Nueva Constitución: El zapato chino de la izquierda. Por Jorge Schaulsohn

Hasta ahora se han aprobado varias normas infumables para la izquierda y ya se habla de “tirar la toalla”, hacer fracasar el proceso y llamar al rechazo. El drama es que ello requiere un pretexto potente para movilizar a la gente. La izquierda no se puede dar el lujo de perder. Así las cosas, para salir del zapato chino en que se encuentra, podría terminar prefiriendo la Constitución de “Pinochet”, que con sus múltiples reformas es muchísimo más liberal que la que está emergiendo del Consejo.

La izquierda está incomoda, molesta, inquieta, preocupada. Poco a poco va emergiendo un texto constitucional que no es idéntico al de los expertos, que tiene la impronta de una mayoría conservadora, pro mercado y desconfiada del Estado.

Los debates han ido subiendo de tono y han aparecido las descalificaciones reminiscentes de la convención fallida. Todos los días hay una conferencia de prensa de los sectores oficialistas denunciando las “barbaridades” aprobadas por la mayoría y que según ellos están poniendo la lápida al estado social de derechos.

La izquierda validó el proceso entusiasmada por el anteproyecto de los expertos, que dejó casi todos los temas controvertidos para que fuesen resueltos en el Congreso, lo que permitía a la izquierda seguir soñando con cambios sociales profundos, transformando la derrota en el plebiscito de salida en un repliegue “táctico”.

Hacer una Constitución es un acto esencialmente político por lo que su texto necesariamente estará imbuido de los valores y principios de quienes están encargados de redactarla. Por eso la idea de una Constitución “neutra” asexuada políticamente es una falacia y no existe en ninguna parte del mundo.

Esta realidad se ve reforzada cuando los redactores de la Constitución son personas elegidas por votación popular en representación de los partidos políticos. No es realista pedirles que dejen sus convicciones en la puerta ni menos pensar que la mayoría no ejercerá su primacía. Otra cosa muy diferente es hacer todos los esfuerzos para buscar acuerdos.

Hay que tener claro que el único acuerdo vinculante son los bordes que quedaron entronizados en la reforma constitucional que dio luz verde al nuevo proceso constituyente. Esa es la garantía de que lo que pasó en la Convención no se repetirá. Hasta ahora se han respetado.

Hasta este momento se han aprobado varias normas que son totalmente infumables para la izquierda y por eso ya se habla de “tirar la toalla”, hacer fracasar el proceso y llamar al rechazo. El drama es que ello requiere un pretexto potente para movilizar a la gente.  La izquierda no se puede dar el lujo de perder. Para su desgracia, la baja popularidad del gobierno podría jugarle en contra.

Entre las  normas cuestionadas destacan las que consagran la existencia de un sistema mixto de salud con prestadores públicos y privados y la que declara el derecho de propiedad de las cotizaciones previsionales, su heredabilidad y el derecho a elegir entre el Estado y un privado que los administre.

La izquierda está denunciando como la “constitucionalización de las Isapre y de las AFP”. Lo que en rigor no es efectivo. Nada impide que una ley las elimine. Lo único que no podría hacerse es establecer un monopolio estatal tanto en materia de salud como de previsión. Lo que sí es cierto es que de aprobarse el texto en el plebiscito de salida los proyectos de reforma que tramita el gobierno en el Congreso serían inviables por inconstitucionales.

También sostienen que estas serían materias de ley que no deberían estar en la constitución. Sin embargo, tanto en salud como en previsión se está hablando de derechos que son materias que por definición forman parte del corazón de toda constitución; y más específicamente del derecho a elegir y optar entre lo público y lo privado.  De modo que el reclamo desde un punto de vista jurídico no tiene asidero.

