Mayo 11, 2024

Legalidad, orden e institucionalidad, bases del Estado de Derecho. Por Dr. Carlos del Río

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello
Cedida.

Parece que todavía necesitamos un acuerdo social, un consenso amplio sobre valores fundantes claros, al cual se pueda arribar de forma sensata y racional. Para que eso pase, necesitamos más que nunca —parafraseando a Zagrebelsky— un consenso contra la ética de las verdades totales. Este es el mejor homenaje que podemos hacer a la verdad, y lo más razonable para nuestra sociedad en busca de un mejor y más robusto Estado de Derecho.


Las circunstancias por las que atraviesa el país desde hace ya un tiempo imponen a los actores sociales y políticos una reflexión sincera en torno a la legalidad y el orden como valores imprescindibles para el Estado de Derecho moderno. La reciente tragedia en Cañete, donde tres carabineros fueron asesinados en un violento atentado, ha sacudido a la sociedad entera. Este acto brutal no solo ha generado consternación y luto en nuestro país, sino que también ha planteado interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el respeto de la ley en un contexto de creciente violencia.

Parece esencial una adhesión honesta y consecuente a la legalidad y el orden porque en rigor, aunque no siempre se tenga plena consciencia, son condiciones imprescindibles para que haya verdadero progreso social. Una idea tan básica como esencial no debiera ser —por cierto— elemento distintivo y exclusivo del discurso de un sector político, sino al contrario un espacio de consenso mínimo.

En la reciente ceremonia de inauguración del año académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, relevó los elementos esenciales del Estado de Derecho actual y el lugar en que se encuentra Chile, según distintas formas de medir el nivel de solidez de aquel.

Justamente, a propósito del Estado de Derecho también corresponde plantearse la necesidad de un entramado institucional adecuado, más complejo y eficiente. Es decir, un Estado al servicio de la persona humana, sin duda, pero también fuerte y del tamaño adecuado. Un Estado de Derecho sano no es solamente un Estado libre de corrupción, sino también con la capacidad real para asumir las funciones que como sociedad le encargamos. Ciertamente esto no es posible solo con más carabineros en las calles, como si esta fuera la única presencia estatal que demanda nuestra sociedad. El trabajo abnegado de nuestra policía es esencial en estos días que corren, pero es un error querer restringir la mirada a esa sola dimensión, cual suerte de autoengaño minarquista a la chilena. Un Estado mínimo y por lo tanto débil —por mucho que se niegue— siempre acaba siendo una utopía a favor de los que pueden aprovechar la ausencia de Estado.

Al pensar en estas dos cuestiones apuntadas —que a menudo se presentan de forma implícita como términos opuestos en la política y en la sensibilidad social del país— parece que todavía necesitamos un acuerdo social, un consenso amplio sobre valores fundantes claros, al cual se pueda arribar de forma sensata y racional. Para que eso pase, necesitamos más que nunca —parafraseando a Zagrebelsky— primero, un consenso contra la ética de las verdades totales, para abrirnos a poner en duda nuestras posiciones y disponernos a examinar de buena fe lo que pueda haber de cierto y verdadero en las posiciones de los que piensan distinto. Este es el mejor homenaje que podemos hacer a la verdad, y lo más razonable para nuestra sociedad en busca de un mejor y más robusto Estado de Derecho.

Lea también. Caminos hacia la seguridad: Entre el apoyo y la desconfianza. Por Gonzalo Valdés (Lea aquí la encuesta)

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