Modernización del Estado: Desafíos y Reformas para una Democracia Virtuosa. Por Tomás Sánchez V.

Investigador Asociado, Horizontal

La reforma del Estatuto Administrativo, enfocada en dos estamentos y un sistema de carrera basado en el mérito, establecería las bases para un servicio público profesional y eficiente.


Una acusación constitucional puede dar un golpe en la mesa en corto plazo, pero para resolver los problemas de corrupción, solo queda modernizar el Estado. En específico, mejorar la gobernanza de las instituciones públicas y reformar el empleo público. Por un lado, es difícil desarrollar y operar instituciones cuando sus cabezas tienden a rotar cada cuatro años, y por otro lado, es complejo crear organizaciones virtuosas cuando las personas en ellas tienen los incentivos mal puestos.

Si bien la creación del Sistema de Alta Dirección Pública hace 20 años ha mejorado las cosas en comparación al siglo pasado, aún queda mucho camino por recorrer, de cara a crear un servicio público profesional con la estabilidad y una gestión de largo plazo, que es necesaria. Esto se refleja en que más del 40% de los jefes de servicio salieron involuntariamente durante el primer año de los últimos tres gobiernos, y la duración promedio de un directivo elegido por ADP es de apenas 3 años. Difícil liderar organizaciones así.

Por el lado del empleo, el Estatuto Administrativo es una herencia de la Constitución de 1925, por lo mismo, puede que requiera una actualización después de 100 años. La primera peculiaridad es que el empleo público tiene tres categorías de funcionarios: planta, honorario y contrata, siendo estos últimos un 67% del total de los empleados del gobierno central. Esta creciente irregularidad, terminó en tribunales y contraloría, con dictámenes que rigidizan las relaciones laborales, siendo prácticamente imposible desvincular a una persona que hace mal su trabajo en caso de llevar más de dos años en su cargo. En paralelo, el sistema de evaluación es uno disfuncional e irrelevante cuando queda la constancia de que el 98,7% de los funcionarios recibió la nota máxima sobre su desempeño. En español: Estamos lejos de tener un sistema universal, transparente y meritocrático en el Estado de Chile.

De cara a resolver esto, es necesario diseñar gobernanzas institucionales en base a consejos colegiados con potestad fiscalizadora y autonomía legal. Por el lado del empleo público, reformar el Estatuto Administrativo para crear solo dos estamentos: funcionarios de carrera y funcionarios de gobierno, en conjunto con un sistema meritocrático de carrera y gestión. (Reporte de Horizontal sobre Modernización del Estado).

Puede que estas dos reformas suenen técnicas, formales y triviales, pero son cruciales.

¿Qué hace la gestión del Estado tan especial en comparación a otras organizaciones que necesita de tanta atención? Tres particularidades relacionadas entre ellas:

  • Primero, el Estado tiene un enorme desafío de agencia. Es decir, el mandante (el pueblo) está muy lejos de quien ejecuta las tareas de su interés (el jefe de servicio y el funcionario), por lo tanto, el que todos estén alineados y tengan los incentivos en el mismo lugar es complejo. En el caso de una organización más pequeña, como una empresa mediana, el dueño o los accionistas pueden estar más presentes y existen instancias de gobernanza como directorios, que permiten supervisar a la gerencia y asegurar que los intereses de accionistas, gerentes y empleados estén alineados. En el caso del Estado, esto es mucho más complejo, y por lo mismo, necesita de un sistema bien diseñado que asegure un desempeño en línea con lo mandatado por el pueblo a través de las elecciones y representantes, pero no por eso, se transforme en una agencia de empleo para los amigos de los recién elegidos.
  • La segunda gran diferencia y problema, es la rendición de cuentas. En una organización masiva como el Estado sin un sistema de evaluación de desempeño efectivo, la dilución de responsabilidades termina por ser la norma. Cuando alguien es negligente, hace mal su trabajo o sus decisiones le cuestan caro al país, suele no tener repercusiones, a menos que sea un ministro o personero de primera línea. Situación absolutamente diferente al resto de los empleados del país, quienes, si rinden cuentas, dado que el mandante se puede hacer presente.
  • Tercero, el Estado está a cargo del buen funcionamiento del país, lo que implica una complejidad sin parangón. Por ello, es que necesitamos que el Estado funcione mejor que el sector privado. Para lograr este objetivo, es fundamental desarrollar instituciones autónomas que sean capaces de actuar pensando en el largo plazo y desarrollar las capacidades necesarias para cumplir sus objetivos, sin sufrir la intromisión política en todos sus niveles. Pero esto es imposible en un Estado donde la discrecionalidad política descabeza instituciones periódicamente, donde los partidos tienen operadores entrometidos en todos los niveles, y donde estas instituciones no pueden gestionar a sus equipos meritocráticamente.

Sólo organizaciones autónomas y competentes en términos técnicos y gestión pueden hacer bien su trabajo y rendir cuentas por sus acciones, así, serán los representantes, quienes fiscalicen su actuar y ajusten sus objetivos, en base al mandato popular. Así es como debiera funcionar una democracia virtuosa y un Estado moderno, que permita ejecutar la voluntad de las personas.

Lamentablemente, hoy entre el pueblo y el accionar de sus representantes existen fricciones relevantes que no permiten implementar lo que le conviene a Chile. Entre ellas se encuentran el clientelismo y los gremios de funcionarios. A pesar de que la iniciativa de participación ciudadana “Por un Estado sin Pitutos” obtuvo amplia adhesión ciudadana, Centros de Estudios de todos los colores políticos han propuesto Modernizar el Estado, y el 90% de los funcionarios considera vital mejorar la calidad del empleo público, la pelota está trancada. ¿Haremos algo al respecto?

 

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