El populismo constitucional ha dañado al país por demasiado tiempo. Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

Los devaneos constitucionales de los últimos años crearon problemas que el país no tenía y afectaron el funcionamiento de la democracia real, o sea, aquella que paga los sueldos de los ministros y las dietas de los parlamentarios. ¿Cuánto ha significado para el erario nacional el gasto en dos experimentos constituyentes que el Congreso pudo evitar si se hubiera atrevido a defender el interés nacional?


“No creo que el Presidente Boric esté disponible para firmar cualquier Constitución”, dijo el senador José Miguel Insulza al diario El Mostrador, una semana después de la derrota oficialista en la elección del Consejo Constitucional. Frente a la posibilidad de que el proceso fracase, dijo que el Partido Republicano tiene dos alternativas: llamar a “un acuerdo para sacar una Constitución que satisfaga a la mayoría o imponer una fórmula constitucional reclutando los siete votos de la derecha que le hacen falta”. En el segundo caso, dijo, “tendremos que decidir si votar por la Constitución de Pinochet reformada o por la de Kast”.

El periodista le preguntó, entonces, “¿La Constitución de Pinochet reformada por Lagos?”, ante lo que Insulza reconoció que “la llamada Constitución de Pinochet estaba firmada por Ricardo Lagos y habíamos hecho cambios importantes. La única falla del año 2005 fue que no plebiscitamos la reforma”.

Por lo menos, Insulza habla de “la llamada Constitución de Pinochet” y admite que lleva la firma del ex Presidente Lagos, Hace un año, cuando partía la campaña del plebiscito, un grupo de exministros, exparlamentarios y exfuncionarios de los gobiernos de la Concertación, difundieron una declaración en la que se referían a “la actual Constitución de la dictadura”, y agregaban que “ya está muerta y cuyo texto no pudo ser modificado de manera sustancial durante treinta años”. Entre los firmantes de esa declaración estaban los exministros Yasna Provoste, Nicolás Eyzaguirre y Francisco Vidal, que firmaron junto a todos los ministros de Lagos la promulgación de la Constitución vigente.

Ha sido penosa la actuación del PPD, el PS, la DC y el PR en materia constitucional desde hace, aproximadamente, una década. Al afanarse por sintonizar con las consignas del Frente Amplio, invalidaron su propia tarea y agacharon la cabeza ante los jóvenes redentores, hasta poner en duda que hubiera habido una transición fructífera y que la acumulación de reformas le hubiera dado estabilidad y progreso al país.

Desde la agitación demagógica de la “bancada por la Asamblea Constituyente”, que integraron varios parlamentarios socialistas y pepedeístas en 2014, junto al PC, y desde el ruido inconducente de las asambleas y cabildos, con Bachelet en 2016, hasta la embriaguez de la Convención y el compromiso con el proyecto refundacional que salió de allí, esos partidos demostraron enorme inconciencia respecto del interés nacional, además de estrechez de miras. Es visible que las cosas no salieron como las tenían pensadas. Y lo han pagado caro.

Los devaneos constitucionales de los últimos años crearon problemas que el país no tenía y afectaron el funcionamiento de la democracia real, o sea, aquella que paga los sueldos de los ministros y las dietas de los parlamentarios. ¿Cuánto ha significado para el erario nacional el gasto en dos experimentos constituyentes que el Congreso pudo evitar si se hubiera atrevido a defender el interés nacional?

Chile tiene muchas necesidades sociales que atender, y sucede que, por decisión de los parlamentarios, tuvo que financiar durante un año el funcionamiento del Congreso y de la Convención al mismo tiempo. Y ahora, tiene que seguir financiando al Congreso, pero además al Consejo Constitucional, a la Comisión Experta y al Comité Técnico de Admisibilidad. Los partidos de izquierda, de centro y de derecha, todos unidos, han actuado con absoluta despreocupación por las finanzas nacionales.

Necesitamos cambiar muchas cosas, y entre las más importantes están las relacionadas con la calidad de la política, la que, naturalmente, se vincula con la solvencia moral e intelectual del personal. La liviandad ha causado mucho daño, como lo hemos comprobado viendo a quienes creen que los cargos tapan la ignorancia. Se requiere poner la vara más alta. Es imperiosa la regeneración de los partidos como corrientes de civismo y sentido nacional, con capacidad para seleccionar rigurosamente a quienes asuman funciones públicas.

No habrá una Constitución como la que querían Boric y los partidos de gobierno. Ese es el hecho rotundo. El texto que salga del Consejo Constitucional estará, previsiblemente, muy lejos de lo que anhelaban. ¿Y qué va a pasar con la firma del Presidente? ¿Acaso él pondrá condiciones al Consejo para firmar? ¿Habrá que satisfacer determinadas demandas de La Moneda para ello? ¿Y si no se acogen? ¿Alguien está proponiendo armar “una cocina” entre José Antonio Kast y Gabriel Boric? Los enredos podrían no haber terminado. Y los escándalos, tampoco.

La estructura del proceso que está en curso no facilita las cosas, pero hay que respetar las normas legales establecidas. El Consejo Constitucional, que fue elegido por 12 millones y medio de ciudadanos, tiene que cumplir con su mandato. El anteproyecto preparado por la Comisión Experta será la base de la discusión, pero no puede estar en duda que serán los consejeros elegidos los que tomarán las decisiones. Esperemos que ello favorezca un amplio respaldo de la sociedad. Es indispensable poner fin al largo extravío respecto de la protección de los fundamentos de la convivencia en libertad.

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