Está muy bien que el presidente, que es el actual líder indiscutido de la izquierda en el país, invite a una reflexión que, sin perder la admiración y hasta el orgullo que siente toda la izquierda por el ejemplo de Salvador Allende como presidente mártir, sea capaz de volver a mirar la trama histórica del país en las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado, revisitar el Programa de la Unidad Popular así como la dinámica política de sus tres años de gobierno.
También es importante, considerar las distintas reflexiones y decisiones políticas e ideológicas que tanto la derrota de la Unidad Popular como los cambios a nivel internacional, y especialmente en lo que conocíamos como el campo socialista, han producido en la izquierda chilena. A esa discusión, a la memoria y a una reflexión sobre el doloroso costo humano de esta experiencia chilena, es a lo que el presidente invita a abocarse en este 50 aniversario.
Sin embargo, la tarea no es fácil porque la experiencia y dolores del golpe de 1973 siguen estando demasiado cerca. La memoria dominará este 50 aniversario. Las víctimas dirán su verdad, interpretarán ese pasado, quizás algunos al modo realista-romántico, otorgando valor a detalles que afirman la verosimilitud e intensidad del recuerdo.
La herida de los detenidos desaparecidos sigue abierta y sin respuesta. Sin embargo, ¿seguiremos presos del silencio de los perpetradores? ¿No deberíamos superar esa memoria que se ejerce sin sentirse obligados a dar explicaciones, a evocar lo incómodo, a definir nuestro papel en el drama más allá de la derrota y el martirio?
Algunos rechazan completamente la idea de admitir responsabilidades, incluso errores. Invocar el contexto político de la crisis que terminó en el golpe de estado es visto como una agresión, una sibilina justificación de la dictadura o peor aún, un negacionismo respecto del terrorismo de estado. Como si no tuviéramos nada que comprender o si este esfuerzo intelectual y político fuera sinónimo de justificar.
El hecho es que cincuenta años después, “septiembre de 1973” sigue siendo una herida abierta, y Chile una sociedad impedida de mirar la historia sin recuperar las pasiones de entonces, un país atrapado por la subjetividad de la memoria, en parte dominado por la herida, donde diversas narraciones colisionan entre sí con la misma intransigencia que se arrastra por décadas. Es valiente la invitación del presidente. Invita a pensar más allá del trauma.
Es imposible comprender la Unidad Popular sin ir un poco más atrás. Desde los años sesenta, Chile venía viviendo un profundo proceso de reformas y de cambio cultural.
En efecto, la democracia cristiana que conquistó el gobierno en 1964 con Eduardo Frei Montalva, estimulada por la política de la Alianza para el Progreso impulsada desde Washington como alternativa a la revolución socialista que ya había ocurrido en Cuba, inició la Reforma Agraria, uno de los cambios más profundos en nuestra historia republicana, puesto que terminaba con la Hacienda, una estructura social que estaba en la base del poder oligárquico que se mantuvo incólume prácticamente durante tres siglos.
La reforma agraria, si bien fue validada legal e institucionalmente durante el gobierno de Jorge Alessandri, tuvo un enorme impulso bajo el gobierno de Frei llegando a expropiar más del 40% de las hectáreas de suelo agrícola del país.
Asimismo, a tono con los aires renovadores de la iglesia católica post Concilio Vaticano II, dio un inmenso empuje a la organización popular tanto en el campo, a través de la sindicalización campesina que multiplicó por 10 el número de sindicatos entre 1965 y 1969; asi como en la ciudad, a través del fortalecimiento de la sindicalización obrera y de la organización barrial en las ciudades, lo que se llamó la Promoción Popular.
El gobierno pactó con las compañías extranjeras la chilenización del cobre, un proceso de nacionalización gradual y con indemnización, y se iniciaron en ese período los procesos de reforma universitaria y cambios para masificar el sistema educacional. Asimismo, la aparición de la píldora anticonceptiva y las políticas de control de la natalidad permitieron un avance sostenido en la incorporación de las mujeres al espacio público.
Todo lo anterior se dio en un contexto de amplia movilización social, tomas de terrenos, universidades e incluso de la Catedral de Santiago, evidenciando que la política reformista de Frei había desatado fuerzas sociales inéditas, como por lo demás estaba ocurriendo en otras partes del mundo también. Paris 1968, Woodstock, Vietnam, Cuba, marcaban el ambiente político-cultural del momento.
