El aporte de $50 millones fue realizado en enero de 2019 a la Corporación Municipal de Recoleta para el festival Womad, por parte de Itelecom, que se adjudicó en 2018 un contrato de $10.259.454 para instalación de luminarias y cuyo dueño está preso. En 2018, en tanto, la Contraloría desechó un requerimiento de 5 puntos de dos concejales de la UDI por el contrato con Itelecom. El dictamen del organismo se limita a esos 5 puntos y no valida todo el proceso de licitación. Esto último contradice la afirmación del alcalde Jadue de que “todo el proceso licitatorio fue revisado sin reparos por la Contraloria”.
Las razones de Contraloría. La Contraloría también se encuentra auditando los estados financieros y el programa Inmobiliaria Popular, de la Municipalidad de Recoleta.
Dictamen de Contraloría. El 10 de enero, la Municipalidad de Recoleta emitió una declaración pública tras conocerse escuchas telefónicas del abogado Sepúlveda y el dueño de Itelecom, en el que aludían a Jadue.
1. En una primera presentación a la Contraloría, el concejal Smok consultó si el proceso licitatorio para la instalación de luminarias en la comuna de Recoleta debía tener la autorización del Ministerio de Hacienda, ya que, a su juicio, el municipio había comprometiendo recursos por 120 meses.
2. A la luz de los antecedentes entregados por el concejal, los documentos remitidos por el municipio y el análisis de la jurisprudencia, la Contraloría concluyó en agosto de 2018 que la municipalidad licitó una prestación de servicios, por lo que “no es exigible la autorización previa del Ministerio de Hacienda”, como se prevé en el artículo 14 de la Ley N°20.128 sobre Responsabilidad Fiscal. Dicha norma se aplica para la adquisición de bienes y no para prestación de servicios.
3. En una segunda presentación, los concejales manifiestan que Itelecom habría infringido las base administrativas y técnicas de la licitación de luminarias, perjudicando, por ejemplo, a otras empresas, como la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas. Apuntan a cuatro aspectos: que la luminaria debía “cumplir con un protector de vidrio”; que se debía acreditar un “certificado de ahorro energético”; acreditar los años de experiencia del personal; y finalmente adjuntar un “cálculo lumínico”.
4. Del análisis de los antecedentes, en diciembre de 2018, la Contraloría no advirtió irregularidades administrativas ya que, en primer término, la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas incumplió con los requisitos para postular a la licitación, por lo tanto, no calificó para ingresar al concurso.
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