias sin temor a represalias o desvinculaciones. Lo mismo con la debida transparencia y rendición de cuentas del uso de estos recursos a Gobernadores Regionales y Concejales, así como a la ciudadanía. Para esto, requerimos que se avance en una transparencia 2.0, con información más clara, detallada y sencilla de visualizar sobre la ejecución del presupuesto. La ciudadanía debe poder seguir el dinero sin mayores trabas ni complicaciones.

Finalmente, involucrar a las personas que habitan en dichos territorios también se hace necesario. La participación a través de consultas, presupuestos participativos u otras iniciativas que abundan en otros países más desarrollados puede ser una gran forma de adoptar mejores decisiones públicas, que se encuentren legitimadas, respondan a las necesidades y prioridades ciudadanas, así como ser un gran mecanismo de control de la corrupción.

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