Fiscal Nacional Ángel Valencia: “Ese audio tiene valor como prueba lícita, no tenemos duda”

El fiscal nacional, en entrevista con Ex-Ante, adelanta que “no cabe duda de que van a ser citados” a declarar el director del SII Hernán Frigolett y la presidenta de la CMF Solange Berstein en el Caso Audios. Su calidad —de testigos o imputados— dependerá del avance de la causa. En el caso Convenios, se mostró preocupado por la eventual pérdida de evidencias, por la tardanza del Servel en denunciar el desvío de platas del ‘Apruebo’ a Democracia Viva, del que se acusó en junio Felipe Heusser. “A lo menos resulta llamativo” que Horizonte Ciudadano no tuviera inicio de actividades, dijo sobre la fundación creada por la expresidenta Bachelet que recibió $379 millones del Gore del Biobío.

“Nos parece de la mayor gravedad porque se ve cuestionado el sistema de fiscalización”. Ángel Valencia, el fiscal nacional que asumió en enero tras 2 fallidos intentos de La Moneda de ratificar a sus candidatos en el Senado, conversó este jueves con Ex-Ante luego de una reunión de seguridad realizada en La Moneda.

• Defendió la validez como prueba del audio de la reunión sostenida el 22 de junio entre los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos con Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, donde hablaron de crear una “caja negra” para pagar a funcionarios de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
• También abordó el dilema ético que implica pagar en los secuestros extorsivos y adelantó las expectativas de la fiscalía en el Caso Convenios que, tras la apertura de una causa en junio por los traspasos desde la secretaría regional ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva, se amplió a otras fundaciones y a los Gobiernos Regionales (Gore).

El Caso Audios irrumpió en la agenda, opacando incluso al Caso Convenios. ¿Cuál es su dimensión?

Nos parece de la mayor gravedad, porque se ve cuestionado el sistema de fiscalización de las grandes operaciones, de los grandes contribuyentes o de las corredoras de bolsa.

-¿Es una eventual red de corrupción en servicios públicos como ha sugerido el gobierno, o una posible estafa de abogados a sus clientes?

-Uno de los principales riesgos de una investigación es enamorarse de una tesis. Uno de los principales riesgos de un investigador es comprometerse con una tesis inicial y después seguir adelante con visión de túnel.

A propósito de si hubo una estafa hacia los clientes o no (…), nos preocupa no sólo investigar la participación de los privados, de los abogados y sus clientes, sino que también nos interesa, muy especialmente, investigar la eventual participación de funcionarios públicos. No nos interesa sólo el que habría pagado, sino el que habría recibido, eventualmente.

-¿Es válido como prueba el audio de la reunión?

-Desde el punto de vista de la fiscalía, nos parece que ese audio tiene valor como prueba lícita, no tenemos duda alguna de eso.

-¿Por qué?

-(El audio) nos llega por una vía que podría casi encuadrarse dentro del hallazgo casual, entiendo que por un tercero anónimo, ya se establecerá si es necesario investigar el origen. En consecuencia, habida consideración de que el Estado recibe ese antecedente, sin que haya sido el Estado el que haya realizado acción ilícita alguna, no puede estar impedido de ocuparlo como medio de prueba.

Lo segundo es porque hay jurisprudencia reiterada de parte de la Corte Suprema en orden a que la expectativa de privacidad (…) de uno de los participantes en esa reunión, cuando es uno de sus interlocutores el que graba, no puede extenderse hasta el propio interlocutor y el uso que haga de la grabación.

-¿Queda entonces fuera del secreto profesional?

-Me remito a lo que ya planteó el Colegio de Abogados respecto del secreto profesional y a la extensión del secreto profesional. (…). También soy abogado colegiado y conversaciones de esa naturaleza no se encuentran amparadas por el secreto profesional.

-El caso involucra al SII, al que la fiscalía necesita para iniciar causas por delitos tributarios. ¿Cuánto afecta esto la relación entre ambas instituciones?

-Estimamos que hay buenas razones para sostener que sería preferible que los delitos tributarios fueran también delitos de acción penal pública (…), pero tenemos un vínculo de colaboración con el Servicio permanente. Trabajamos de forma colaborativa con el Servicio todos los días, no solo en causas de esta naturaleza.

-Pero es distinto cuando hay una investigación hacia ellos…

-Obviamente que en una investigación así es diferente, pero confiamos, el director (Hernán) Frigolett ha manifestado que él va a realizar todas las acciones necesarias para que se puedan perseguir las eventuales responsabilidades de quienes hayan cometido delitos al interior.

-¿Tienen limitaciones para investigar a los funcionarios del SII?

-No es lo mismo un delito tributario que un delito de cohecho. Un delito de cohecho en el cual pudiera haber participado un fiscalizador o algún funcionario del Servicio de Impuestos Internos es un delito común. En consecuencia, no necesitamos la denuncia del Servicio para poder investigar (…). Negociación incompatible, tráfico de influencias, sobornos, cohechos cometidos por funcionarios del Servicio, no se encuentran bajo ese régimen. Pueden ser investigados directamente por la fiscalía.

-¿Declararán Frigolett y la presidenta de la CMF Solange Berstein en la causa?

