España es un país que nos lleva mucha historia, el sapiens recaló en la península Ibérica hace 40.000 años. El país comienza de alguna manera en el siglo II AC. Los primeros pobladores de la península fueron los Tartessos (Area Andalucía), Ibéricos (Región Mediterránea) y Celtas (Norte del país). Observar el recorrido de los más viejos nos debe llevar a mirar sus aciertos y errores.
Los españoles son más alegres, salen más y gozan de la buena vida. Los restaurantes suelen tener música y la vida en la calle se vive de Lunes a Domingo. Dicha aura de felicidad, es probable que se explique, en parte, porque las necesidades básicas están bien cubiertas.
La salud es “gratis” y funciona mejor que la privada. La OMS lo sitúa en torno al puesto número 7 del mundo. Convive con un razonable sistema de salud privado de prestadores y aseguradores.
Estudiar en una universidad pública, podría costar en promedio 600 euros al año. Este acceso universal a la educación iguala los puntos de partida y en la práctica cualquiera puede llegar a ser CEO de una gran compañía, sin importar el apellido o colegio.
Los remedios tienen precios razonables y están regulados; una aspirina cuesta lo mismo en cualquier parte del país. Esto no es producto de la casualidad. Las cadenas de farmacias están prohibidas, de tal manera que no se entrega al arbitrio del mercado un asunto tan delicado como el acceso a medicamentos.
En 2020 España tuvo la tasa de reemplazo de pensiones número tres de Europa, con lo cual se puede afirmar que las jubilaciones permiten una vejez digna. (Tasa de reemplazo en torno al 80%).
Todos estos beneficios en realidad no son a costo cero sino financiados por los contribuyentes, para lo cual España tiene una estructura impositiva relativamente alta y un sistema de seguridad social que descuenta un 35% del sueldo bruto de los trabajadores.
España es eficiente recaudando impuestos, pero también tiene una razonable fiscalización sobre las autoridades del gobierno de turno en uso de los recursos que recaudan. Muchas veces se pone solo el énfasis en fiscalizar al pagador de impuestos y se olvida de fiscalizar al ente que gasta dichos recursos. El estándar a imitar es Suecia. En 1995 la vice primera ministra Mona Shlin usó su Rikstad credit card (Tarjeta Corporativa para altos servidores públicos) para la compra del chocolate Toblerone, por un monto de 35 dólares, ítem no previsto en el presupuesto ni en la ley. Fue obligada a dimitir y estar fuera de la actividad pública por una década.
Volvamos a España, donde al igual que en todas partes, hay aciertos y errores. Todo al final hay que financiarlo. La relación Deuda/PIB del país ibérico se ubicó en 2021 en torno al 118% siendo el PIB de ese año 1.205.063 millones de euros. Una subida de tipos de interés encarecerá los compromisos financieros de corto y mediano plazo.
La tasa de desempleo está en torno al 13%. En los menores de 25 llega al 27%. Lo que esconde estos datos es una elevada economía informal, puesto que las PYMES no pueden con las cargas impositivas y elevados costos laborales. Lo que sucede en la práctica es que muchas de ellas dan contrato a una parte del equipo, otros corren “por fuera”.
El sistema de pensiones paga buenas pensiones, pero según varios economistas españoles y europeos, el sistema en base a reparto es una “bomba de relojería”. El servicio de estudios del Banco Central Europeo ha alertado del grave problema de sostenibilidad que enfrentan estos sistemas en continentes lastrados por el envejecimiento de la población. En España el déficit del sistema social superó los 30.000 millones de Euros en 2020, equivalente a un 2,7% de PIB. La solución que se avizora es la migración hacia un sistema mixto.
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