Con ocho alzas consecutivas de la tasa de desempleo -que en el trimestre junio-agosto alcanzó un 9%-, el número de ocupados estancado desde diciembre y una economía que a todas luces terminará este año con un crecimiento nulo o negativo; la situación del mercado laboral es, al menos, preocupante. Ya van tres años desde el peak de la pandemia y Chile todavía no logra recuperar el nivel de empleo previo a la crisis sanitaria. ¿Seremos capaces de recuperar en el corto plazo estos 450.000 empleos? Si analizamos con detención los tipos de empleos perdidos, me temo que esta respuesta es negativa.
Los números hablan por sí solos. Si en los meses previos a la pandemia la tasa de ocupación (ocupados sobre la población económicamente activa) era 58%, hoy, casi cuatro años después, es 55%. Un retroceso de 13 años que se traduce en 450.000 empleos no recuperados. La situación es crítica, ya que más del 50% de estos empleos perdidos corresponden a trabajadores que salieron del mercado laboral (inactivos), los que no son considerados en la tasa de desocupación que reporta el INE. Por esta razón, varios economistas laborales hablan de una tasa de desocupación encubierta del 12,4%. Una verdadera “emergencia laboral”, como la bautizó recientemente David Bravo.
Si analizamos en mayor profundidad el tipo de empleos perdidos, más que un problema coyuntural, la pandemia aceleró procesos estructurales propios del acelerado cambio tecnológico, que difícilmente se revertirán. La mayor pérdida de empleo se concentra en trabajadores informales, de bajo nivel educativo y ocupaciones de baja calificación. Por ejemplo, en los últimos tres años, mientras el empleo de ocupaciones elementales y de trabajadores con educación básica o media incompleta ha caído en torno al 20%, los empleos para trabajadores con educación universitaria completa han aumentado un 2,5% y los cargos directivos y gerenciales lo han hecho en un 30%
Por otro lado, si analizamos el empleo por sector, el comercio (-4%), las actividades artísticas (-17%) y el turismo (-15%) todavía no recuperan sus niveles de ocupación pre-pandemia. Por el contrario, sectores como la minería (12%), información y comunicaciones (23%) y finanzas (10%) han aumentado considerablemente sus tasas de ocupación.
Todo esto sugiere que hay un desplazamiento de trabajadores de sectores que requieren mano de obra no calificada a aquellos que necesitan habilidades y competencias mucho más sofisticadas. Mientras en Chile se destruye empleo en el comercio y turismo, se crean nuevos puestos en minería, telecomunicaciones y finanzas. Esto es consistente con la evidencia del efecto de los cambios tecnológicos en el empleo: por un lado, las tecnologías (como los computadores) son muy complementarias para los trabajadores con más educación; por otro lado, muchas de estas herramientas se utilizan para automatizar las tareas de trabajadores menos calificados, ampliando así las brechas (Autor et al. 2003, Goldin y Katz 2009, Acemoglu y Restrepo 2022).
Si la economía no crece, difícilmente se recuperarán estos empleos, sobre todo si los grupos más afectados son los de menor educación y habilidades. En este sentido, la agenda laboral del gobierno, que llevará el salario mínimo a $500.000 desde julio del 2024 y que privilegió la disminución de la jornada laboral a 40 horas (en vez de avanzar con fuerza en adaptabilidad), solo hará más difícil la inserción laboral de este grupo de personas.
De cara al futuro, si queremos abordar este cambio estructural, debemos partir por discutir en serio una reforma integral a nuestro sistema de educación, capacitación y certificación de competencias. ¿Qué habilidades estamos enseñando con mirada de largo plazo? ¿Cómo mejoramos las carreras técnicas y las hacemos funcionales a las habilidades que requerirán las industrias en las próximas décadas? ¿Cómo contar con un sistema de capacitación continuo con foco en la recalificación de trabajadores desplazados por nuevas tecnologías?
Esta discusión de largo plazo -no por esto, menos urgente y prioritaria- debería ser complementada con políticas para fomentar el empleo, con foco en los grupos más afectados. Otra razón más para empujar con fuerza un Impuesto Negativo al Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) como eje de nuestra política social, que agrupe la gran cantidad de subsidios laborales existentes, que asegure un piso mínimo de renta e incentive el trabajo formal.
Referencias
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