El último sondeo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, realizado antes del asesinato de los tres Carabineros en Cañete, nos ofrece una foto fascinante de los sentimientos colectivos actuales respecto a la seguridad. Se observa cómo la aprobación a quienes tienen el monopolio de la fuerza se entrelaza con el escepticismo, creando un paisaje complejo de percepciones y actitudes. Es de suponer que en los últimos días el apoyo ciudadano al uso de la fuerza ha aumentado.
El 68,9% de los ciudadanos expresa su acuerdo con la actuación de la policía en el control del orden público, un respaldo significativo que refleja una confianza arraigada en las fuerzas de seguridad del país. Este apoyo se ve confirmado por una valoración positiva de las fuerzas del orden y seguridad, destacando su capacidad para restablecer la calma en momentos de crisis.
Sin embargo, tras la aprobación, se vislumbra una sombra de desconfianza. Un abrumador 76,7% de los encuestados percibe la influencia de “presiones políticas” en las decisiones y acciones de la policía, lo que plantea interrogantes sobre el nivel de respaldo del Gobierno hacia las fuerzas de orden.
En cuanto a la confianza institucional, la Policía de Investigaciones (PDI) emerge como la organización más confiable, seguida de cerca por Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas. En contraste, la Fiscalía Nacional y los Tribunales de Justicia enfrentan niveles más bajos de confianza, señalando áreas de mejora en el sistema judicial del país.
La encuesta también revela una disposición generalizada a obedecer las órdenes de la policía en situaciones de crisis, lo que subraya la importancia de la colaboración ciudadana en la mantención del orden público. Sin embargo, este sentido de responsabilidad moral colectiva está acompañado por una demanda clara de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las autoridades, sin perder la capacidad de imponerse de forma efectiva y oportuna frente a quienes alteran el orden público.
El sondeo ahonda en la percepción ciudadana sobre el uso de la fuerza policial en diferentes escenarios, desde el control de identidad hasta situaciones de amenaza con armas blancas o de fuego. Estos hallazgos ponen de relieve la complejidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales, un dilema fundamental en cualquier sociedad democrática.
Finalmente, el sondeo aborda la percepción de las amenazas a la seguridad nacional y el papel de las Fuerzas Armadas en su enfrentamiento. La mayoría de los encuestados identifica al narcotráfico y crimen organizado como la principal amenaza, mientras que reconocen un papel complementario para las Fuerzas Armadas en tareas como la ayuda en desastres naturales o la vigilancia de fronteras.
Los antecedentes que muestran la encuesta del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello reflejan una profunda necesidad de orden y seguridad de la ciudadanía y, al mismo tiempo, una expectativa de que las autoridades respondan adecuadamente y con celeridad. Los ciudadanos pedimos acciones concretas.
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