Contraloría investiga donación a Recoleta de empresa involucrada en Caso Luminarias

El aporte de $50 millones fue realizado en enero de 2019 a la Corporación Municipal de Recoleta para el festival Womad, por parte de Itelecom, que se adjudicó en 2018 un contrato de $10.259.454 para instalación de luminarias y cuyo dueño está preso. En 2018, en tanto, la Contraloría desechó un requerimiento de 5 puntos de dos concejales de la UDI por el contrato con Itelecom. El dictamen del organismo se limita a esos 5 puntos y no valida todo el proceso de licitación. Esto último contradice la afirmación del alcalde Jadue de que “todo el proceso licitatorio fue revisado sin reparos por la Contraloria”.

• El 26 de octubre de 2020, según consta en el oficio 22.044/20, la Contraloría comunicó al alcalde Daniel Jadue el inicio de una auditoría en la Municipalidad de Recoleta.
• “El contralor regional que suscribe informa a usted que, en el Plan de Fiscalización para el año 2020 de la II Contraloría Regional Metropolitana, con esta fecha, se dará inicio a una visita en la Municipalidad de Recoleta con el fin de realizar una auditoría a las transferencias realizadas a la Fundación Womad relacionadas con el otorgamiento de subvenciones y aportes para fines específicos”, indica el texto, al que tuvo acceso Ex-Ante.
• “Para tal cometido se ha designado a funcionarios que actuarán investidos de las facultades contempladas en la ley”.
• La donación equivale a $50 millones de pesos y fue realizada en enero de 2019 a la Corporación Municipal de Recoleta para el festival Womad, por parte de Itelecom. Se trata de la misma empresa que se adjudicó en 2018 un contrato de $10.259.454.000 por 10 años con la municipalidad para instalar luminarias y cuyo dueño está preso desde mayo del año pasado en el marco del caso Luminarias.
• El Ministerio Público también se encuentra investigando la donación.
• La Tercera dio a conocer las escuchas telefónicas de la PDI entre el dueño de Itelecom y Ramón Sepúlveda, penalista cercano al PC que ha representado a Jadue. En el diálogo abordan la preocupación de Lefort -que también estuvo vinculado al PC- porque la donación se hiciera pública.

Las razones de Contraloría. La Contraloría también se encuentra auditando los estados financieros y el programa Inmobiliaria Popular, de la Municipalidad de Recoleta.

• Se trata de un procedimiento habitual del organismo fiscalizador, que realiza en distintos municipios.
• En el caso de la donación para el festival, indican a Ex Ante, el factor que gatilló la auditoría se relaciona con una serie de alertas que llegaron a Contraloría a través de sus canales de atención digital por las transferencias realizadas para dicho evento, incluyendo la de la empresa Itelecom.
• La auditoría persigue establecer los mecanismos utilizados, la fecha en qué se hicieron, quiénes los hicieron y cómo se rindió cuenta de ellos.
• El caso también podría ser revisado por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
• Aun cuando las donaciones se realizan a los municipios, estos recursos podrían pasar a ser públicos al ser transferidos y, por lo tanto, son objeto de fiscalización.
• No existe un plazo que determine la ley para concluir la auditoría, pero, en medio del interés que despierta el caso, los equipos de Contraloría están trabajando con velocidad.

Dictamen de Contraloría. El 10 de enero, la Municipalidad de Recoleta emitió una declaración pública tras conocerse escuchas telefónicas del abogado Sepúlveda y el dueño de Itelecom, en el que aludían a Jadue.

• En el punto 5 del texto, se señala que el contrato que se adjudicó a la empresa para el recambio y mantención de la totalidad del parque lumínico de Recoleta fue por 10 años y que “todo el proceso licitatorio fue revisado sin reparos por parte de la Contraloría”.
• El dictamen, de 2018, ha sido uno de los puntos que ha recalcado Jadue y el PC en su defensa.
• Se trata de un pronunciamiento que realizó Contraloría a partir del requerimiento de los concejales UDI Mauricio Smok y Alejandra Muñoz, que realizaron 5 impugnaciones específicas sobre el contrato de luminarias con Itelecom.
• El dictamen del organismo que dirige Jorge Bermúdez, al cual tuvo acceso Ex-Ante, se circunscribe a responder cada una de las impugnaciones, sin validar en ningún momento todo el proceso de licitación. La Ley Orgánica de Municipalidad establece que la Contraloría no tiene facultad para realizar un control de legalidad previo (toma de razón) de las resoluciones emitidas por los municipios. Solo puede fiscalizarlos a través de auditorías.

1. En una primera presentación a la Contraloría, el concejal Smok consultó si el proceso licitatorio para la instalación de luminarias en la comuna de Recoleta debía tener la autorización del Ministerio de Hacienda, ya que, a su juicio, el municipio había comprometiendo recursos por 120 meses.

2. A la luz de los antecedentes entregados por el concejal, los documentos remitidos por el municipio y el análisis de la jurisprudencia, la Contraloría concluyó en agosto de 2018 que la municipalidad licitó una prestación de servicios, por lo que “no es exigible la autorización previa del Ministerio de Hacienda”, como se prevé en el artículo 14 de la Ley N°20.128 sobre Responsabilidad Fiscal. Dicha norma se aplica para la adquisición de bienes y no para prestación de servicios.

3. En una segunda presentación, los concejales manifiestan que Itelecom habría infringido las base administrativas y técnicas de la licitación de luminarias, perjudicando, por ejemplo, a otras empresas, como la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas. Apuntan a cuatro aspectos: que la luminaria debía “cumplir con un protector de vidrio”; que se debía acreditar un “certificado de ahorro energético”; acreditar los años de experiencia del personal; y finalmente adjuntar un “cálculo lumínico”.

4. Del análisis de los antecedentes, en diciembre de 2018, la Contraloría no advirtió irregularidades administrativas ya que, en primer término, la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas incumplió con los requisitos para postular a la licitación, por lo tanto, no calificó para ingresar al concurso.

• En relación al ítem “protector de vidrio”, la entidad indicó que las bases del contrato establecen que la no presentación de dichos antecedentes implica una merma en el puntaje (de un máximo de 100 ptos) y no un rechazo de la oferta.
• Respecto del “certificado de ahorro energético”, la Contraloría constató que dicho documento fue acompañado por la empresa.
• Finalmente, sobre el reclamo por un supuesto incumplimiento relacionado a los ensayos de fotometría, la Contraloría “no aprecia claridad en la objeción planteada, por lo que no procede pronunciarse sobre dicho punto”.