-Tú estás en la región de Aysén y has conversado con los distintos grupos de interés que se ven afectados por este Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) de Islas Huichas y Cisnes. ¿Qué has visto?
-Se ve harta incertidumbre y preocupación a nivel regional. Y no solo en esta industria, sino que a nivel social. Las propias comunidades, los pescadores y pescadoras, gente del turismo, entre otros. Y también hay una preocupación política. Uno ve que los alcaldes han estado bien involucrados este último mes, porque las instancias de participación se han abierto a última hora.
-¿Se puede anticipar cómo viene la votación de hoy?
-No hay certezas, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) está compuesta por diversos votantes. Por ejemplo, el sector público tiene muchos votos, donde está la gobernadora, la Subpesca, los delegados presidenciales y representantes del gobierno de los ministerios de Economía y Desarrollo Social. También hay 9 alcaldes de la zona, sectores productivos donde está la salmonicultura, la pesca artesanal, el turismo, y lógicamente los pueblos originarios. Son 36 miembros en total.
-¿En qué línea se han mostrado estos representantes del gobierno? ¿Qué han opinado del proceso?
-Hasta el momento no han mostrado su opinión, a pesar de que han participado en los talleres.
-Son varios los actores -públicos y privados- que han mostrado su rechazo al otorgamiento, por ejemplo el alcalde de Cisnes y dirigentes sociales de la pesca. ¿Qué otras partes han mostrado su descontento?
-Hay muchas cartas de pescadores artesanales de zonas muy aisladas, como Puerto Gaviota o Puyuhuapi, sectores que a nivel central no son muy conocidos. Pero si gente de diferentes localidades, que hacen actividades que son ancestrales, están manifestándose a través de cartas de rechazo, es porque el proceso no ha sido bien llevado.
-¿Han habido falencias en el proceso que se ha hecho previo a la votación de este jueves?
-Uno de los grandes temas que hemos visto acá es que ha sido un proceso muy opaco y poco transparente. Y eso genera dudas. Han pasado ocho años desde que comenzó esto y las instancias de participación han sido nulas. Incluso, han habido varios miembros de la CRUBC que le han solicitado a la gobernadora Andrea Macías (PS) tener más instancias de conversación y de diálogo. Pero estas instancias no se dieron, salvo ahora.
Hemos tenido experiencia en otras regiones donde se han hecho conservatorios e instancias donde partes como la industria salmonera han podido mostrar su mirada, también la pesca artesanal y los pueblos originarios. Y son otorgamientos que han sido aprobados.
-¿Quiénes son los responsables?
-En lo técnico hemos visto muchas falencias, por ejemplo en la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). De hecho, como sector hemos presentado un par de recursos de invalidación de los informes de uso consuetudinario. Porque la metodología y las actuaciones de la Conadi merecen muchas dudas.
-¿Entonces la Conadi tiene la responsabilidad de que el proceso no se esté llevando de forma transparente?
-La Conadi es un actor más, porque estos procesos ingresan por la Subpesca, luego pasan por la Conadi y también la CRUBC. A pesar que se han hecho procesos de consultas a las comunidades por parte de la Conadi, estos han sido procesos con una difusión bastante pobre. Aquí hay una responsabilidad estatal, porque esta ley tiene más de 15 años y se han hecho pocas modificaciones en lo administrativo. No puede ser que un proceso que debería durar dos años, dure ocho.
También hay mucha responsabilidad del gobierno regional, donde ha faltado un manejo político y una voluntad de abrir y transparentar todo este proceso que hemos ido viendo.
-¿La gobernadora regional Andrea Macías (PS) es una de las responsables de que el proceso no se haya hecho de forma más participativo y técnico?
-Pese a las solicitudes que hemos hecho como sector productivo y de diferentes miembros de la CRUBC para que el proceso se haga de mejor manera -más técnico y participativo- , no hemos visto una buena acogida por parte de la gobernadora regional de Aysén. Quien además es la persona que preside la Comisión.
-¿Cómo se llega a la votación de hoy? ¿Hay acuerdos?
-Hemos participado en varias Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero en diferentes regiones y hay ocasiones donde hemos votado a favor de estos espacios. Porque primero han sido más razonables los espacios solicitados en términos de hectáreas y cantidad de personas solicitantes.
Y cuando hay participación temprana, se llega a las votaciones con acuerdos y posiciones claros. En este caso no ha sido así.
-¿Cómo podría impactar que se apruebe el otorgamiento de este espacio costero?
-Hay que ser claro, porque hay acusaciones de ONG´s y se ha tergiversado información. Más que un impacto actual en empleos, hay que tener en cuenta que hay alrededor de 320 concesiones acuícolas y muchas de ellas en un tiempo más se van a tener que renovar o hay procesos de relocalizaciones pendientes.
Si esto se otorga, esas tramitaciones vas a tener que verlas con el administrador y llegar a un consenso con ellos. El punto es qué va a pasar a futuro y cuáles son las garantías para los sectores productivos. Además, hay que tomar en cuenta que los solicitantes en su declaración de principios señalaron que lo hacen para obstaculizar al sector salmonero. Entonces, qué certezas vamos a tener nosotros.
Además, puede haber un impacto a nivel industria, que afecte a 70 mil trabajadores. Porque la mayoría de lo que se produce en Aysén se procesa en plantas de otras partes, como las que hay en Chiloé. Entonces afecta a toda la cadena productiva.
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