En agosto del año pasado, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Inflation Reduction Act (IRA) y el CHIPS and Science Act (CHIPS). El IRA tiene como objetivo reducir sustancialmente las emisiones de carbono de ese país para el final de este década, incentivando la producción y el desarrollo local de energías y tecnologías limpias. Por su parte, CHIPS tiene como objetivo reorientar la producción de semiconductores hacia territorio nacional, insumo crítico para la industria tecnológica, seguridad nacional y de relevancia geopolítica en la relación comercial USA-China.
IRA y CHIPS no son otra cosa que instrumentos de política industrial moderna. En este caso, a través de más de US$ 400.000 millones (¡1,3 veces el PIB de Chile!) otorgados en forma de (i) créditos tributarios, (ii) subsidios condicionados y (iii) garantías estatales para préstamos, el Estado norteamericano busca atraer empresas para el desarrollo local de las industrias de energías limpias, transporte eléctrico y de semiconductores. También se incluyen incentivos a los consumidores como, por ejemplo, un crédito fiscal de hasta US$ 7,500 para la compra de vehículos eléctricos.
A un año de su implementación, los resultados son auspiciosos. Ford ya anunció la construcción de una fábrica de autos eléctricos en Michigan y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (principal proveedor de chips para Iphones) invertirá US$ 12.000 millones en un planta de chips de generación N-5 en Phoenix, Arizona. En total, se han anunciado alrededor de 100 proyectos por US$ 224.000 millones que prometen 100 mil puestos de trabajo adicionales. Un tercio de la inversión anunciada viene de empresas extranjeras, principalmente de Corea y de Europa. El mismo CEO de Apple, Tim Cook, describió este panorama como “un momento increíblemente significativo” que ayudaría a “crear empleos estadounidenses de alta tecnología, los empleos del futuro”.
Todavía falta tiempo para evaluar si todas estas inversiones se materializarán, pero el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya podría tomar nota de la experiencia estadounidense con el IRA y CHIPS, para enmendar una de sus políticas estrella: la Estrategia Nacional del Litio (ENL). Los objetivos son compartidos, ya que ambos países están apostando por políticas que pretenden favorecer el desarrollo de industrias locales. Veamos.
Mientras Estados Unidos basa por completo su estrategia en la empresa privada como motor de innovación y desarrollo, la ENL nacionaliza la producción de litio, al establecer que el Estado debe tener una participación mayoritaria en los proyectos de explotación. Peor aún, lo hace a través de empresas estatales como Enami, que ha demostrado con creces ser ineficiente y no tener un mínimo know-how del negocio. En general, apostar por el Estado como motor de crecimiento de un sector, va totalmente en contra de las estrategias de política industrial moderna que hoy vemos.
Mientras el IRA y CHIPS tienen un sentido de urgencia (los beneficios fiscales para las empresas se encuentran disponibles desde el día uno), al no hacer concesible el litio y obligar a los privados a asociarse con el Estado, la ENL nos aleja de la ventana de oportunidad del litio. La visión anacrónica de que el Estado debe ser el “controlador” de los recursos estratégicos, nos costará caro en una carrera donde ya hemos perdido competitividad en relación a nuestros competidores. Australia nos superó el 2016 como el principal productor mundial y, según las proyecciones, Argentina lo hará el 2027.
Por último, y probablemente la lección más relevante, es que a diferencia de una buena política industrial, la ENL no resuelve las restricciones activas que aquejan a la industria del litio. En buen chileno: “no rasca donde pica”. Por el contrario, el IRA y CHIPS, sí lo hacen. Ofrecer créditos tributarios o garantías estatales para préstamos, disminuye el costo de capital para grandes inversiones como plantas generadores de energía o fábricas de automóviles. A todas luces, una importante barrera a la entrada.
Si de verdad queremos que la ENL remueva los cuellos de botella que hoy existen en la industria del litio, debería enfocarse en generar un marco regulatorio pro-inversión; eliminar el carácter “no concesible” del litio; disminuir la excesiva permisología a la que se enfrentan los proyectos y generar incentivos fiscales (vía tributos u otras herramientas) para hacer más atractiva la instalación de nuevos actores en la industria.
Luego del anuncio de la construcción de la planta en Michigan, Lisa Drake, vicepresidenta de vehículos eléctricos en Ford, afirmaba: “El IRA fue increíblemente importante para nosotros y, francamente, hizo lo que estaba destinado a hacer”. En el escenario actual en que se encuentra la industria nacional del litio, una declaración de este tipo parece una utopía.
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