Lo que sí es cierto es que todo esto tiene un “tufillo” a la “democracia protegida” consagrada en la Constitución vigente (de Lagos o Pinochet, según el interlocutor), lo que es lamentable porque vivimos en una democracia madura donde el ideal es que los temas se resuelvan en el Congreso de acuerdo con el libre juego de las mayorías y minorías.

En este tema la izquierda está atrapada, en un zapato chino. Llamar a votar rechazo por unas normas que gozan de amplio respaldo en la ciudadanía sería un suicidio. La derecha se ha movido con inteligencia y astucia.

La izquierda también tocó las campanas a arrebato por la norma que protege la vida del que está por nacer porque a su juicio pone en peligro la ley que despenalizó el aborto en tres causales. Esto, de ser efectivo sería un “casus belli” que podría servir para justificar un rechazo, sobre todo en las mujeres.

Pero eso no es tan así. El cambio de la frase proteger al “que está por nacer” por “de quién está ´por nacer” no cambia el actual estado de cosas pues no convierte al feto en “persona”. Además, la Sentencia del Tribunal Constitucional que validó la ley que despenalizó el aborto define en que consiste esa protección señalando que “no puede significar un mandato para descuidar a la mujer…ni se infiere que la protección del que está por nacer sea un título que perjudique la progenitora”.

“La presencia de las tres causales obligan a ponderar las cargas excesivas que éstas significan para la mujer. El derecho no puede obligar a las personas a actuar contra si mismas y obligarlas a soportar el riego vital, la muerte de su hijo por una patología letal o la maternidad como consecuencia de la violación”. La norma aprobada por el consejo no es sustantiva y por lo tanto no contradice, anula, “deroga” ni  es incompatible con el razonamiento del tribunal.

Lo anterior no quiere decir que se pueda descartar una ofensiva legal invocando la nueva redacción para invalidar la ley y que esa haya sido la intención de sus proponentes. Después de todo, los republicanos han prometido hacer todo lo que esté de su parte para terminar con las tres causales. Los fallos siempre son imprevisibles. La Corte Suprema de EE. UU. dejó sin efecto la garantía constitucional del aborto, un precedente vigente por más de 60 años y que había sido cuestionado sin éxito por activistas del movimiento “pro-life” en múltiples oportunidades.

Por último, está el tema de la objeción de conciencia institucional. No hay en la constitución vigente una norma sobre la “objeción de conciencia”. Pero el Tribunal Constitucional la homologó en el fallo sobre la ley de las tres causales a “libertad de conciencia”, consagrada en el artículo 19 número 6 de la constitución vigente, haciéndola extensiva a todas las “personas naturales” —no solo a los profesionales de la salud— que intervengan en un procedimiento.

Ahora se establece la objeción de conciencia como un derecho Constitucional y además se extiende este derecho a las instituciones o personas jurídicas. De modo que cualquier persona o institución podría invocarlo para negarse a prestar un servicio, por ejemplo, a personas o parejas pareja homosexuales o una familia homoparental.

Esta norma está inspirada en fallos recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos. Así, por ejemplo, una pastelera se negó a confeccionar una torta de novios para una pareja homosexual invocando la objeción de conciencia porque contravenía sus creencias religiosas y la Corte Suprema, con su mayoría conservadora actual, le dio la razón.

Esto forma parte de la “guerra cultural” que se ha transformado en la gran bandera de lucha de los “megas republicanos en EE. UU. y de la extrema derecha en muchos otros países. Su importación a Chile podría traer consecuencias desastrosas para los derechos civiles de las personas, afectando el cumplimiento de las leyes que sancionan la discriminación, por sexo, raza o preferencia sexual que han significado enormes avances en el ultimo tiempo.

Así las cosas, para salir del zapato chino en que se encuentra la izquierda podría terminar prefiriendo la constitución de “Pinochet”, que con sus múltiples reformas es muchísimo más liberal que la que está emergiendo del Consejo. Además de ser susceptible de ser modificada  solo con la concurrencia de los cuatro sétimos de los diputados y senadores.

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