El caso de las pensiones de gracia para (supuestas) víctimas de violaciones a los derechos humanos durante los días del estallido social es uno de aquellos que deja todo patas para arriba.
Desde luego, ha quedado en evidencia con el informe de la Contraloría General de la República que el Instituto de Derechos Humanos no fue serio ni formal ni prudente a la hora de calificar a las personas como víctimas de violaciones a los derechos humanos merecedoras de medidas de reparación. Dicho en palabras de la Contraloría: no se acreditó daño del solicitante.
En efecto, es evidente que personas que sufrieron un trauma ocular irreversible producto de los disparos de las escopetas de carabineros, debían ser atendidas y reparadas de manera eficaz y probablemente de por vida, pero es muy discutible que la situación sea equivalente a quien recibió un golpe en una situación de enfrentamiento callejero.
El contexto de violencia extrema de las manifestaciones protagonizadas por la llamada “primera línea” del estallido obligó a las autoridades a la adopción de medidas inéditas para la mantención de un orden público en que las policías se vieron no solo claramente sobrepasadas sino también cuestionadas interesadamente en su legitimidad para el uso de la fuerza. El uso legítimo de la fuerza por parte de agentes del estado no es contrario a los derechos humanos.
También ha dejado muy claro el informe de la contralora que el gobierno se tomó con enorme liviandad e inconsistencia el tema de las reparaciones a través del otorgamiento de pensiones de gracia vitalicias para personas jóvenes que participaron voluntariamente de acciones de protesta de gran violencia, la mayor parte de las cuales no ha sufrido daños que les impida desarrollar una vida normal.
Comparten responsabilidades el INDH y el ministerio del interior donde casos escandalosos como personas con antecedentes de detenciones por producción de pornografía infantil o múltiples antecedentes penales han sido beneficiadas generosamente con platas públicas que, por otra parte, se regañan a muchos que las merecerían.
Como ya es costumbre, las autoridades culpan a las leyes o al gobierno anterior de su propia necedad. Como si en el arte de gobernar no existiera la obligación del buen criterio, la responsabilidad por las propias decisiones, la sensatez y el buen juicio, todas cuestiones mínimas exigibles a quienes “habitan” los cargos de gobierno. 58 beneficiados con pensiones de gracia tienen condenas previas por abuso sexual, violencia intrafamiliar, robo y pornografía infantil. ¿No corresponde acaso una explicación?
Lo que este caso deja en claro es que ya no se puede desconocer que la violencia del estallido de octubre 2019 tuvo en el lumpen un actor fundamental, de primera línea podríamos decir, y que la confraternidad de las actuales autoridades con la violencia de octubre, la estamos pagando todos los chilenos con pensiones de soberana gracia.
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