Es indispensable que la investigación que lleva adelante la ministra en visita Jenny Book, designada por la Corte Suprema, establezca con absoluto rigor las circunstancias y las responsabilidades comprometidas en la tragedia de Putre, en la que, el 27 de abril, encontró la muerte el conscripto Franco Vargas, de 19 años, y sufrieron graves lesiones otros reclutas de la Brigada Motorizada Huamachuco durante su instrucción en una zona cordillerana próxima a la frontera con Perú y Bolivia.
¿Por qué recién el 30 de abril se empezó a conocer a través de la prensa cierta información sobre lo ocurrido en la marcha de Pacollo a Putre (8 kilómetros, a 4 mil metros sobre el nivel del mar), y por qué demoró tanto en abrirse paso una versión confiable hacia el Alto Mando y el Ministerio de Defensa? No tiene explicación la lentitud con que actuó la ministra Maya Fernández, quien participó el 2 de mayo en una ceremonia de la Armada, en Iquique, y no parece haberse dado cuenta de que debía dirigirse de inmediato a Putre.
La investigación deberá despejar las denuncias acerca de los eventuales malos tratos sufridos por los reclutas y el propio fallecido durante el proceso de instrucción, lo que sería gravísimo. En cualquier caso, el Ejército está obligado a revisar los criterios y protocolos con que cumplen su tarea los oficiales y suboficiales a cargo del entrenamiento. Es claro que tienen el encargo de formar combatientes, pero eso no puede confundirse con el desdén por la integridad física y moral de los reclutas.
El Ejército y las demás instituciones armadas han recorrido un largo camino para dejar atrás las concepciones arcaicas sobre la formación militar, pero surgen dudas acerca de la pervivencia de lo que podría llamarse “la virilidad espartana” como requisito forzoso del endurecimiento de los futuros soldados, y del maltrato y la humillación como vías para conseguirlo. Los tiempos han cambiado, y tales métodos son inadmisibles. Los integrantes de las FF.AA. tienen derechos inalienables que no pueden ser avasallados. Parece inevitable un examen a fondo de las concepciones y el funcionamiento del Servicio Militar.
El general Javier Iturriaga, comandante en jefe del Ejército, reconoció las fallas institucionales para enfrentar la tragedia. “Es doloroso constatar -dijo-, que la información preliminar entregada adoleció de falta de precisión, y ello llevó a las diferentes contradicciones de público conocimiento”. Agregó que era necesario determinar si se había ocultado información o se había mentido directamente. El lunes 6, llamó a retiro a un capitán y un teniente, que estuvieron en la marcha, y el martes 7 a un comandante de sección y cinco suboficiales. El miércoles 8, llamó también a retiro al comandante de la VI División, el general de brigada Rubén Castillo, y al comandante de la Brigada Huamachuco, el coronel Sebastián Silva, lo que dejó de manifiesto la gravedad de lo ocurrido.
En este contexto, hemos vuelto a ver cuán lejos ha llegado la banalización de la política. El miércoles 8, el diputado Félix González, del Frente Regionalista Verde Social, lanzó una requisitoria: “Si el general Iturriaga no es destituido, juntaré las firmas necesarias para una acusación constitucional en el Congreso”. El viernes 10, el diputado Leonardo Soto, del Partido Socialista, afirmó poco antes de que Iturriaga se reuniera con Boric en La Moneda: “Hoy existe un riesgo real de que el presidente le pida que dé un paso al costado por su falta de liderazgo y control”.
¿Qué mínimo sentido de Estado tienen estos diputados al plantear con tanta soltura de cuerpo el descabezamiento del Ejército? ¿Es que ya todo se reduce a “hacer noticia” con vistas a su reelección, aunque sea a costa de fomentar la inestabilidad institucional? ¿Qué idea tienen del interés nacional, y de su propia responsabilidad como “parlamentarios de la República”?
El general Iturriaga seguirá a la cabeza del Ejército en una coyuntura muy desafiante. Es probable que, en estos días, haya descubierto nuevas aristas en su compleja tarea como comandante en jefe, y que haya sopesado mejor el valor de las comunicaciones y la interacción con la sociedad. En los tiempos que corren, en que la información fluye vertiginosamente, el Ejército no puede retraerse sobre sí mismo. Necesita generar una relación de confianza con el país entero.
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