En miras a la reactivación de la economía, ha emergido un importante consenso entre el gobierno y el sector privado. Así, tanto el Presidente Gabriel Boric como los gremios han destacado la necesidad imperante de alcanzar un crecimiento superior al 4%, considerado crucial para mejorar las condiciones de vida en Chile.
La convergencia de posturas se evidencia en medidas concretas adoptadas por el Ejecutivo en los últimos meses. Una de las primeras acciones fue la creación de un “gabinete pro crecimiento”, integrado por diversas carteras, lo que es un claro indicador de la determinación en este camino, el que promueve la adopción de medidas específicas y la supervisión activa para garantizar un impacto positivo en el aumento del producto interno.
En paralelo, el “Pacto Fiscal” anunciado por el gobierno contempla, entre otras, la presentación de dos proyectos de ley al Congreso, con el fin de acelerar la discusión sobre normativas relacionadas con permisos ambientales y sectoriales, reconociendo la urgencia de reducir los plazos de tramitación que históricamente han obstaculizado proyectos de inversión.
Además, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha anunciado un ambicioso programa de ejecución de iniciativas tradicionales que, de concretarse, podría establecer un récord de inversión pública por parte de la cartera. Simultáneamente, se ha impulsado un programa de licitaciones por la vía de las concesiones, lo que consolida a la industria como una “palanca” para el desarrollo.
Otros organismos públicos también han comprometido inversiones. Destaca la reciente asociación estratégica por parte de Desarrollo País para la instalación de fibra óptica en colaboración con Google para conectar Chile con Australia, a través del Océano Pacífico. A esto se suma la ampliación de los puertos de Valparaíso y San Antonio, además de proyectos ferroviarios asociados para pasajeros y carga.
Han surgido nuevas alianzas como la asociación entre Codelco y SQM para la explotación de litio y el soporte diseñado por parte del Estado a proyectos privados para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. A través de este esfuerzo se busca diversificar y fortalecer la base económica del país.
Aunque la inversión pública es relevante -representando el 20% del total-, se reconoce que el impulso principal debe provenir de los privados. La confianza y la iniciativa empresarial son fundamentales para alcanzar los objetivos de crecimiento consensuados. Se espera que las medidas implementadas generen efectos positivos a corto y mediano plazo, estimulando la participación activa del sector privado en inversiones más allá de sus legítimas demandas.
Ante este escenario, Chile se presenta como una tierra de oportunidades. Los objetivos comunes entre el gobierno y los privados, respaldada por medidas concretas y proyectos ambiciosos, refleja un compromiso compartido hacia un futuro económico más robusto. La confianza y la colaboración deberán continuar siendo pilares fundamentales para capitalizar las oportunidades que el país ofrece en la actualidad.
El futuro de Chile para los próximos 20 años depende en gran medida si la oferta electoral que tendremos a nuestra disposición será capaz de resolver -y financiar- estos desafíos estructurales que tienen a nuestro potencial de desarrollo cada vez más disminuido.
No vemos un mercado con restricciones de oferta, sobre todo porque se prevé que la demanda se modere en lugar de fortalecerse. Dado que no existen precedentes de tales aranceles a la importación en el mercado del cobre, la volatilidad debería persistir.
Todavía no existe comunicación entre Chile y EE.UU., luego que Donald Trump informara que aplicará un arancel del 50% al cobre. Los siguientes son los impactos que se esperan en caso de que la Casa Blanca aplique este arancel.
La anticipación es clave. Y una herramienta central para ello es el mapa de riesgos: una lectura estructurada y dinámica de los factores políticos, regulatorios, fiscales, reputacionales y sociales que pueden afectar al negocio. El buen directorio no se limita a reaccionar: prevé, ordena y prepara respuestas institucionales para distintos escenarios
Un estudio sobre el comportamiento de pagos del Banco Central señala que el 44,9% de las personas paga con tarjeta de débito y un 31,4% con efectivo. Aunque el pago digital gana terreno, el 70% de los encuestados aseguró que se verían afectados si los comercios dejaran de aceptar efectivo.