La corrupción, en un giro impactante, ha regresado al tope de la lista de preocupaciones de la ciudadanía, superando temas como el narcotráfico y la inmigración, según lo revela la Encuesta CEP 2023. A pesar de que se observa un aumento respecto de la medición de julio pasado, desde hace casi una década que los chilenos estamos constantemente levantando este tema como prioritario. El punto de inflexión fue el año 2015, cuando salió a la luz el caso del financiamiento ilegal de la política, afectando de manera transversal a los partidos. Hoy, dramáticamente, el 59% de la población cree que la corrupción es mayor que hace 5 años, y un abrumador 73% considera que está arraigada en el servicio público. Más que nunca, debemos prestar atención a esta alarmante realidad.
Pero ¿qué tan extendida está la corrupción en el país? La dificultad radica en encontrar métricas confiables que permitan una comparación a lo largo del tiempo o a nivel internacional. En parte, esto se debe a la falta de consenso general sobre lo que constituye corrupción. Aunque Transparencia Internacional, la principal organización en la lucha contra este fenómeno, la define como “el abuso del poder para beneficio privado”, muchas mediciones restringen su enfoque únicamente a la esfera pública. Además, es crucial tener en cuenta que la corrupción tiende a ocurrir en la clandestinidad, detrás de puertas cerradas, lo que hace que las víctimas, cuando existen, a menudo no denuncien estos casos.
Aun así, hay dos métricas internacionalmente aceptadas que nos permiten tener una idea de la extensión de este fenómeno. La más conocida es el Índice de Percepción de la Corrupción, que se enfoca en el sector público y recoge la perspectiva de empresarios y expertos. Aunque Chile se ubica en una buena posición – en el lugar 27 de 180 países, solo superado por Uruguay en América Latina – su puntaje se ha mantenido constante desde 2016, sin recuperar la baja que produjeron los escándalos de financiamiento ilegal de la política el año anterior. Una situación similar se observa en el indicador de Control de la Corrupción del Banco Mundial.
Hasta ahora, hemos abordado principalmente percepciones, pero ¿cuál es el nivel de corrupción “real” en el país? Los sobornos pagados para obtener acciones u omisiones de funcionarios públicos son una faceta que se puede medir con cierta precisión. Disponemos de datos tanto para las empresas como las personas, los que entregan un panorama no tan negativo, aunque con algunos signos preocupantes. La Encuesta Empresarial del Banco Mundial indica que el 2010 – último año disponible para Chile – solo el 1,3% de las empresas experimentó al menos una vez una solicitud de pago de sobornos. Este es el valor más bajo de los nueve países de la región que reportan datos.
En el caso de las personas hay información más actualizada gracias al Barómetro Global de la Corrupción. El año 2019, el 13% de los ciudadanos declararon haber pagado un soborno en un servicio público, valor que es inferior al promedio regional que supera el 20%, aunque por sobre el de los países europeos (Transparencia Internacional 2019). En estos casos, los sectores más desfavorecidos de la población son los más afectados, ya que son quienes acceden en mayor proporción a servicios entregados por entidades públicas, como hospitales y escuelas municipales, que es lo que mide la encuesta. Por otro lado, preocupa que hay un servicio público que nos deja en el poco auspicioso promedio regional: el 17% de las personas indica que pagó un soborno para obtener agua o electricidad del gobierno. ¿Podría esto ser un síntoma del profundo problema de corrupción que hemos observado durante años en las municipalidades?
Como hemos visto hasta ahora – y con una excepción – los niveles de corrupción, al menos medidos a través de la prevalencia de sobornos, no son particularmente malos. Sin embargo, con una percepción de la corrupción que no ha cejado desde 2015, se corre el peligro de normalizar la situación existente. La última Encuesta Mundial de Valores de 2018 nos muestra resultados poco alentadores en este sentido, donde aumenta significativamente la aprobación en el uso de coimas entre los chilenos. Mientras previo a la crisis de 2015 cerca del 70% de las personas nunca justificarían aceptar un soborno por el desempeño de sus funciones, en 2018 este valor baja a 58%, rompiendo la estabilidad que mostraba por más de dos décadas. Percepciones de corrupción estancadas y una menor moral respecto de este tipo de acciones parecen ser un cóctel peligroso.
Hasta aquí hemos hablado en detalle de los sobornos, pero la corrupción incluye muchas otras aristas. El fraude al fisco, la malversación de fondos, el nepotismo, son solo algunos otros ejemplos en que se expresa este fenómeno. Lo que sí es claro es que desde el 2015 los índices de percepción de la población respecto de la corrupción no han mostrado una mejora sustantiva. Sin duda que parte de esta situación se explica por actos corruptos que suceden frente a nuestras narices desde hace tiempo. Basta pensar en el continuo desfile ante la justicia de municipios de todos los colores políticos por casos de fraude – donde Algarrobo, Vitacura y Santiago son algunos ejemplos recientes. O los pitutos del empleo público, con el nombramiento de los notarios como botón de muestra.
Chile necesita avanzar en una decidida agenda de probidad que fomente la transparencia, la integridad y la responsabilidad, fortaleciendo así nuestra democracia y promoviendo la inversión. El desafío de enfrentar esta situación se hace cuesta arriba con los casos que han estallado en los últimos meses, y con la creciente fuerza que ha tomado el crimen organizado en el país. Debemos luchar sin tregua contra la corrupción, sin reservar recursos. Nuestra confianza y democracia están en juego.
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