La minuta de La Moneda sobre el despliegue de las FFAA en la Macrozona Sur (Lea el texto completo)

En medio de reuniones que han sostenido los ministros de Interior Izkia Siches y Giorgio Jackson con el FA y el PC que se resisten al despliegue militar en la Macrozona Sur para colocar atajo a la violencia, la minuta sostiene que el gobierno no avanzará en la “militarización del conflicto con el pueblo mapuche” y que el estado de excepción no solo acotará el cuidado de los militares en las rutas, sino que “se debe indicar el tramo de las vías a proteger o resguardar”.

Por qué importa: En el PC han puesto al menos cuatro exigencias para abrirse a aprobar el estado de excepción intermedia. 1) Que la acción se limite solo a carreteras y no a predios u otras infraestructuras. 2) Que se delimite bien el uso de la fuerza. 3) Que sea un civil quien esté sobre las acciones. 4) Que es implemente un plan social importante en la Macrozona Sur y no solo medidas de seguridad, lo que supone evitar comparaciones con la administración Piñera.

• En el FA, entre otras cosas, les pesa su posición histórica frente al despliegue durante los 5 meses y medio que duró el estado de excepción en el gobierno de Piñera: todas las veces votó en contra.
• El gobierno requiere 93 votos para aprobar la iniciativa en la Cámara de Diputados, lo que implica que toda la oposición esté alineada, y no correr el riesgo de fisuras en Apruebo Dignidad, el sostén político de Boric.

Qué observar: La comisión mixta que tramitará la iniciativa del Gobierno decidió no esperar a La Moneda en caso de que dilate los tiempos y comenzará a votar este lunes un proyecto ingresado en 2019, que amplía las facultades de los militares y deja a cargo a un Jefe de Defensa, aspectos que rechazan en Apruebo Dignidad. El gobierno navega entre una fuerte presión de la izquierda por delimitar el rol de las FFAA, la arremetida de la derecha para endurecer las medidas contra la violencia y la necesidad de dar una señal en un punto clave para la gobernabilidad, como es el orden público.

Trasfondo: En la coalición de Boric sostienen que el FA-PC se encuentran en una encrucijada que podría terminar arrastrando al Presidente, así como a los ministros Jackson y Siches. Por un lado, votar alineados con el gobierno y sacar militares a las carreteras puede exponer una contradicción con su discurso como antigua oposición. Y, por otro lado, abrir un flanco con sus bases. Pero rechazar la iniciativa puede significar una derrota estratégica para La Moneda.

• La violencia en la Macrozona Sur ha puesto a La Moneda en una difícil posición en un punto clave para la gobernabilidad, como es el orden público, un factor que ha contribuido a erosionar a un ritmo inédito la aprobación del gobierno y la ministra Siches, quien fue recibida con balazos al aire en su fallido intento por entrar a la comunidad de Temucuicui.

Lea aquí el documento completo de La Moneda:

Minuta:

Estado de protección y resguardo constitucional

En el último tiempo hemos experimentado en nuestro país diversas situaciones de inseguridad en rutas, caminos y carreteras, que ponen en peligro a las y los trabajadores que transitan desde y hacia sus lugares de trabajo, y que perjudican a las y los habitantes de los territorios que se ven afectados producto del desabastecimiento e imposibilidad de desplazarse.

El Estado debe contar con herramientas para la protección y aseguramiento de las vías esenciales, que permitan disponer del apoyo de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, garantizando al mismo tiempo, la plena vigencia y protección de los derechos fundamentales de todas las personas.

Preguntas y respuestas:

¿Por qué es necesario? El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de los habitantes del territorio y su integridad. Durante los últimos días, han existido graves afectaciones a trabajadores y trabajadoras, que incluyen ataques con armas de fuego.

¿Es un estado permanente? NO. Podrá ser decretado por el Presidente por un período de 15 días, pudiendo prorrogarse por él sólo una vez por igual período. Para nuevas prórrogas, requerirá siempre la aprobación del Congreso.

¿Afecta o limita el ejercicio de derechos fundamentales? NO. A diferencia de los estados de excepción que contempla la Constitución, el estado de protección y resguardo no podrá afectar el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas.

¿Implica un despliegue de FFAA en todo un territorio? NO. Al declarar el Estado, se debe indicar el tramo de las vías a proteger o resguardar.

¿Podría ser usado sin límites por un Gobierno? NO. Requiere de acuerdo del Congreso para la segunda prórroga. Además, cualquier Gobierno podría decretar estado de emergencia,  en el que, a diferencia del estado de protección y resguardo, sí puede limitarse el ejercicio de derechos fundamentales.

¿Significa que el Gobierno avanzará en la militarización del conflicto con el pueblo mapuche? NO. El Gobierno avanzará en los principales elementos del conflicto. En particular, impulsará una nueva política de restitución de tierras, una Comisión de Verdad y Esclarecimiento Histórico, una agenda por el buen vivir y diálogos con las comunidades, con apoyo de organismos internacionales. Algunos de estos ejes tendrán anuncios en los próximos días.

¿Es el único esfuerzo en seguridad que está haciendo el Gobierno? NO. El Gobierno está proveyendo de herramientas a Carabineros de Chile para resguardar la seguridad y, de esta forma, evitar el despliegue de FFAA en sucesivas ocasiones.

• Precisión en las calificaciones jurídicas y causales de aplicación del estado. Grave alteración de la seguridad o libre circulación en vías que sean consideradas esenciales. Las vías esenciales son aquellas cuya perturbación pueda implicar una alteración grave para el normal abastecimiento y conectividad de los territorios, de forma tal que pueda perjudicarse el bienestar y seguridad de las personas.
• Precisión del responsable o delegado civil, no puede ser cualquier persona de confianza, debe ser autoridad. Es una autoridad civil designada por el Presidente.
• Cadena de mando y estatutos de responsabilidad del encargado civil y militar. El Presidente designa una autoridad civil para que coordine y dirija. El jefe de defensa estará subordinado a la Autoridad civil.
• Protocolo del despliegue militar, utilización de la fuerza, armamento, logística, etc. Se dictarán nuevas reglas de uso de la fuerza, de tal forma de que no se afecten derechos y garantías constitucionales.

¿A quién rinde cuentas la autoridad civil? Rinde cuentas al Presidente. Por su parte, el Presidente rinde cuentas al Congreso.

¿En qué rango de la autoridad del estado queda la autoridad civil? Es un tema abierto, pues lo decide el Presidente.

El jefe de la Defensa Nacional estará sujeto a la autoridad civil. ¿A qué autoridad? A la que designe el Presidente, quien podrá dirigir y coordinar a las FFAA y de Orden.