A muchos les llamó la atención la brutal honestidad del discurso de toma de mando del Presidente argentino Javier Milei, cuando reconoció que los tiempos que venían por delante iban a ser duros y de sacrificio. En general los políticos prometen que ellos si van a ser capaces de resolver todos los problemas y traer el paraíso en la tierra. En cambio, tienden a culpar de todos los males -pasados, presentes y futuros- al gobierno anterior.
Si bien en el caso argentino el caos que recibió la administración Milei sí se debe a la desastrosa gestión económica y destrucción institucional kirchnerista, reconocer que la situación fiscal era estrecha y que lo que se necesitaba era un ajuste del gasto, es siempre impopular, costoso políticamente y por lo mismo, muy raro de ver. No obstante, muchas veces es necesario.
Cuando se gasta más de lo que se recauda, los gobiernos tienen tres formas de financiar sus déficits. En la ausencia de un Banco Central autónomo, se monetiza, lo que equivale a “imprimir” billetes, generando inflación (que es un impuesto) y una situación como la trasandina, donde ahora el gobierno trata de evitar “irse a la hiper”. Afortunadamente no es el caso de Chile.
La segunda manera es a través de contraer deudas, al igual que las empresas o familias. Todos sabemos que hay límites para el endeudamiento y que -por lo mismo- uno no puede confiar con que siempre te vas a poder endeudar. Para eso medimos la deuda sobre el PIB y existen las clasificadoras de riesgo.
La tercera y como dijimos, siempre esquiva e impopular manera, es reconocer la fuente del problema: que se está gastando más que lo que recauda y ajustar el gasto. Veamos cuán compleja es la situación en Chile.
La actual administración recibió un gobierno con un nivel de deuda sobre el PIB de 36% y en dos años la llevó a 39,7%, es decir un aumento de casi 4 puntos del PIB. Pero seguirá creciendo. Hacia fines de este año, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) estima que llegue a un 41,2% del PIB, para mantenerse en torno a estos niveles hasta 2028 (último año con estimación de Hacienda). Esto implica que si en 2021 el gobierno central gastó $2 billones en concepto de intereses, este año la cifra superará los $3,5 billones para llegar a más de $4 billones el 2028 y recién entonces comenzar a bajar. Esto, sí y sólo sí, se cumple nuestro marco de política fiscal.
El problema es que nuestra regla de política no siempre se cumple. Existen muchos temas que se deben discutir. Acá voy a mencionar dos que me parecen urgente de tratar por la magnitud en que la actual administración los ha abierto.
El primero es el uso que se da al incremento en la deuda. Como mencionábamos recién, la deuda se puede utilizar para financiar un déficit, pero también tiene otros usos. Entre 2022 y 2023, de los 3,8 del PIB de incremento en deuda, sólo 1,3 puntos se explican como financiamiento del déficit. La pregunta es ¿para qué se utilizaron los 2,5 puntos restantes? Estas son transacciones del gobierno que van “bajo la línea”, no se incluyen dentro de la ley de Presupuestos, y su presentación agregada es menos transparente.
La magnitud en que ha crecido este ítem durante esta administración es enorme y la Dipres debería mostrar con mayor claridad su uso: ¿capitalizaciones a empresas públicas deficitarias? ¿compras de carteras del CAE? ¿aumento de fondos CORFO? ¿Cuáles son los criterios para estas inversiones o compra de activos por parte del Fisco que estamos financiando con toma de deuda al mismo tiempo que discutimos una reforma fiscal para aumentar los ingresos?
El segundo punto es que todas las estimaciones de estabilización de la deuda suponen que efectivamente se cumplen las metas de gasto. Pero miremos la evidencia. En abril de 2022, cuando comenzó esta administración, se fijó una meta que consistía en terminar entregando el gobierno con un balance estructural de -0,3% del PIB al 2026. Una meta ambiciosa y loable. Aun así, y considerando todos los gastos comprometidos, se estimaba que entre 2023 y 2026 habría holguras de gasto positivas -es decir que el gobierno tendría espacio para expandir el gasto (sin reformas tributarias de por medio)- en promedio de US$6.400 millones anuales.
Ya en mayo de 2023, para poder mantener el objetivo de llegar a ese -0,3% en 2026, las holguras de gasto promedio habían caído a un promedio de US$2.450 millones. Pero en la última presentación del Informe de Finanzas Públicas presentado por Hacienda y la Dipres a comienzos de este año, la meta para el balance ajustado por ciclo para el 2026 ya no es -0,3% del PIB sino -0,5% y las holguras desaparecieron totalmente. Entre 2025 y 2026 el gasto compatible con esa meta debiese caer en US$500 millones. Ups…no, ya no hay plata.
Una parte de la explicación es, ciertamente, el ciclo macroeconómico. Siempre tendemos a estimar que las cosas van a andar un poco mejor de la realidad. Pero la más importante es el nivel de gastos comprometidos como proporción de los ingresos. Si en 2022 éstos representaban un increíble 98,5% (al 2026), en 2024 se estiman llegarán a un 102%.
En otras palabras, sea quien sea el Presidente electo a fines del 2025, tendrá que asumir pensando que uno de los legados de esta administración fiscal será que -nuevamente- no habrá plata. Partirá sin ninguna holgura de gasto, a menos que hagamos lo que siempre hacemos. Postergar el objetivo de alcanzar el balance estructural cuatro años más, incrementar un poco más el nivel de deuda y seguir así hasta que finalmente nos demos cuenta de que lo que realmente necesita el Estado de Chile es reordenar su nivel y no solamente la tasa de crecimiento de gasto público.
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