Los “miguelitos” que el general director de Carabineros lanzó al Gobierno. Por Jorge Schaulsohn

El general Yáñez puso a la ministra del Interior en una situación muy difícil pues no le quedaba otro camino que actuar como lo habría hecho cualquier otro ministro del Interior en sus zapatos, de cualquier Gobierno: citar al general a dar explicación de sus dichos. Pero la ministra Tohá cometió un grave error; se olvidó de que estos no son tiempos normales porque el país está en medio de una tremenda crisis de seguridad pública, con niveles de delincuencia inéditos en nuestra historia. Sin embargo, las declaraciones del general Yáñez no se pueden dejar pasar y ameritan una reflexión.

Ha sido una semana muy agitada para el Gobierno en la que se le desarmó su agenda comunicacional centrada en el cambio de gabinete y la Reforma Tributaria con la que estaba obteniendo dividendos políticos, pese al rechazo de la idea de legislar, al responsabilizar a la derecha de su derrota acusándola de la falta de recursos para financiar el aumento de las pensiones y el gasto social.

Por primera vez en mucho tiempo el Gobierno había pasado a la ofensiva logrando un respiro con el despliegue de militares en la frontera norte aprobado por más del 90% de la población, algunos modestos pero significativos “brotes verdes” en materia económica con una baja en la Unidad de Fomento y buen manejo de la crisis de los incendios.

Incluso, se había sobrepuesto a los efectos de un desabrido cambio de gabinete ejecutado con una desprolijidad inconcebible y que dejó un saldo de dos partidos con representación parlamentaria sin ministerios, cuyos votos en la Cámara son fundamentales y quedaron indignados por haber sido excluidos.

Sin embargo todo se malogró a raíz de un conflicto provocado  por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que emplazó a los poderes del Estado a dictar leyes para que carabineros pueda tener la “certeza de que no va a ser cuestionado por el ministerio público ni por las autoridades, ni por nadie”; un comportamiento insólito y fuera de lugar, porque en un Estado de Derecho democrático al jefe de la policía no le está permitido emplazar a las autoridades públicamente por los medios de comunicación, cosa que el general sabe perfectamente.

El general Yáñez puso a la ministra del Interior en una situación muy difícil pues no le quedaba otro camino que actuar como lo habría hecho cualquier otro ministro del Interior en sus zapatos, de cualquier Gobierno: citar al general a dar explicación de sus dichos.

Pero la ministra Tohá cometió un grave error; se olvidó de que estos no son tiempos normales porque el país está en medio de una tremenda crisis de seguridad pública, con niveles de delincuencia inéditos en nuestra historia. Además, su citación al general la hizo justo en momentos en que un carabinero, atropellado por un delincuente en concepción mientras cumplía labores policiales agonizaba; y que el mismo día en que el general Yáñez tenía que ir a La Moneda recibir un “tirón de orejas” falleció.

La reacción de la opinión pública no se hizo esperar y el incidente se transformó para el Gobierno y para la ministra en una debacle política y comunicacional. Vivimos en un clima de amedrentamiento en el que a la ciudadanía le importa muy poco la legalidad de los medios que se usen para desarticular las bandas delictuales.

Algunos sectores de nuestra sociedad parecen encandilados, hay una cierta admiración, por el presidente salvadoreño Bukele quien haciendo uso de un Estado de Emergencia ha suprimido todas las garantías del debido proceso legal, encarcelando a miles de personas, muchas de las cuales no han sido sometidas a juicio alguno que demuestre su culpabilidad. Ese no es el camino para una democracia. No hay que olvidar que cuando se hace la vista gorda y se tolera o aplaude la transgresión de las garantías y derechos básicos para castigar a un segmento de la población objeto del odio y el repudio del resto, tarde o temprano se verá afectada toda la sociedad.

El tema de la delincuencia se reinstaló con más fuerza que nunca y el Gobierno quedó como insensible y poco empático con carabineros, una imputación que tiene gran credibilidad en la ciudadanía porque muchos de los actuales personeros de Gobierno y lideres de Apruebo Dignidad tienen una extensa y documentada historia de hostilidad hacia la institución policial que incluye muchas acusaciones infundadas de violaciones a los DDHH durante el estallido social; y que  llevo a tres ministros de estado a reunirse con altos mandos para pedir excusas por sus dichos y publicaciones.

Fruto de las circunstancias, hoy Carabineros paso de ser una institución execrada por un sector de la izquierda gobernante cuyo destino era ser refundada a la categoría de intocable. El Gobierno sabe perfectamente que depende del Carabineros para resolver el problema más acuciante que afecta a la población; y que es la causa  principal de su impopularidad.

Este gobierno ya no es el mismo que asumió el 11 de marzo de 2022 y que se caracterizó por una tremenda hostilidad hacia la fuerza pública; ya sea por convicción o necesidad hoy se puso del lado de las policías.

Sin embargo, las declaraciones del general Yáñez no se pueden dejar pasar y ameritan una reflexión: las hizo en el contexto de una tragedia en la cual el Gobierno no tenía absolutamente ninguna responsabilidad aprovechando indebidamente la ocasión para endosarle el drama   al mundo político; y a sabiendas de que sacaría ronchas lo  emplazó  a entregar herramientas para que el carabinero pueda salir a “trabajar tranquilo y con tranquilidad para que cuando está cumpliendo con la ley y está haciendo su trabajo”.

¿A qué se refiere el general? Si está diciendo que el Estado no le ha proporcionado los medios materiales para desarrollar su labor estaría siendo injusto ya que tanto el ejecutivo como el Congreso no han escatimado en recursos para mejorar la situación de Carabineros.

Tampoco se podría quejar de falta de apoyo político porque el Gobierno, en un giro de 180 grados, ha respaldado en todo momento la actuación policial; incluso cuando carabineros, en servicio activo o de franco, en situaciones dudosas desde el punto de vista estrictamente jurídico de la legítima defensa, han hecho uso de sus armas de servicio contra delincuentes en situaciones de encerronas o robo de vehículos particulares.

Pero Yáñez tiene un punto en el tema de la legítima defensa aplicable a las policías porque en nuestra legislación no hay un tratamiento específico para ellas. Por eso cuando un carabinero usa su arma de servicio en situaciones ambiguas debe intervenir el Ministerio Público e investigar si concurren o no las circunstancias que ameritan la eximente de responsabilidad penal de la legítima defensa; y es posible que el policía este como imputado hasta que se aclaren las circunstancias. Sin embargo, esta no es una interferencia indebida del fiscal con la labor de carabineros como insinúa el general director, porque solo se está dando cumplimiento a la Ley.

También es cierto que ese puede ser un factor que inhiba al policía al momento de decidir si usa o no su arma de servicio, por temor a terminar formalizado, poniendo en riesgo su integridad física; y este es un asunto que hay que resolver teniendo reglas claras diseñadas específicamente para actuaciones en el cumplimiento de la función policial, pero que en ningún caso significan “chipe libre” para disparar.

Por eso hay un proyecto de ley en plena  tramitación en la Cámara de Diputados y Diputadas que establece la “legítima defensa privilegiada en actuaciones en cumplimiento de la función policial” justamente para proteger a las policías, cuyo único artículo establece que se presumirá legalmente que existe legítima defensa respecto de aquel funcionario que rechaza agresiones por vías de hecho mediante artes marciales, objeto contundente, arma blanca o de fuego y cuando trate de impedir la consumación de ciertos delitos.

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