Primeros convenios con Democracia Viva se suscribieron el mismo día en que tía de Crispi presionó a seremi
Jorge Poblete
El jefe de asesores Miguel Crispi el 17 de octubre en La Moneda. (Sebastián Beltrán / Agencia Uno)
El 20 de septiembre de 2022 la entonces jefa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda, Verónica Serrano, envió un email al seremi Carlos Contreras recordándole que días atrás le había planteado “la urgencia” de firmar los acuerdos con fundaciones, ya que “tu región tiene un importante monto asociado a Convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria”. Serrano era una figura conocida en el gobierno: era tía del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD). Ese mismo día Contreras suscribió los 2 primeros convenios con Democracia Viva, la fundación ligada a RD que dio origen al Caso Convenios. Lea el email.
El correo. A las 6:53 pm del 20 de septiembre de 2022, la arquitecta Verónica Serrano Madrid, entonces jefa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda, envió un email al secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda Carlos Contreras Gutiérrez, con el asunto “RV: Informa situación convenios de transferencia Antofagasta”.
“Estimado Carlos, te escribo en relación a la gestión de convenios y a la conversación que tuvimos días atrás, respecto a la urgencia para su firma, reiterándote que tu región tiene un importante monto asociado a Convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria”, escribió Serrano.
Luego añadió que entregarían un refuerzo total de 3 personas para la ejecución de los programas, pero que era contraria a contratar a 7 profesionales con cargo al programa de campamentos, ya que “esta práctica se hizo con anterioridad y fue muy mal evaluada por la Dipres (Dirección de Prespuestos) y no queremos correr el riesgo de complicaciones futuras con ellos”.
Serrano era una figura conocida en el gobierno. Había sido directora de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, además de ser hermana de Claudia Serrano Madrid (PS), ministra del Trabajo en ese mismo gobierno.
Era, por tanto, la tía de Miguel Crispi (RD), exsubsecretario de Desarrollo Regional y entonces recién nombrado jefe de asesores del segundo piso de La Moneda. Otra de sus hermanas, Catalina Serrano, había sido jefa de gabinete de la exministra de Vivienda Paulina Saball.
El mismo 20 de septiembre en que recibió el email de la jefa de asentamientos precarios, Contreras suscribió los 2 primeros convenios con la fundación Democracia Viva, cuyas resoluciones salieron días más tarde.
A estos 2 acuerdos se sumaría un tercero el 25 de octubre, totalizando $426 millones para desarrollar proyectos en los campamentos de la región, pese a que la fundación carecía de experiencia en el área.
El 16 de junio de este año, el medio regional Timeline destapó la denuncia de la asociación de funcionarios del Serviu: Carlos Contreras había sido jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien era pareja de Daniel Andrade, presidente de Democracia Viva y contraparte de Contreras en los acuerdos. Los 3 eran militantes de Revolución Democrática (RD).
La renuncia de Contreras se hizo pública al día siguiente y ese mes la fiscalía abrió una causa penal. Era el comienzo del Caso Democracia Viva, que derivaría en el Caso Convenios que alcanzaría —entre indagaciones a platas de Vivienda y de los Gobiernos Regionales— a todo Chile.
La ofensiva. El 30 de noviembre, el exseremi dio a conocer una declaración pública donde contradijo la versión de Miguel Crispi ante la Cámara, de que La Moneda se enteró del caso Democracia Viva a través de un “rumor” que llegó a Palacio 9 días antes de que lo publicara Timeline.
“El día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades”, dijo Contreras en su declaración, publicada por Timeline, sin precisar quien lo elaboró ni a quien fue supuestamente entregado. Esto fue negado por la tarde por Crispi y luego por La Moneda.
Al día siguiente el vespertino La Segunda publicó que Contreras envió el 18 de mayo de este año un informe a la entonces subsecretaria Tatiana Rojas y al sucesor de Verónica Serrano en la jefatura del programa de asentamientos precarios, Ricardo Trincado (PS), respondiendo a los cuestionamientos de funcionarios.
En éste se hacía referencia a los convenios, pero omitiendo la relación de Contreras con Andrade y la diputada Pérez. Trincado respondió valorando el convenio con Democracia Viva, lo que le costó este lunes el cargo.
La ofensiva de Contreras previo a su anticipada formalización en el caso sería pedir ser citado a declarar en la causa y, según publicó este martes La Tercera, acusar presiones de Serrano y otros funcionarios.
La auditoría que complica a Serrano. En este esquema es que a Serrano la complica no sólo el correo enviado a Contreras sino que también el “Informe de Auditoría extraordinaria” realizado a principios de este año por Vivienda, previo al estallido del caso.
La primera parte del informe, de fecha 20 de enero, identifica a Serrano como “personal clave” del proceso auditado.
El documento concluyó que, si bien el sistema estaba instalado, “se pudo observar situaciones que evidencian falencias en el sistema de control interno, que dicen relación con la falta de definición de criterios específicos de evaluación con ponderaciones para aplicar a las propuestas de inversión, que contribuyan a las mesas técnicas en la toma de decisiones fundadas respecto de la priorización de los asentamientos y tipologías de inversiones a financiar”.
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