El plebiscito de salida para la nueva constitución se nos presenta de forma binaria. Ambas opciones, apruebo y rechazo, implican consecuencias que para muchos dejarán al país en un callejón sin salida, con desafíos políticos y sociales que hace décadas no experimentamos. Pero no todo es blanco o negro. La historia no está escrita y el futuro aguarda.
Si la ciudadanía dice “Apruebo” al proyecto de nueva constitución, habrá graves consecuencias para Chile. Primero, la implementación de un Estado plurinacional es una mala noticia, ya que fragmenta el territorio con autonomías territoriales y genera desigualdad ante la ley, con justicias paralelas que dependerán de la etnia de las personas. Todo esto sumado a un mecanismo de restitución de tierras indígenas por utilidad pública, el cual dará paso a expropiaciones masivas con una indemnización al discutido concepto del “justo precio”.
Segundo, el sistema político se verá fuertemente debilitado: la combinación de un bicameralismo asimétrico -unicameralismo disfrazado- con un presidencialismo supuestamente atenuado constituye una innovación sin precedentes, que deja a la nueva Cámara (Congreso de Diputados y Diputadas) sin contrapesos efectivos. Y tercero, la regionalización —necesaria y urgente— ha sido planteada sin considerar las complejas realidades territoriales, facultando a las Asambleas Regionales con atribuciones peligrosas; como contraer deudas, fijar impuestos y crear empresas públicas.
Pero si el 4 de septiembre la ciudadanía dice “Rechazo” a la propuesta de la Convención, la Constitución que actualmente nos rige seguirá totalmente vigente. Esto no solo significará retrotraernos al día previo al plebiscito de entrada, con las tensiones y chantajes de violencia que el país experimentó, sino también volver a los problemas propios de la Constitución vigente; como su ineficacia para procesar leyes y su poca practicidad en garantizar ciertos derechos fundamentales. Y algo aún más grave: volveríamos a una Constitución que el 78% de Chile quiso superar.
Aunque los panoramas en ambos casos tienen mal pronóstico, los dos resultados pueden ser trabajados y mejorados. La diferencia fundamental está en los tiempos. El apruebo requerirá un trabajo posterior al plebiscito, pero el del rechazo se debe adelantar. En efecto, la victoria del apruebo implica un intenso trabajo político y legislativo para los años que vienen. De hecho, ya hay más de 150 mandatos constitucionales al Estado que requerirán debates políticos y ajustes legislativos para traer certeza a nuestro sistema político.
Un claro ejemplo es el artículo aprobado que dispone el deber al Estado de consultar y recibir el consentimiento de los pueblos indígenas sobre cualquier acto que pudiera afectar sus derechos reconocidos en la Constitución. Es decir, cualquier obra pública, decisión administrativa o aplicación de la ley podría ser frenada por no obtener dicho consentimiento. ¿Cómo funcionará esto? Nadie lo sabe aún.
Los efectos del rechazo, por su parte, ya los insinuó el Presidente Boric la semana pasada: si no gana el apruebo, el Gobierno trabajará desde el 5 de septiembre para hacer cambios estructurales a la Constitución que permitan llevar a cabo su programa. En el hipotético escenario de que gane el rechazo, a todos les conviene una salida alternativa conocida. Esta debiera consistir en un camino mixto: uno que fortalezca la institucionalidad política, le de cabida a los expertos y permita a la ciudadanía tener un rol vinculante en su destino constitucional.
Una opción razonable puede consistir en tres pasos. Primero, reeditar la experiencia de la mesa técnica del 15 de noviembre para trabajar desde un piso transversal y dialogante, que entregue garantías de profesionalismo y seriedad. Luego, discutir dicho acuerdo en el Congreso Nacional, dotándolo de legitimidad democrática. Por último, que esa propuesta incluya mecanismos de participación directa de la ciudadanía, cerrándola con el broche de un plebiscito ratificatorio.
Esta propuesta de tercera vía no tiene por qué esperar. De ganar el rechazo y existir un acuerdo así, todos ganan. Incluso el gobierno, pues aún tendría piso, a través de un camino previamente conocido, para impulsar los cambios que considere necesarios. Esto nos acercará más a lo que parecen querer los chilenos: contar con un procedimiento que ofrezca una constitución que siembre las bases de unión y reconstrucción social luego de una honda fractura; sin revanchismos ni refundación.
Es en estos momentos cuando se mide el liderazgo político de nuestras autoridades. Estar a la altura del momento requiere ofrecer a la ciudadanía una salida viable, institucional y responsable a nuestra expectante y turbulenta trama constitucional.
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