-No hay ninguna persona que se encuentre excluida de la obligación de declarar en una investigación de esa naturaleza, o de cualquier naturaleza, si son citados por parte de un fiscal habida consideración que se estima tienen información que puede ser útil para la investigación.

Pero no cabe duda de que van a ser citados, es lo que uno puede esperar. Ahora, la calidad en que se citen y deban declarar (si como testigos o imputados), la establecerá el fiscal.

-En otro tema, ¿cuál es el estado actual del Caso Convenios?

-Después de la última entrega de informes que hizo el contralor (Jorge) Bermúdez, hay investigaciones por las fundaciones en todas las regiones del país. No hay ninguna región en la cual no haya a lo menos una investigación relacionada con esto, ya sea por traspasos desde el Minvu (Ministerio de Vivienda) o traspasos desde un Gore.

-En las causas a Gore apareció en escena el exsubsecretario de Desarrollo Regional y actual jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi. ¿Será citado a declarar?

-Yo creo que no debería sorprender que él sea citado. Otra cosa es si es citado en calidad de testigo o en calidad de imputado, ése es un asunto de otra naturaleza, pero me parece de momento que, si se le citase, a nadie debería llamarle la atención, habida consideración que también fue citado por la comisión de la Cámara de Diputados y se advierte que tiene algún tipo de conocimiento de los hechos. Pero si esa citación ya se despachó, y la fecha, se encuentra bajo reserva.

-El abogado Felipe Heusser, excoordinador de la campaña “ApruebaxChile” del proceso pasado, envió en junio una carta al Consejo para la Transparencia describiendo cómo traspasó $31 millones de los donantes a Democracia Viva. ¿Por qué la fiscalía no lo está investigando?

-En el caso de los delitos electorales nos ocurre algo similar a lo que sucede con los delitos tributarios. Y planteamos en el proceso constituyente un planteamiento antiguo del Ministerio Público: que son delitos cuya investigación no debiese depender de la denuncia por parte del Servicio que se encuentra a cargo de fiscalizar esa área.

-¿Recibieron ya la denuncia del Servel?

-No tenemos constancia de que se haya recibido denuncia del Servel respecto de estos hechos. Se recibió por el caso Comunes, pero en este caso no nos consta. Por lo tanto, mientras esa denuncia no se haya ingresado en el Ministerio Público, no podemos investigar penalmente ese eventual delito electoral.

-¿Y ve un problema en que 5 meses después de reportado un posible delito sigan sin investigar y que mientras se pueda haber destruido evidencia?

-El Servel cumple con sus funciones y presentan las denuncias penales cuando, conforme a su buen criterio y sus funciones propias, ven más oportuno presentarlas. Yo no quisiera juzgar los motivos del Servel, pero sí nos parece, por riesgo de pérdida de prueba, tal como usted mismo señalaba, que el sistema chileno debiera establecer estos hechos como delitos de acción penal pública.

-Los informes de Contraloría de noviembre volvieron sobre situaciones ya advertidas, como fundaciones que tenían giros ante el SII distantes de los convenios que firmaron, pero también se mencionó otras. Una es que el Gore del Biobío entregó $379 millones a la fundación Horizonte Ciudadano —fundada por la expresidenta Michelle Bachelet— sin que tuvieran inicio de actividades…

-Como usted sabe, generalmente iniciamos investigaciones de esta naturaleza después de que recibimos informes de la Contraloría. Sin embargo, en estos casos había una serie de circunstancias que no son comunes. Efectivamente puede llamar la atención que una fundación vaya a prestar servicios, pero no haya iniciado actividades, no tenga el giro, no cuente con boletas, no cuente con facturas necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias.

-¿Cómo califica el caso de Horizonte Ciudadano?

-Me parece que eso a lo menos resulta llamativo (…). Las personas que se encuentran a cargo de esa fundación y aquellas que cite el Ministerio Público (son) las que tendrán que explicar que se encontraran en esas condiciones. Las explicaciones que ellos den son las que van a considerar los fiscales al momento de tomar decisiones en la causa. Yo no quisiera sacar conclusiones a partir de esa simple omisión tributaria, pero no me cabe duda de que es a lo menos llamativa.

-¿El Caso Convenios terminará con penas de cárcel?

-Cuando asumí, manifesté abiertamente que los delitos de cuello blanco no iban a terminar nuevamente con clases de ética. Y después agregué, o de probidad o derecho administrativo.

Lo segundo es que, en mi parecer, no cabe duda de que aquí hemos ido estableciendo que se habrían cometido hechos que constituyen delitos pero que, además, que sus presuntos autores arriesgan penas efectivas.

-Usted viene llegando de La Moneda por la crisis de seguridad. A propósito de los secuestros extorsivos, ¿cuál es su posición sobre el pago por rescate?

-No quisiera estar nunca en los zapatos de una familia que tiene que tomar una decisión de esa naturaleza. El punto es que el pago de esos rescates incentiva la industria (criminal). Por lo tanto, uno perfectamente puede decir que, desde el punto de vista del interés colectivo, el pago no es una buena cosa.

Es un asunto éticamente delicado porque, al mismo tiempo, la discusión de si el Estado debe o no promover que las víctimas paguen también implica (…) estar dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que ocurra cuando no se paga. Entonces, lo que puedo decir, es que me parece que es una decisión de política pública, una decisión de Estado.

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