Falta de control, errores contables y desorden administrativo: el informe de Contraloría contra el Mineduc por gestión de nuevo sistema de educación pública

En medio de los cuestionamientos al ministro Nicolás Cataldo por el paro de 46 escuelas que afectan a Atacama, Contraloría ordenó diversos sumarios en la subsecretaría de Educación y la Dirección de Educación Pública (DEP) tras detectar numerosas irregularidades en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que reemplazan a las escuelas municipales.

Qué observar. El pasado 18 de octubre, la Contraloría emitió su informe final de auditoría sobre el proceso de implementación e instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), nueva institución que reemplaza a los municipios como sostenedores de las escuelas. 

• La entidad revisó la labor realizada en esta materia tanto por la Subsecretaría de Educación como por la Dirección de Educación Pública (DEP) entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2022. 
• El periodo comprende, entre otros, a la gestión del actual ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), cuando fue subsecretario del ramo entre el 11 de marzo y el 8 de septiembre de 2022. 
• Para su revisión, la auditoría seleccionó a los SLEP Licancabur, Iquique, Punilla Cordillera, Maule Costa, Magallanes y Aysén.
• Aunque aún faltan por instalar más de 50 servicios a lo largo del país, diputados de diversos partidos han pedido al gobierno pausar el cambio de sistema, debido a los graves problemas en la educación, infraestructura e irregularidades financieras en la Región de Atacama, la primera en implementar totalmente la desmunicipalización y el nuevo sistema de educación pública. 

Sumarios y auditorías. En el informe de 111 páginas, Contraloría detectó varias irregularidades, errores contables, falta de control y vigilancia y desórdenes administrativos, instruyendo tanto a la subsecretaría como al DEP corregir las situaciones y la realización de investigaciones sumarias para algunos casos más graves. Entre otros puntos, la investigación estableció:

• Un incremento promedio del 52,8%, respecto del presupuesto del año 2022 al 2023, en relación al proceso de implementación de los SLEP, sin justificación.
• Se constató falta de supervisión por parte de la Subsecretaría de Educación, respecto al informe obligatorio que debieran entregar las municipalidades sobre el sistema de traspaso de los establecimientos educacionales a los mencionados servicios. Entre otras cosas, los municipios no entregaron un inventario valorizado. 
• “No consta que la subsecretaría haya solicitado la entrega por parte de los 37 sostenedores de los informes de deuda, obligaciones previsionales, proveedores de bienes y servicios, entre otros, incumpliendo de esta forma la supervisión”.
• Por este punto, Contraloría instruyó un procedimiento sumarial a la subsecretaría que hoy encabeza Alejandra Arratia, para determinar responsabilidades administrativas.
• Respecto a la rendición de los recursos otorgados a los Servicios Locales de Educación Pública que iniciaron sus funciones en el año 2022 y 2023, se verificó que la Dirección de Educación Pública no realizó la revisión de las rendiciones de los aportes y transferencias. 
• Tampoco la DEP se coordinó con las Seremis y la Superintendencia de Educación para controlar los gastos rendidos por los sostenedores.
• Ante esto, Contraloría ordenó un sumario contra la DEP, que dirige desde el 20 de octubre de 2022, Jaime Veas (PS).

Falta de control. El 24 de octubre de 2022 se aprobó la nueva organización interna de la Dirección de Educación Pública, organismo que supervisa los SLEP, pero dejó sin control a la división encargada del equipamiento e infraestructura y mobiliario de los establecimientos educacionales (una de las situaciones más críticas para Atacama)

• El informe señala que la División de Infraestructura y Equipamiento Educacional depende directamente del Director, pero la división no es supervisada en su gestión administrativa, financiera ni en el cumplimiento de sus compromisos.  
• “Lo anterior, implica un riesgo asociado al proceso de control, gestión administrativa y seguimiento del cumplimiento de las iniciativas institucionales”. 
• No consta que se esté dando cumplimiento a la política de gestión de riesgo de la DEP. Durante los años 2020, 2021 y 2022, el Subdepartamento de Auditoría Interna de la DEP no efectuó revisiones a la implementación de los SLEP.
• En el caso de la subsecretaría de Educación, tampoco se visualiza que haya realizado gestión de riesgo. Aunque la subsecretaría respondió que esto es responsabilidad de la DEP y que ellos no pueden interferir ya que se trata de órganos autónomos, Contraloría en su informe sostiene que “independientemente de que se hayan delegado funciones en la DEP y que aquella sea la encargada de coordinar el traspaso de los SLEP, le corresponde a la Subsecretaría de Educación, en su  calidad de órgano rector, ejercer la coordinación de todas las  partes del sistema educacional”.

Problemas contables. Se estableció la existencia de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID por US$ 50 millones para el programa de fortalecimiento a la gestión del sector educativo, ejecutado por la DEP. 

• Sin embargo, se pagaron altas comisiones por el préstamo por un total de $957 millones debido a que la DEP no informó oportunamente al Mineduc los gastos ejecutados.
• Los desembolsos recién fueron solicitados por el DEP en 2021 cuando ya el año anterior se había materializado el traspaso de 11 SLEP vinculados a ese contrato. 
• El informe también detecta inexistencia de análisis contable sobre los fondos traspasados para el  cumplimiento del Fondo de Apoyo a la Educación Pública y errores contables de la subsecretaría. 
• No hay registros sobre número y fecha del acto administrativo mediante el cual se aprobaron la transferencias de fondos, no es posible revisar RUT, nombre  del sostenedor, monto y fecha de la transferencia, monto rendido, saldo por rendir, entre otros, situación confirmada por el Jefe del  Departamento de Gestión Institucional de la DEP el 7  de febrero de 2023.
• Se relata el irregular caso de una funcionaria con autorización para girar fondos a 10 cuentas corrientes de sostenedores, que pese a que dejó el cargo en enero de 2023, seguía autorizada a realizar los giros.