A días de conocer el resultado del plebiscito constitucional surge la pregunta: y después… ¿qué? Es curioso que varios de los que pensaban que la Constitución vigente era el problema e insistían en cambiarla, ahora la defienden, mientras que otros que antes la querían conservar, ahora busquen reemplazarla. Después de este domingo, ¿cuál será la siguiente voltereta? Nadie lo sabe, todo puede suceder.
Lo que sí sucederá el lunes es que por fin tendremos la libertad para comenzar a discutir por qué en lo económico, en lo social y en lo político estamos peor que antes. Dado que estas urgencias no pueden seguir esperando, al día siguiente se abrirá una ventana de oportunidad para comenzar a trabajar en ellos. Será breve, vienen elecciones. También será una ventana menos pretenciosa que elaborar una nueva Constitución, pero sí con mayor sintonía con las apremiantes necesidades de la gente.
A partir del próximo lunes, debemos dar una gran “voltereta” de actitud en nuestra escena política, pasando de la habilidad de esquivar acuerdos a comenzar a forjarlos. Es preciso despedirnos del obstruccionismo y de los intentos de refundación, para abrir paso a una colaboración sin mezquindades.
Con el problema constitucional atrás, independiente de cuál sea el resultado, ahora es momento de enfocarnos en la verdadera raíz de nuestro estancamiento: la significativa y persistente desaceleración de la productividad, cuyo aporte al crecimiento promedio anual es alarmantemente bajo (0,1%). Esta situación ha mantenido los salarios reales y los ingresos fiscales prácticamente estancados, limitando nuestra capacidad para financiar más y mejores servicios públicos. Para abordar esto, se requieren acuerdos transversales, dado que la implementación de una agenda exhaustiva de reformas orientadas a la productividad enfrentará oposición, especialmente de aquellos que buscan réditos políticos inmediatos sin considerar una visión a largo plazo.
Es indiscutible que, si prevalece la opción ‘a favor’, no solo el problema constitucional queda cerrado en lo fundamental, sino que también nos encaminamos hacia un régimen político más inclinado a generar acuerdos. Esto se debe a la exigencia del umbral del 5% de votos a nivel nacional para que los partidos accedan al Parlamento. Además, se contempla la reducción del número de parlamentarios y el máximo de representantes por distrito disminuirá de ocho a seis. El redistritaje estará a cargo del Servel, un organismo técnico y autónomo. En este contexto, si un parlamentario electo por un partido renuncia, perderá su escaño. Todos estos elementos contribuyen a mejorar la capacidad de generar acuerdos y, con ellos, la gobernabilidad.
En cambio, si la opción ‘en contra’ se impone, la tarea será doble, pues parece poco probable que el Congreso apruebe leyes que conduzcan a una reducción del poder de los fragmentados partidos políticos que hoy lo componen. Ello, pese a que, con la constitución vigente, la mayoría de estas iniciativas requieren de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. Este panorama se desplegaría en un contexto en el que el ámbito político, afectado en distintos niveles, experimentaría un debilitamiento adicional debido a este nuevo fracaso.
Atender las reformas urgentes y aún pendientes como en salud y pensiones requiere de condiciones habilitantes. Por un lado, es esencial un régimen político proclive a la creación de acuerdos; por otro, resulta crucial superar el estancamiento económico que actualmente nos limita.
La sinergia entre acuerdos eficaces y la movilización de recursos adecuados es vital para impulsar el progreso. Es necesario comenzar a trabajar de inmediato en iniciativas cuyos beneficios sólo se materializarán en el mediano plazo. Partimos tarde con la resolución de los problemas urgentes, por lo que es imprescindible acelerar el paso para recuperar el tiempo perdido.
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