Febrero 29, 2024

Con votos del Gobierno se rechazan espacios marítimos para pueblos originarios en Aysén

Vicente Browne R.
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la región de Aysén.

En la tarde de este jueves se definió el futuro de los polémicos Espacios Marítimos Costeros para Pueblos Originarios (ECMPO) en las Islas Huichas y Cisnes, en Aysén. Por una gran mayoría y con los votos de los diferentes representantes del Gobierno se rechazaron ambas solicitudes. Argumentaron que las iniciativas se “alejan del fomento de las vocaciones productivas definidas en la estrategia regional de desarrollo, dado que compromete la actividad pesquera”.


Qué observar. Este jueves se rechazó en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la región de Aysén, la creación de los Espacios Marítimos Costeros para Pueblos Originarios (ECMPO) en las Islas Huichas y Cisnes. El debate duró 5 horas y la votación estuvo marcada por el voto en contra de los representantes del Gobierno.

  • Los dos espacios solicitados -que llevaban casi 8 años en trámite- tienen una superficie de más de 600 mil hectáreas en total, transformándose en una de las peticiones más extensas tramitada a la fecha y abarcando la mayoría del borde costero de la región.
  • Los espacios eran solicitados por un grupo de 38 personas.
  • Son varias las voces entre autoridades, dirigentes sociales y gremios de la salmonicultura que han advertido que la aprobación de este espacio traería consigo un impacto negativo para la región.
  • Los ECMPO están contemplados en la denominada Ley Lafkenche, creadas para preservar usos y costumbres indígenas.
  • La solicitud denominada “Cisnes” fue ingresada en 2016 por 27 personas de la comunidad Pu Mapi. La segunda, “Islas Huichas”, fue solicitada en 2017 por las comunidades Aliwen, Peumayen y Antünen Rain (11 personas), pero las dos primeras retiraron su petición.

Los argumentos del rechazo y las amenazas. La instancia está presidida por la gobernadora de Aysén, Andrea Macías Palma (PS), quien votó “a favor con modificaciones” en ambas solicitudes. También participó el delegado presidencial regional, Rodrigo Araya Morales (RD), y los delegados provinciales de Aysén, Jorge Díaz Guzmán (PS); de General Carrera, Cristóbal Barceló y de Capitán Prat, Marta Montiel Alarcón (independiente). También los seremis de los Ministerios de Bienes Nacionales, Economía, Desarrollo y Vivienda. Todas las autoridades gubernamentales mencionadas rechazaron las solicitudes.

  • En total, la CRUBC es integrada por 36 miembros, en su mayoría autoridades públicas, como alcaldes y directores del sector de la pesca e infraestructura portuaria. También la componen sectores productivos como la salmonicultura, la pesca artesanal, el turismo. A esta sesión asistieron 34 integrantes.
  • La votación fue la misma en el caso del espacio costero de Cisnes e Islas Huichas. Ambas tuvieron un resultado de 29 votos en contra, dos a favor, dos a favor con modificaciones y una abstención.
  • El seremi del Ministerio de Economía, Felipe Rojas, afirmó: “La aprobación de este espacio se aleja del fomento de las vocaciones productivas definidas en la estrategia regional de desarrollo, dado que compromete la actividad pesquera, pelágica y de crustáceos, como también limita la relocalización de las concesiones acuícolas y en general a la industria salmonera”.
  • Ante la solicitud del espacio en Cisnes, la seremi del Ministerio de Bienes Nacionales, Irina Morend, aludió a la falta de diálogo y “en nuestras profundas convicciones democráticas, sostengo que no hay una iniciativa virtuosa que pueda prosperar sin diálogo, negociación y acuerdos”.
  • En cambio, el representante de pueblos originarios, Fabián Teca, quien votó a favor, sostuvo: “Tenemos un alcalde de Cisnes que se tomó prácticamente todos los talleres para que pudiera hablar él solo. Entonces, así es muy difícil”.
    • “Del Gobierno no hay mucho que decir, ya estaba todo previsto”, agregó Teca.
  • El otro voto a favor fue del representante de pueblos originarios, Daniel Caniullán, quien afirmó: “Esto no se termina acá, vamos a defender el territorio a la buena o a la mala”.
  • Minutos más tarde el alcalde de Cisnes respondió a la interpelación de Caniullán: “Ustedes se metieron por las malas a las caletas nuestras y la comuna de Cisnes no acepta amenazas de ningún tipo ni su gente tampoco”.

Otros impactos. Según conocedores del tema, son diversos los sectores que se hubieran visto afectados con la aprobación de estas ECMPO. Por ejemplo, el turismo, la hotelería, los proveedores de servicios locales, y pymes que colaboran con sectores productivos como el salmonero. También habría afectado a pescadores artesanales y al sector acuícola.

  • “Puede haber un impacto a nivel industria, que afecte a 70 mil trabajadores. Porque la mayoría de lo que se produce en Aysén se procesa en plantas de otras partes, como las que hay en Chiloé. Entonces afecta a toda la cadena productiva”, dijo previo a la votación de este jueves el Director Territorial de SalmonChile, Tomás Monge. 

Qué dice la Ley Lafkenche. Hace 15 años se implementó la Ley Lafkenche (N° 20.429), producto del interés de las comunidades mapuches-lafkenche, que solicitaban el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales sobre el borde costero. La creación de un Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios constituye el eje central de la Ley 20.429.

  • La norma estableció un mecanismo para destinar un ECMPO para preservar usos y costumbres indígenas.
  • El ECMPO es entregado por un tiempo indefinido en administración a una comunidad o a una asociación de comunidades indígenas, siempre y cuando no existan derechos constituidos por terceros en dicha área y la CONADI verifique los usos y costumbres alegados.
  • La Subsecretaría de Pesca es la encargada del procedimiento de destinación, la que analiza si existen superposiciones para luego solicitar a la CONADI el informe sobre usos consuetudinarios.
  • Si este es favorable, la solicitud es sometida a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, la que debe resolver fundadamente. Esta intervención de la Comisión es uno de los problemas según los académicos, ya que hay una falta de claridad en torno a los criterios para resolver las peticiones.

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