Más allá de las muchas definiciones académicas, en la práctica, tener poder tiene relación con influir en las acciones de terceros. Desde esa óptica, el gremio más poderoso de Chile, sin duda, son los notarios. Cada uno de los últimos cinco gobiernos, a pesar de intentarlo, no han podido reformar esta industria con amigos en las esferas de poder como ninguna. Según un estudio de América Transparente, el 80% de los notarios tiene o tuvieron algún pariente parlamentario, juez u otros miembros del Poder Judicial. Un bastión de aristocracia y corrupción.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) emitió un informe con serios cuestionamientos (Julio, 2018), demostrando cómo el mercado de las notarías difícilmente es competitivo. El informe revela cómo el nivel de servicio que reciben los chilenos se traduce en tiempos de atención superiores a una hora y sobre costos de un 300% o 400%, a plena luz del día, en un servicio regulado. Asombrosamente, un notario promedio tiene rentas superiores a $14 millones de pesos mensuales, y la industria tiene rentas monopólicas de $25 millones de dólares anuales. Rentas que pagan de más los ciudadanos.
El único logro de las últimas décadas fue el proyecto de desnotarización del Estado, iniciado por el gobierno de Sebastián Piñera y abrochado por la actual administración, gracias a perseverancia del ministro Luis Cordero. Gracias a este, un funcionario estatal ya no podrá pedir certificados notariales que no estén expresamente requeridos en la ley. Aún queda pendiente una larga lista de trámites que por ley es necesario notariar.
El camino a seguir es bastante claro: habilitar un mercado inclusivo y competitivo.
La reforma debería perseguir tres objetivos. Primero, fortalecer el resguardo de la fe pública cuando sea requerida por instituciones públicas, privadas y ciudadanos. Segundo, aspirar a entregar un servicio de excelencia a los usuarios del sistema de notarías. Y tercero, es imperativo disminuir los precios para el cliente final, a través de un mercado eficiente que recompense el trabajo bien hecho. El trasfondo e implementación de estos objetivos debiesen estar arraigados en los principios de confianza y transparencia, creación de valor para la sociedad, mérito y competencia.
Bajando estas aspiraciones a tierra, la reforma necesita considerar cuatro premisas operacionales.
Primero, simplificar el sistema y desnotarizar lo innecesario, reduciendo la cantidad de trámites que, debido a regulaciones o leyes, necesitan la validación de un notario. En última instancia, las partes siempre serán libres de notariar un documento o contrato voluntariamente.
Segundo, establecer un sistema de licencias y registro. Tal como existen licencias para conducir, ejercer la medicina o firmar el plano de un edificio, debe haber un sistema de licencias ilimitadas para ejercer como notario, con un resguardo técnico. Esta es un servicio infinitamente menos complejo que otros, y por lo mismo, no hay excusa para que otorgar una licencia no fuese el resultado de demostrar las competencias necesarias. Un sistema absolutamente independiente del poder judicial, basado en mérito, es decir, lo contrario a amiguismo.
Tercero, diseñar un soporte operacional de vanguardia para verificar la identidad. Nuestro enfoque debe ser ‘digital first’, adoptando un registro digital y descentralizado a través de la tecnología de blockchain privado, así como el desarrollo de mecanismos biométricos para la verificación de identidad. Es bastante más simple de lo que suena.
Cuarto, debemos establecer un sistema de responsabilidad o rendición de cuentas, donde notarios sean legalmente responsables de las verificaciones que realizan. Como en cualquier otro servicio, cuando las cosas se hacen mal y esto genere perjuicios a terceros, se deben pagar las consecuencias.
Confío que este gobierno, con el apoyo transversal del parlamento y la ciudanía, pueda empujar esta tan esperada y ansiada reforma.
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