La semana pasada nos enteramos que la Comisión de Mercado Financiero (CMF) sancionó con una multa de más de 500 millones de pesos al gerente general de Cencosud por el uso de información privilegiada, al haber adquirido más de 600.000 acciones de la compañía mientras ésta negociaba la compra de un supermercado en Brasil. Además, la misma entidad derivó los antecedentes al Ministerio Público para que éste investigue si la conducta también implicaría un delito, lo que tendrá que determinar la justicia.
Lo anterior ha llevado a diversos analistas y especialistas en compliance y derecho penal a analizar el impacto que este hecho puede tener en la reputación de la propia empresa -que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto-, en la industria del retail, pero también, en la confianza del sector privado en general. Previendo esto último, las dos asociaciones gremiales principales -la SOFOFA y la CPC-, se pronunciaron criticando estos hechos y la primera está analizando posibles acciones con su Comité de Ética.
Casualmente, a los pocos días después, la SOFOFA y CADEM lanzaron una nueva versión de su estudio Barómetro de Confianza Empresarial que indica una tendencia al alza de la confianza general en las empresas, pero que aún no logra llegar a los niveles previos al estallido social. Tal como se indica, las personas que evalúan negativamente a este sector, lo hacen por “la sensación de abuso, maltrato y corrupción”, por lo que “reforzar la transparencia, honestidad y entrega de información” se ven como acciones clave para remediarlo.
Por otra parte, se destaca, dentro de los atributos que la ciudadanía considera como más relevantes para considerar a un empresario como bueno, “el ser confiable, creíble y honrado”. Dentro de los diversos grupos que participaron en la encuesta, los jóvenes son los que menos confían (sólo un 30% confía hoy en las grandes empresas).
Lo anterior puede ser visto desde el lado positivo y el vaso medio lleno: un sector clave en nuestras sociedades ha ido recuperando, de a poco, los niveles de confianza de la ciudadanía y, acciones como fortalecer su transparencia y su integridad pueden ser clave para no solo remontar a cifras previas al estallido, sino aumentarlas.
En este sentido, podemos ver la nueva Ley de Delitos Económicos como una oportunidad para este sector de seguir avanzando en la senda de la prevención de este tipo de hechos -profundizando sus procedimientos y medidas de compliance y gestión de riesgos-, con sanciones contundentes que podrían dejar en el pasado la percepción de abuso y de impunidad de los llamados delitos de cuello y corbata.
Chile, otra vez, vuelve a liderar en esta materia en la región, estableciendo los más altos estándares de integridad para un sector con un relevante impacto social y en el desarrollo y dando la señal de que la impunidad en esta materia, no es una opción.
La propuesta de beneficiario final -conocer quiénes son los propietarios o controladores finales- de empresas y estructuras jurídicas que pronto presentará el gobierno al Congreso- será una forma más de avanzar en esta transparencia y credibilidad que la ciudadanía demanda. Pero, además, le dará un herramienta clave a todas las empresas de poder contar con una debida diligencia respecto de con quiénes se relacionan, de modo que la prevención de delitos económicos al interior de sus empresas o de otras relacionadas, sea mucho más efectivo.
Sin duda todo esto puede contribuir a que nuestras empresas, tanto en Chile como en el exterior, sean vistas como confiables, transparentes y seguras para invertir.
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