El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que acusa a la Corte de Apelaciones de Santiago de responsabilidad en las lesiones oculares de manifestantes ocurridas durante el 18-O —al rechazar los recursos de protección presentados en contra del uso de balines por parte de Carabineros— tiene un historial de desencuentros con sus superiores, que se arrastran desde sus primeros años en el Poder Judicial. Denunció a este poder del Estado por afectar su libertad de expresión en 2004, fue sancionado por levantar por oficio la prisión preventiva a presos del 18-O para que no se contagiaran de coronavirus y recientemente causó sorpresa al escribir un fallo con el denominado lenguaje inclusivo.
En qué fijarse: En sus 21 años en el Poder Judicial, el juez Daniel Urrutia ha protagonizado distintas polémicas, que podrían derivar en una nueva sanción, tras su participación la semana pasada en la Convención Constitucional.
La causa ante la Corte Interamericana: La causa que terminó con el Estado chileno denunciado internacionalmente se remonta a 2004, cuando la Corte Suprema autorizó a Urrutia, entonces juez de Garantía de Coquimbo, a asistir a un diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización.
La liberación de la “primera línea”: El 25 de marzo de 2020, el juez Urrutia resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O, por la de arresto domiciliario total. El motivo que dio: el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles del país. Se trató de una medida inédita, que argumentó se basó en un acuerdo entre los jueces de su juzgado, pero que duró pocas horas. El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió de forma extraordinaria ese día y revocó la resolución.
El amparo en favor de “lxs constituyentes mencionadxs”: El 15 de julio de este año, el juez Urrutia acogió un recurso de amparo presentado por la entonces convencional de la Lista del Pueblo, María Rivera, y la constituyente de Apruebo Dignidad, Manuela Royo, en favor de 11 personas detenidas esa tarde durante una manifestación cerca de la Catedral de Santiago en favor de los presos del 18-O. Acusaron que la detención fue ilegal, lo que fue acogido.
La polémica presentación ante la convención: El miércoles 25 de agosto, el juez Urrutia expuso ante la subcomisión de marco general de Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza de la Convención Constitucional los motivos por los cuales estima que este poder del Estado debe ser refundado en una nueva Constitución, dichos que luego fueron criticados por la Asociación de Magistrados.
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