La Seremi de Vivienda de Antofagasta envió el sábado un informe de 30 páginas a la Corte de Apelaciones donde detallaron que en los 2 primeros convenios firmados con Democracia Viva, por $370 millones, la fundación ligada a RD destinó un 41,69% y un 35,85% del presupuesto a gastos operacionales y recursos humanos. A esto sumaron una subcontratación de personal con residencia en Antofagasta. En el tercer convenio, por $56 millones, acusaron falta de entrega de un plan de trabajo, rechazo de las rendiciones de marzo y abril y la no entrega del informe semestral.
Qué observar. El 11 de julio el ingeniero Daniel Andrade, presidente de Democracia Viva, envió un correo electrónico a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, luego de que el gobierno anunciara que pondrían término anticipado a los 3 convenios por $426 millones suscritos en 2022 con la fundación ligada a Revolución Democrática (RD), en medio del escándalo generado por el caso.
- “Estimados señores: Acusamos recibo de las Res. 279, 280 y 281 de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Entendemos que con esto se pone término a los convenios, tal como lo habíamos solicitado en comunicación anterior y, aunque no estamos de acuerdo con los fundamentos o motivaciones de los mismos, estamos disponibles para cumplir con todos los trámites formales que sean necesarios para el cierre”, escribió Andrade.
- El 9 de agosto Andrade ingresó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Antofagasta donde argumentó que el término anticipado de los convenios afectaba la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
- El recurso fue acogido a tramitación y este sábado la Seremi envió a la Corte el informe solicitado por el tribunal sobre los motivos para cancelar anticipadamente los contratos.
- Paralelamente, Andrade dijo el 14 de agosto en una declaración que “ya se encuentra en manos del Estado el 75% de los fondos (que piden restituir). Le hemos solicitado al tribunal que acepte la devolución al fisco de los $295 millones que están en sus manos”, en vez de los $391 millones que solicitan por concepto de fondos no ejecutados.
Panorama general. Al firmar los convenios cuestionados Daniel Andrade era pareja de la diputada RD Catalina Pérez, quien a su vez había sido jefa del entonces Seremi Carlos Contreras.
- Contreras suscribió los contratos para entregar servicios a campamentos con una fundación sin experiencia en el área, que había obtenido su personalidad jurídica en febrero de 2022.
- RD expulsó del partido tanto a Andrade (quien había anunciado previamente que dejaba la tienda) como a Contreras, y suspendió la militancia de Pérez.
- La Seremi de Vivienda pidió la intevención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el caso, el que interpondrá acciones legales.
Qué dice el informe de la Seremi. El documento de 30 páginas describió los orígenes del programa de Asentamientos Precarios, para el cual se entregaron recursos a fundaciones en 2022. También, los motivos técnicos para terminar los contratos antes de tiempo, más allá de la controversia política.
- Detalló que con Democracia Viva firmaron 3 convenios: Uno del 20 de septiembre, por $200 millones, para mejorar la habitabilidad primaria en el campamento Ecuachilepe; otro de la misma fecha, por $170 millones, para el Campamento Irarrázaval y un tercero del 25 de octubre, por $56 millones, para la ejecución de diagnósticos socio territoriales.
- Primer proyecto. Para el primero debían instalar “luminarias solares, soluciones para enfrentar, controlar o mitigar la amenaza de incendios, soluciones para abordar microbasurales, ejecución de cierros, instalación de contenedores de basura, adquisición de extintores, mejoras de espacios comunitarios, entre otras”.
- “El porcentaje de avance del convenio a la fecha del término y liquidación correspondía a un 29% del total del convenio (…), conforme se consigna en el informe N°002, de fecha 12 de julio de 2023, de la encargada del programa de asentamientos”.
- Los incumplimientos, consignó el informe, incluyeron que los recursos “no se destinaron íntegramente a los fines del convenio, toda vez que el 41,69% del presupuesto es destinado a gastos operacionales y recursos humanos, lo que va en desmedro del cumplimiento de la convención”.
- “Sólo un 25% de los profesionales informados cuentan con residencia en la ciudad” de Antofagasta, en circunstancias que el convenio establecía que debía ser un 50%, dijeron.
- Las rendiciones de cuentas de febrero, marzo y abril no fueron aprobadas.
- Saldo a devolver. En la página 7 precisaron que el total rendido aprobado era de $28.518.161 y el saldo sin rendir de $171.481.839.
- Segundo proyecto. Para el segundo debían instalar “luminarias solares, soluciones para enfrentar, controlar o mitigar la amenaza de incendios, soluciones para abordar microbasurales, ejecución de cierros, instalación de contenedores de basura, adquisición de extintores, mejoras de espacios comunitarios, entre otras”.
- “El porcentaje de avance del convenio a la fecha de término y liquidación correspondía a un 29%”, dijo la página 10.
- Los incumplimientos, recogió el informe, incluyeron que los recursos “no se destinaron íntegramente a los fines del convenio, toda vez que el 35,85% del presupuesto es destinado a gastos operacionales y recursos humanos, lo que va en desmedro del cumplimiento de la convención”.
- A esto se sumó que sólo un 25% de los profesionales informados contaban con residencia en Antofagasta, en circunstancias que el convenio establecía que debía ser un 50%.
- Las rendiciones de cuentas de febrero, marzo y abril no fueron aprobadas, consignaron.
- Saldo a devolver. En la página 12 detallaron que el total rendido aprobado era de $2.287.625 y el saldo sin rendir era de $167.712.375.
- Tercer proyecto. Para el tercer proyecto debían realizar “diagnósticos socio territoriales, diseños de planes de intervención, ejecución de Plan Campamento Preparado, intervenciones tendientes a fortalecer la organización comunitaria, en especial con grupos prioritarios tales como infancia, migrantes, género, acciones para la organización de la demanda habitacional”.
- “El porcentaje de avance del convenio a la fecha de término y liquidación correspondía a un 16% del total”, dijo la página 18.
- Calificaron como incumplimientos la falta de entrega de un plan de trabajo, el rechazo de las rendiciones de marzo y abril, y la no entrega del informe semestral exigido.
- Saldo a devolver. En la página 19 detallaron que el total rendido aprobado era de $3.425.698 y el saldo sin rendir era de $52.574.302.
Lea el informe de la Seremi a la Corte:
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