Nueva constitución y estallido social ¿aquí no ha pasado nada? Por Álvaro García Mintz

Coordinador de Incidencia Nuevo Trato
Créditos: Agencia Uno.

El problema constitucional no va a terminar, pase lo que pase en diciembre; el tema volverá a abrirse, más temprano que tarde. Si aceptamos esa premisa, la pregunta es si, cuando ello ocurra, conviene estar en medio de la implementación de una Constitución que abre nuevas tensiones y cuyos quórum de reformas son más altos que los actuales o, como muchos creemos, es mejor mantener la actual y buscar avances graduales en los temas en los que hay amplio consenso


La propuesta del Consejo Constitucional se entregó en la víspera del cuarto aniversario del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que dio origen formal al proceso constituyente, logrando canalizar institucionalmente la energía que explotó en octubre de 2019. La pregunta cae de cajón: ¿el resultado se hace cargo de las causas y las consecuencias del estallido social?

Exploremos algunas de las causas. El estallido reveló el hastío y la desesperanza de una sociedad cansada de la desigualdad, en su más amplia polisemia. Una convivencia donde el abuso se vivencia cotidianamente en el trato, en el acceso a la justicia, a los servicios básicos, en el trabajo, en la compra de remedios y de papel higiénico. Un país clasista, donde el mayor predictor del futuro profesional es el barrio en que naciste o el lugar donde cursaste tu educación primaria. Una sociedad que tolera la existencia de dos sistemas de salud desconectados, uno para el 20% de la población y otro para el resto.

Una comunidad que naturaliza un sistema de pensiones que ofrece jubilaciones miserables, que normaliza que la educación pública solo reproduzca las desigualdades de origen, en vez de reducirlas. Una sociedad que privatiza el agua y la transforma en un commodity más, obviando su centralidad para la vida y los servicios ecosistémicos que provee. Un país donde se vulnera a los niños vulnerables, donde se desprecia a los pueblos originarios, donde el machismo es pan de cada día, donde no caben dignamente las diversidades. Un país que dice promover el mérito, pero premia la cuna. El país del “sálvese quien pueda” y del “rascarse con las propias uñas”.

¿Cómo responde la propuesta del Consejo a estas causas del estallido? Comete el mismo error que la propuesta de la primera Convención, pero en sentido contrario. Si la primera buscaba cambiarlo todo, como si no hubiera nada que conservar, esta pretende que nada pueda cambiar, como si no hubiera nada que corregir. Constitucionaliza el modelo de pensiones, de educación y de salud, consagrando una libertad de elección que aplica solo para los más ricos e impide soluciones basadas en la solidaridad. Precariza el deber y las posibilidades del Estado de asegurar calidad en la provisión de derechos sociales, debilitando sus instrumentos y recursos, al afectar la recaudación tributaria y la capacidad de establecer estándares universales.

Debilita la protección de la infancia más vulnerable, jibarizando el deber del Estado en el resguardo de quienes son abusados en contextos familiares. Permite discriminaciones de todo tipo, al consagrar la objeción de conciencia institucional sin limitaciones y como derecho fundamental. Petrifica el actual modelo de gestión de derechos de agua. Debilita la capacidad del Estado para reglamentar el resguardo del medioambiente, del consumidor y del uso del espacio público, entre otros ámbitos, cuando obliga a que toda reglamentación deba ser materia de ley. Pone en riesgo avances en materia de derechos sexuales y reproductivos e impone límites a lo que en el futuro se puede o no discutir.

Es evidente, la propuesta del Consejo no habilita nuevas respuestas a las causas del estallido. Constatado eso, ¿se hace cargo de sus consecuencias?

Quizás las consecuencias más evidentes del estallido son la deslegitimación de nuestra institucionalidad y la polarización política. Tras el 2019, nuestra convivencia se hizo más pobre y tensa. Se exacerbaron posiciones, se extremaron diferencias. El resultado es un derrumbe de la legitimidad de nuestra institucionalidad que hoy nos tiene con los peores índices de valoración de la democracia, especialmente entre las nuevas generaciones.

El primer proceso constitucional fracasó en aportar a ello ¿qué ofrece la nueva propuesta constitucional para responder a estas consecuencias? Una profundización de la polarización al consagrar constitucionalmente una visión partisana de la sociedad. Perpetúa la dispersión política que hoy nos tiene estancados al abrir nuevos resquicios para la supervivencia de partidos de nicho, al retroceder en las normas que impiden la silla musical de autoridades y al afectar la representación de la diversidad del país cuando reduce el número de parlamentarios.

Retrocede gravemente en la separación de dinero y política al permitir que las empresas puedan aportar dinero a campañas políticas y por esa vía controlar las decisiones de parlamentarios, como ya aprendimos que ocurre. Cierra la puerta a soluciones de representación política que se hagan cargo de las brechas de género y de la falta de representación institucional de nuestros pueblos originarios, perpetuando una política que no refleja la diversidad de la sociedad que busca representar.

Así las cosas, parece claro que la propuesta del Consejo Constitucional no ofrece respuesta a las causas y las consecuencias del proceso social que le dio origen. Ante ello, la triste realidad es la siguiente: el problema constitucional no va a terminar, pase lo que pase en diciembre; el tema volverá a abrirse, más temprano que tarde. Si aceptamos esa premisa, la pregunta es si, cuando ello ocurra, conviene estar en medio de la implementación de una Constitución que abre nuevas tensiones y cuyos quórum de reformas son más altos que los actuales o, como muchos creemos, es mejor mantener la actual y buscar avances graduales en los temas en los que hay amplio consenso, por ejemplo, en la necesidad de combatir la dispersión política, en el establecimiento de un seguro único de salud, en el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios o la declaración de Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho.

Quizás solo así, poco a poco y en base a amplios consensos, podremos procesar que aquí, sin duda, “pasó algo” respecto de cuyas causas y consecuencias aún no nos hemos hecho cargo.

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