Las empresas del Estado: problema de gobierno. Por Héctor Lehuedé

Para algunos la pregunta en materia de empresas del Estado es tenerlas o no tenerlas, y la respuesta suele alinearse con su ideología política y opinión frente al capitalismo. Pero ocurre que para otros, la cuestión es para qué tenerlas y cómo administrarlas bien, de forma que sean un real aporte a la sociedad y no el botín de los políticos de turno en el poder.

Por mucho tiempo, bajo la influencia de la Constitución de 1980, Chile ha adoptado la posición de que es mejor no tener empresas estatales, salvo las que por una u otra razón sobrevivieron a la privatización en masa de los años ochenta. Se han creado muy pocas empresas nuevas y siempre ha sido con el criterio de subsidiaridad, que podría resumirse en no hacer empresas estatales para actividades que ya ofrece el mercado. La propuesta de nueva Constitución, que fue rechazada por los chilenos en septiembre de 2022, optaba por el modelo inverso, muy común en las constituciones de inspiración bolivariana (como las de Venezuela, Ecuador y Bolivia). Ahí se proponía que no solo el Estado, sino también las entidades estatales intermedias, pudiesen crear empresas con total autonomía.

Esos polos opuestos son reflejo de que para algunos la pregunta en materia de empresas del Estado es tenerlas o no tenerlas, y la respuesta suele alinearse con su ideología política y opinión frente al capitalismo. Pero ocurre que para otros, la cuestión es para qué tenerlas y cómo administrarlas bien, de forma que sean un real aporte a la sociedad y no el botín de los políticos de turno en el poder. En este segundo caso, la respuesta es técnica y se encuentra en las buenas prácticas y recomendaciones internacionales de la OCDE, el BID o la CAF, por nombrar algunas. Siguiendo esas recomendaciones es posible contar con empresas públicas eficientes y sostenibles, que aportan recursos y bienestar a los ciudadanos.

Para que Chile ingresara a la OCDE, el primer gobierno de Michelle Bachelet hizo el esfuerzo de reformar el gobierno corporativo de Codelco, avanzando tanto como lo permitió el sistema político de la época para acercarse a las buenas prácticas propuestas por Directrices de la OCDE. También prometió reformar a continuación el de ENAP, BancoEstado, ENAMI y otras empresas que estaban (y siguen aún) fuera del control del Sistema de Empresas Públicas, que es la agencia estatal que administra la mayoría (20) de las empresas en que el Fisco es dueño. Parte de esas promesas jamás se cumplieron y el ímpetu reformador murió rápidamente. Una revisión de las noticias del último trimestre da una indicación que esas reformas siguen siendo urgentes.

El gobierno corporativo de ENAP fue reformado en 2017, de forma parecida a la usada en Codelco y, al igual que esa Corporación, ha tenido que enfrentar desafíos por la falta de independencia del Directorio respecto del ciclo político. Dicho en simple, los gobiernos de turno dominan el directorio, que tiende a enfocarse en la agenda de quien lo ha designado y no en la estrategia de largo plazo, pues los directores saben que el gobierno siguiente los remplazará. Apenas iniciado este gobierno, ENAP tuvo que lidiar con los problemas del proyecto de gas licuado domiciliario que se le impuso implementar. Los altos costos de operación del plan piloto llevaron a la empresa a reformular los planes que le presentó el Ejecutivo, pero no evitaron que fuese objeto de burla y que se haya mermado la confianza en la capacidad del Estado empresario.

Dentro de las entidades no reformadas, BancoEstado mantiene una estructura de administración en base a tres liderazgos paralelos y un consejo, un modelo que fijó el gobierno militar en 1978 para poder equilibrar la influencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en el banco. Esa gobernanza nunca fue ni es funcional, pero no se corrige desde entonces.

Y finalmente está el caso de ENAMI. La Empresa Nacional de Minería señala en su sitio web que su misión es contribuir al desarrollo sustentable de la pequeña y mediana minería, generando condiciones favorables para su competitividad. Esta misión de subsidio a la industria, conjugada con un reporte que no distingue claramente lo que es operativo y lo que es subsidio, ha sido históricamente una excusa para justificar pérdidas, dejando la duda si ellas son solo fruto del celo por apoyar a las PYMES o también resultado de una mala gestión.

En la práctica, ENAMI enfrenta una complicada situación financiera, con elevada deuda y pérdidas, lo que ha sido alertado por Sonami al gobierno. Un ex-Vicepresidente Ejecutivo ha llamado al directorio de la empresa, presidido por la Ministra de Minería, a terminar con el despilfarro. Hace unas semanas, el Congreso creó una Comisión Investigadora para revisar la situación de la empresa. Además, Libertad y Desarrollo publicó recientemente un estudio que alerta sobre el aumento de los costos, principalmente por aumento del personal administrativo, al tiempo que la empresa ha reducido su patrimonio a la mitad en dos años.

Pero nada de lo anterior ha sido obstáculo para que el Vicepresidente Ejecutivo de ENAMI declare que ya conformaron una filial para entrar al negocio del litio, donde él y los mismos actuales ejecutivos y directores de la empresa conforman el directorio. Ha señalado que buscan para ello un socio minoritario del sector privado, que tenga experiencia y solvencia, ya que reconoce que no saben del negocio ni cuentan con el capital para desarrollarlo.

Incluso si Chile estuviera creciendo económicamente y no viviera la estrechez fiscal actual, es urgente evaluar con cuidado la asignación de recursos y capacidades fiscales, que siempre son finitas. Ojalá quienes legítimamente creen que el Estado debe o puede tener un rol productivo primordial en ciertos sectores de la economía, le echen un vistazo a las guías y recomendaciones internacionales. Verían que si hacen las reformas necesarias, quitándole poder al poder político de turno y creando directorios y administraciones profesionales, con objetivos de largo plazo y rendición de cuentas transparente, podrían permitir que las empresas del Estado alcancen sus metas sin despilfarrar los recursos de todos.

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