El ánimo mesiánico y hegemónico del que estaba imbuido el partido demócrata cristiano, un centro político claramente ideológico y vanguardista, que aspiraba a gobernar en solitario 30 años, rompiendo con una tradición de coaliciones muy presente en la historia política del país, coadyuvó a que la izquierda de la época desvalorara las políticas de reforma: el partido socialista, que después de la derrota electoral de Salvador Allende en 1964 quería abrazar la vía armada siguiendo el ejemplo cubano, estaba encendido sectariamente por la retórica revolucionaria, y no pensó siquiera en la posibilidad de colaborar con el reformismo de Frei, a diferencia del más pragmático partido comunista que aunque mantuvo su distancia con el gobierno, rechazó con fuerza aventuras antidemocráticas como la del general de ejército Roberto Viaux.
La profundización del proceso de reformas se convirtió en un anhelo mayoritario que abarcó a la izquierda y a la propia democracia cristiana, como lo deja ver la división de sus filas para la formación del MAPU y la elección de Radomiro Tomic como su candidato presidencial en 1970 con un programa similar al de la Unidad Popular, con una propuesta de “Unidad del Pueblo” y una oratoria que reclamaba “una revolución democrática y popular”.
La Unidad Popular, alianza de los partidos de izquierda basada en la unidad de socialistas y comunistas, por su parte, con la designación de Salvador Allende como candidato presidencial, reafirmó su autonomía en el entendido que el escenario político de tres tercios en que se dividía el electorado, permitiría esta vez su triunfo, como de hecho ocurrió.
Según Joan Garcés, asesor de Allende, la posibilidad de ganar las elecciones presidenciales de 1970 —contra quienes dentro de su partido soñaban con un camino “auténticamente revolucionario” empuñando las armas- y pudiera conformar un gobierno viable, descansaba en factores decisivos de la realidad política y social chilena. Entre ellos, el hecho que el país gozara de amplias libertades políticas en un contexto institucional liberal y pluralista, donde se conformaron claras y diferenciadas alternativas políticas con fuerte carga ideológica.
En este sentido, Garcés valora como una condición necesaria para el triunfo de Allende la mantención del esquema tripolar y la unidad de la izquierda “para obtener la mayoría relativa y después para sobrevivir políticamente más allá del 4 de septiembre”[1].
En el contexto de la guerra fría y de la fuerte influencia regional de la dictadura brasilera del general Emilio Garrastazu Medici, no era cualquier cosa que una coalición dominada por dos partidos marxistas llegara al gobierno por medio de elecciones. La derecha más extrema, apoyada por el gobierno de Richard Nixon y el Secretario de Estado Henry Kissinger, a través de la CIA como se ha acreditado abundantemente, realizó ingentes maniobras para evitar que el Congreso Nacional ratificara a Allende como presidente de la república, incluyendo el intento de secuestro y asesinato del comandante en jefe del ejército, General René Schneider.
No obstante, el presidente electo, la UP y la DC firmaron un pacto de garantías constitucionales y el Congreso ratificó a Allende, quien con un 36% de los votos accedía a la presidencia.
La acción norteamericana destinada a hacer fracasar la experiencia chilena y derrocar al gobierno de Salvador Allende ha sido ampliamente reconocida a través de diversos informes y desclasificación de documentos gubernamentales del período y ciertamente causó un gran daño a la economía del país y al gobierno, favoreció los designios de la oposición y alentó objetivamente la radicalización de la izquierda; sin embargo, sostener o creer que el golpe de estado fue una fabricación de la CIA o del Pentágono, revela un simplismo insostenible (o un deseo de evitar la autocrítica) a la luz del análisis concreto de la experiencia de los años 1970-1973.
En el Chile de entonces, la presidencia de un socialista apoyado por una coalición de izquierda se mostró como un camino viable, a pesar de la dura oposición de derecha y del escepticismo del propio partido de Allende que -aunque participaban en los procesos electorales- proclamaban a regañadientes a su candidato y voceaban la necesidad ineludible de la vía armada.
La ratificación por parte del Congreso Pleno de la presidencia de Salvador Allende respondió a una tradición fuertemente arraigada en el sistema en el sentido de respetar la primera mayoría relativa y la firma de un pacto de garantías constitucionales entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana abría nuevas perspectivas para la consolidación de lo que en ese momento parecía lo natural dada la inclinación simbólica y el lenguaje de la democracia cristiana, esto es una alianza mayoritaria entre el centro y la izquierda. Persistir en ese camino es, lamentablemente, lo que no se hizo.
[1] Garcés, Joan. La pugna por la presidencia en Chile. Edit. Universitaria, Santiago, 1971
*Esta columna es la segunda de una serie de tres publicaciones en que Ricardo Brodsky, ex director del Museo de la Memoria, reflexiona sobre el 11 de septiembre de 1973.
Lea también. Ricardo Brodsky: Allende, entre la Reforma y la Revolución (ex-ante.cl)
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