Cada vez está siendo más común escuchar de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, los ESG, y lo importante que está siendo para la gestión empresarial. De hecho, abundan los rankings y estudios respecto a cuáles son las empresas y compañías más responsables en Chile y el mundo. Sin embargo, en la gestión ESG, la “S” de social es una dimensión donde estos progresos son menos reconocibles y hay menos claridad de cómo abordar y medir.
Lo poco alentador es que, hasta ahora, muchas empresas han decidido dejarlos al margen o avanzar sólo de manera parcial con políticas y declaraciones que les permiten cumplir con lo mínimo y reportarlo en sus memorias, pero que realmente no habilitan espacios de cambio ni compromisos en la forma de hacer las cosas.
¿Por qué la “S” ha sido la más ignorada en esta historia? Primero, porque la dimensión social dice relación, en buena parte, con Derechos Humanos, y este es un concepto que ha costado integrar y que genera -sin duda alguna- mucha resistencia en un cierto grupo de empresas. ¿Por qué la empresa debe tener un rol en los temas de derechos humanos? ¿No es ese el rol de los Estados? Es una pregunta que muchos ejecutivos y directores válidamente se hacen, y ante la que hasta hoy no saben bien cómo responder.
En segundo lugar, porque cualquier intento realmente serio para abordar las dimensiones sociales del ESG requiere llevar adelante un proceso de debida diligencia, donde la empresa tendrá que abrir espacios formales de escucha con sus diferentes públicos de interés, que permitan identificar detalladamente todos los impactos de la operación de una compañía, para luego definir acciones que permitan gestionarlos. Esos procesos son incómodos y hasta dolorosos, pero suelen convertirse no solo en una fuente de aprendizaje, sino también en un motor que moviliza a las organizaciones a avanzar y a tomar compromisos públicos que luego deben ser materializados.
Y tercero porque los abordajes de los temas sociales aún carecen de suficiente valor estratégico para algunas compañías, y no son vistos como iniciativas que tienen impacto directo en el negocio. Esto porque aún son más difíciles de cuantificar y sus resultados suelen verse a más largo plazo.
¿Cómo generar entonces al interior de las compañías una mayor conciencia, convicción y compromiso con las dimensiones sociales de sus estrategias de sostenibilidad? Un impulsor o motor de los cambios provendrá probablemente del marco normativo.
Hoy por primera vez las empresas enfrentan regulaciones que establecen un piso que ya no es opcional: la transparencia. Al Pacto Mundial de la ONU en 2010 que conectó los derechos humanos con la empresa se suman en el caso de Chile, la nueva norma 461 que introdujo la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que las entidades fiscalizadas y supervisadas por la CMF, reporten las políticas, prácticas y metas adoptadas en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG).
Ello demanda ciertamente el convencimiento del gobierno corporativo. Sin un directorio y una administración alineada, que destine presupuesto y asuma compromisos claros, no será viable movernos desde programas sociales que actúan como meros testimonios hacia iniciativas realmente estratégicas. Esa convicción debe ser aún mayor cuando la mirada ESG vuelve a ser cuestionada con mucho ímpetu, en Estados Unidos y también en Chile, por aquellos que persisten en ver los retornos a los accionistas como la única función y fuente de legitimidad de las empresas.
Estamos ante la oportunidad de actuar de manera sistémica y alinearnos con las crecientes expectativas que los ciudadanos tienen del sector privado, del cual comienzan a demandar -en un escenario de crisis climática y fragilidad social- que se transforme en un genuino agente de cambio. Para que ello ocurra, la “S” de ESG no puede seguir siendo la variable olvidada de las empresas.
Publicaciones relacionadas
La eliminación de la UF como herramienta clave para la estabilidad del mercado inmobiliario y financiero podría generar efectos devastadores en múltiples frentes, desde el acceso a la vivienda hasta el ahorro y las inversiones. Los expertos y actores del mercado financiero siguen alertando sobre los riesgos de esta propuesta, que podría alterar de manera […]
Combatir este fenómeno no solo requiere buenas intenciones; como en cualquier proyecto exitoso, exige trabajo coordinado y, sobre todo, inversión. El Estado debe asumir una actitud decidida. ¿Está dispuesto a proporcionar al organismo encargado de defender sus intereses las verdaderas atribuciones y recursos necesarios, o seremos testigos, una vez más, de un ‘león sin dientes’?
Cuando se habla de crecimiento, la colaboración entre los actores públicos y privados no es una opción, sino una necesidad. Cada parte debe cumplir su rol con responsabilidad y visión de país.
Si bien hasta hace poco, las principales razones tras las fluctuaciones del precio de Bitcoin tenían un carácter especulativo, asociadas a comportamiento de manada de inversionistas minoristas, hoy por el contrario se observa una fuerte incidencia de institucionales movidos por razones fundamentales.
Mientras la base del impuesto no esté determinada por ley y siga dependiendo de parámetros no auditables, el sistema seguirá siendo opaco, discrecional e inconstitucional. Con la mejor de las intenciones, el SII puede anunciar mejoras, ajustes y revisiones, pero sin una reforma legal profunda, todo seguirá siendo un intento de tapar el sol con […]
