Un sistema financiero eficiente y resiliente juega un rol crucial en una economía moderna. Al juntar el ahorro de las empresas y familias con las necesidades de financiamiento, incluyendo proyectos de largo plazo como la compra de viviendas, y al proveer herramientas para la gestión de múltiples riesgos, potencia el crecimiento económico y el bienestar de las personas.
Sin embargo, este sector está expuesto a múltiples riesgos que deben ser gestionados adecuadamente para velar por su resiliencia y mantener la confianza de los usuarios. Los responsables últimos de la buena gestión de una entidad son siempre su alta administración.
Sin perjuicio de lo anterior, en el sector financiero las autoridades pertinentes establecen estándares mínimos de gestión, y para asegurar que los dueños de las instituciones mantengan adecuados niveles de capital para absorber choques externos o riesgos idiosincráticos. Esta es la base de la regulación prudencial y, junto con la regulación de conducta, que busca garantizar la transparencia e integridad en el mercado financiero, constituye una de las dos piezas centrales de la regulación financiera.
Chile tiene un sistema financiero profundo para su nivel de ingreso, a pesar de los efectos negativos de que tuvieron los retiros de fondos de pensiones. Por otra parte, ha demostrado su capacidad para absorber importantes choques, incluida la crisis global de 2008, la incertidumbre provocada por el estallido social y las múltiples ramificaciones económicas de la pandemia de COVID-19.
No obstante, no se puede ser complaciente. Es importante mantener siempre una mirada atenta sobre lo que sucede en otros países, extraer lecciones de los episodios de inestabilidad que enfrentan y considerar las mejoras en regulación y supervisión que implementan. Asimismo, es importante monitorear de forma continua los eventos en el sector financiero local que puedan indicar potenciales riesgos.
En años recientes, se ha avanzado progresivamente en la aprobación de leyes que han cerrado brechas en el marco de regulación prudencial identificados por las autoridades financieras. Muchas de estas brechas habían sido levantadas además por organizaciones externas como el FMI y el Banco Mundial al comparar la regulación chilena con las mejores prácticas globales.
La “Ley de la CMF“, promulgada en 2017, abordó varias debilidades en el funcionamiento de los supervisores financieros al introducir mayor autonomía, un gobierno colegiado y fortalecer las herramientas de supervisión.
La “Ley de Bancos“, de 2019, alineó la legislación bancaria chilena con los estándares de Basilea III, permitiendo a la CMF dictar normas que incorporarán dichos estándares a la regulación bancaria nacional.
La reciente “Ley Fintec” amplió el alcance de la CMF para abarcar múltiples entidades que ofrecen servicios financieros, brindando mayor protección a los usuarios.
Finalmente, la “Ley de Resiliencia” de 2023 unificó y mejoró la supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de mayor tamaño, fortaleció las facultades de la CMF en relación con la liquidez de los fondos y amplió el universo de actores financieros a los que el Banco Central puede proporcionar servicios de pago y liquidez, aumentando así su eficiencia y resiliencia.
¿Qué falta? ¿Dónde están las brechas existentes más relevantes en la legislación prudencial?
En primer lugar, es importante modernizar nuestra legislación de seguros. El sector de seguros en Chile ha crecido en tamaño y sofisticación en las últimas décadas. Sin embargo, el marco legal actual, tiene varias brechas respecto a las mejores prácticas globales. Por un lado, la CMF necesita mayores herramientas para requerir correcciones oportunas en la gestión de riesgos de las compañías. Por otro, el capital que deben aportar los dueños de las compañías debe reflejar los riesgos propios de cada compañía. Este “capital basado en riesgos” es importante para resguardar la resiliencia de las compañías y para generar los incentivos correctos en su gestión.
Un segundo ámbito de brechas se encuentra en la resolución de bancos. La regulación y supervisión bancaria tienen como principal objetivo minimizar la probabilidad de problemas financieros. No obstante, es importante tener además herramientas que permitan gestionar las consecuencias de problemas en un banco. Un buen marco de resolución y seguro de depósitos busca dar continuidad a los servicios esenciales que provee un banco en dificultades financieras, resguardar los ahorros de las personas y pequeños inversionistas, y evitar efectos en el resto del sistema. El marco legal actual es demasiado restrictivo y no entrega a la CMF, ni al Banco Central, herramientas que ha sido usadas en forma eficaz en otros países para dar continuidad a los servicios de un banco o transferir sus obligaciones a otras instituciones financieras.
Tercero, existen brechas en el marco legal vigente para supervisar a los conglomerados financieros. Tal y como documentó la CMF, un número importante de instituciones financieras en Chile son parte de grupo económico que es dueño de al menos otra institución financiera. El problema surge porque la pertenencia a un conglomerado puede agravar la toma de riesgos, por la existencia de arbitrajes regulatorios, por la potencial opacidad en la estructura corporativa, o por el uso excesivo de infraestructura común. A lo anterior, hay que agregar el riesgo reputacional que surge al interior del conglomerado donde problemas en una entidad pueden impactar la confianza en las restantes.
Dado lo anterior, es importante avanzar en una ley de conglomerados que permita a la CMF implementar las recomendaciones del Joint Forum. Ello implica poder incorporar al perímetro de la CMF a los conglomerados financieros, y en función de su tamaño y complejidad, requerir estándares de gobernanza y control de riesgo, requerimientos de capital y planes de contingencia, entre otros. Es además importante que la CMF pueda velar por un nivel adecuado de transparencia que permita una supervisión eficaz de los conglomerados, y al resto de la industria ejercer sus funciones de monitoreo.
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