-La pregunta que todo el mundo se hace es cuándo supo el gobierno de este caso que hoy está siendo investigado.
-Fue el senador Juan Ignacio Latorre (RD) quien dijo primero que sí sabía el presidente, después dijo que no. El mismo senador Latorre reconoció que se había reunido con las personas que estaban involucradas.
Hay que recordar que el Presidente también dijo en algún minuto que supo antes y después lo corrigieron y dijeron que no, que había sido cuando sale la noticia en el medio Timeline. Boric mencionó mi oficio que sale el día 7 de junio, del Congreso, pero lo reciben en la Seremi el día viernes 9 al mediodía.
-¿Y usted cómo supo? ¿Quién le entrega la información?
-A mí me llega el día 5 de junio un WhatsApp con información muy detallada sobre el caso. Venía acompañado de un correo que se le envía a la Subsecretaria de Vivienda, Tatiana Castillo. Ese correo la verdad es que es bastante explícito y deja muy claro todo lo que está ocurriendo.
-¿El mensaje de WhatsApp de quién era?
-Siempre he mantenido en silencio quién es. Por un tema de seguridad. Han pasado varias cosas con los trabajadores del Serviu. Así que yo creo que que lo mejor es resguardar la identidad de las personas.
-El Presidente Boric dijo el 25 de junio “no pongo las manos al fuego por nadie”. ¿Ha sido así o más bien ha habido una defensa corporativa?
-El gobierno trató de bajarle el perfil al tema. Al principio no creía que esto tenía la magnitud que tenía y que iba a llegar hasta donde llegó. El mismo mecanismo se vio en otras regiones, en otras seremías, en gobiernos regionales, en municipalidades. Tenía un tremendo alcance y fue mucho más allá de lo que decía el Gobierno.
-¿Usted maneja nuevos antecedentes?
-Pasa una cosa: en la medida en que nosotros tuvimos más antecedentes, incluso antes de que se tomaran acciones de investigación, estos se hacían públicos. Había alguien que estaba entregando información; denuncias que no habían sido escuchadas y que nosotros conocíamos. Entonces siempre estuvimos tratando de ir más allá para ver otras fundaciones, por ejemplo, ProCultura.
-En estos días se ha conocido el papel de Edson Dettoni, abogado, que fue cercano al Presidente, y declaró que Catalina Pérez sabía del caso y que se pensó informar a La Moneda antes de que explotara. ¿Cuál fue su rol en este entramado?
-Aquí alguien miente. Algunos dicen que supieron antes, otros después; algunos dicen que le querían informar al Presidente, otros dicen que efectivamente no le informaron al Presidente. Hoy día es importante conocer quiénes realmente tuvieron antecedentes y cuándo y por qué no se informó.
-¿Y usted cree que el Presidente sabía antes?
-La verdad es que yo quiero creer que no. Porque eso sería gravísimo.
-El presidente en su discurso del presupuesto 2024 anunció una mayor regulación de las fundaciones. ¿Le parece que es suficiente?
-Dijo que vamos a tener más de 500 modificaciones respecto a la entrega de recursos para que no se repita algo parecido a lo que ocurrió con las fundaciones, pero yo creo que hay que ir mucho más allá en el tema de la prioridad. Y sobre todo buscar que el Estado sea un buen administrador. El problema no es que no tengamos los recursos, sino que efectivamente se desaparecen, se pierden o se gastan en cosas que no corresponden.
-Usted decía recién que había gente que estaba mintiendo, ¿se refiere a Catalina Pérez?
-No lo digo yo, sino que lo dicen personas cercanas y del propio partido que primero se cuadran a su costado y después la cuestionan. Y hoy día con los dichos de Edson Dettoni, en una declaración, nos están diciendo que efectivamente estaba enterada. Hay que dejar en claro que no es que se le esté imputando, en este caso, un delito, sino que la investigación va a decir aquello.
-¿Quién cree que es el cerebro de esta operación?
-Acá el único nombre que coincide es un partido: Revolución Democrática. Si hubiera un cerebro sería RD. Además, hay que ver quiénes están siendo querellados por esta situación. Fue el ex Seremi de Vivienda, Carlos Contreras quien fue a buscar a Democracia Viva, como dijo Daniel Andrade. A él no lo obligaron, pero él aceptó esta propuesta y es responsable.
-¿Qué pasó con la plata?
-Cuando uno iba a visitar lo que se había hecho en los campamentos habían algunas luminarias led muy básicas, un par de baldes con arena, otra red que se supone que era húmeda, pero tampoco era una gran construcción. Se entregaron 426 millones de pesos, y se rindió el 8%. El resto también tuvo que ver con sueldos. Efectivamente hay dinero que falta. Se estaba pidiendo que se devolvieran 380 millones de pesos. Y en la cuenta habían 290 millones. También hay una rendición pendiente que fue cuestionada por aproximadamente 40 millones de pesos. Así que hay varios millones de pesos que nadie sabe dónde están.
-¿Cuál es la responsabilidad del ministro Montes?
-Le ha faltado hacerse cargo del costo político de todo lo que ha ocurrido, porque tenemos claro que hay una cartera que se ha visto afectada y no solo por Democracia Viva, que yo creo que es uno de los más graves, sino que otras fundaciones, en otras regiones y la cartera en general. Si bien como se ha dicho que la ex subsecretaria tenía la responsabilidad, hay responsabilidades compartidas con el ministro, que dice que no va a renunciar.
-¿Esto es un caso puntual que involucra a RD?
-Lamentablemente RD es el principal cuestionado, ya que la mayoría de las personas que se han visto involucradas tienen relación con ese partido. Eso es lo que dicen los hechos.
-Juan Ignacio Latorre, senador de RD, que ha sido muy criticado por su gestión de la crisis, fue defendido por el Presidente Boric. ¿Qué le parece a usted esa defensa?
-Lo peor es que el presidente se involucre en cualquier dicho sobre Democracia Viva. No es bueno para Chile que el Presidente se involucre y tome partido, porque la verdad es que si se encuentra otra información, al final lo que hace es involucrar al Presidente. Él debe mantener silencio y debe mantenerse distante de esta situación.
-¿Cuáles son sus expectativas del caso?
-Que los responsables terminen tras las rejas. Acá nadie puede salir pidiendo disculpas, haciendo clases de ética o simplemente pasando un mal rato. Acá deben haber condenas, que deben al menos tener varios años. Deben haber inhabilidades de ejercicio de cargos públicos para todos los culpables de estos hechos de corrupción tan lamentables que hemos visto hasta ahora y que la verdad es que son vergonzosos.
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